El 2020 ha comenzado con grandes anuncios sobre el conflicto en Palestina: a fines de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó lo que él denominó «Acuerdo del Siglo»; ahora, a mediados de febrero, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó un listado de 112 empresas que realizan actividades en las colonias israelíes asentadas ilegalmente en territorio palestino.
Las tareas que estas empresas realizan son consideradas violatorias del derecho internacional al favorecer la ocupación ilegal de los colonos israelíes, que día a día avanzan más allá de las fronteras de 1967 (que son las reconocidas por la ONU).
La mayoría de las empresas que aparecen en el listado tienen sede en Israel (94), pero también hay otras de origen estadounidense o europeo (18).
Para entender la importancia de la declaración de la alta comisionada de la ONU y la implicancia del llamado Acuerdo del Siglo, Contexto dialogó con Rafael Araya Masry, presidente de la Confederación Palestina, Latinoamericana y del Caribe (COPLAC) y diputado, miembro del Consejo Nacional Palestino.
¿Cómo evalúa la publicación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de un listado de 112 empresas israelíes y de otros países que operan en los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados?
Rescataría en lo esencial el valor intrínseco que tiene como contenido, porque vuelve a poner sobre el tapete que la ONU es el organismo que por antonomasia salvaguarda los principios que rigen las relaciones entre los Estados; que los actos legales que de ella emanan están para ser cumplidos y, por lo tanto, que su incumplimiento acarrea consecuencias.
Es reiterar el principio de la legalidad internacional como referencia máxima para salvaguardar los fundamentos esenciales de la propia Carta de las Naciones Unidas. En este caso, es el Consejo de Derechos Humanos el que aborda la ilegalidad de las colonias y las empresas cómplices en ese cometido de afianzar la ocupación de los territorios palestinos.
¿Le atribuye algún valor especial a que haya sido Michelle Bachelet en persona quien hiciera el anuncio sobre la publicación del informe?
Por supuesto tiene un plus: el de otorgarle al anuncio toda la solemnidad que el caso requiere y evidenciar que, para el organismo, la existencia de empresas que respaldan la ilegal instalación de colonias israelíes establece complicidades mayores para cometer el ilícito, porque refuerza la idea de que la impunidad de Israel permite a las propias empresas asociarse al proyecto de colonización, con la cuasi certeza de que ese hecho ilegal no les acarreará consecuencias de ninguna naturaleza.
Es entonces cuando la imagen de la alta comisionada en persona y ante los medios de comunicación del mundo denuncia la presencia de esas 112 empresas, coadyuvantes de una grave violación del derecho internacional en general, y de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.
Si a esto agregamos que la intervención de Bachelet está en plena consonancia con el rechazo del propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al llamado Acuerdo del Siglo, podemos evidenciar la absoluta paridad de criterios dentro del organismo para condenar el proceso de colonización. Es decir, la ONU devolvió a Israel a la dura realidad de que todas sus colonias son ilegales.
En ese marco, ¿cómo se entiende la reacción israelí?
Israel reacciona desde la histeria. Porque el anuncio del Consejo se produce en medio de la algarabía y los festejos del gobierno israelí que celebra el mal llamado Acuerdo del Siglo que Trump les ha regalado graciosamente, lo cual es un balde de agua fría, porque los devuelve a la más cruda realidad. La realidad, sobre todo, de la Resolución 2.334 del Consejo de Seguridad aprobada el 23 de diciembre de 2016, dos semanas antes de que Barack Obama hiciera entrega de la Presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump, a esa fecha, presidente electo.
Si recordamos, esa resolución reitera la ilegalidad de todas las colonias, rechaza los cambios demográficos sobre el terreno, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, y hace un llamado a las naciones a no reconocer ninguna de estas violaciones flagrantes por parte del Estado de Israel. O sea, se pone en evidencia que el tal Acuerdo del Siglo es un documento vacío de contenido, carente de toda legitimidad y, por tanto, condenado al fracaso en tanto y en cuanto no han sido tomados en cuenta los derechos inalienables del pueblo palestino.
Por supuesto, la propia alta comisionada de la ONU ha sido tildada de «antisemita» por el establishment israelí, en un esfuerzo más por intentar que cualquier crítica a las políticas del Estado de Israel sea estigmatizada con ese calificativo, al que, al fin de cuentas, ellos mismos están banalizando y vaciando de contenido.
Existen voces, tanto en Estados Unidos como en Israel, que afirman que los palestinos van a «tirar por la borda» lo que ellos consideran una «excelente oportunidad de tener un Estado propio».
Eso depende de lo que entendamos como «Estado propio». Porque la propuesta Trump-Netanyahu es un país sin continuidad territorial, es decir, un archipiélago de pequeñas porciones de tierra conectadas por carreteras, donde los palestinos no ejercerán el control total porque la seguridad estará en manos de Israel, Palestina no tendría fronteras con ningún país, salvo con Israel, y se anexaría una gran parte del territorio que hoy, según la ley internacional, está destinado a la creación de un Estado palestino, incluida Jerusalén Oriental. En definitiva, ellos proponen construir un Estado palestino eunuco, sobre el 11% de la Palestina histórica.
En ese caso, ¿por qué no implementar los Acuerdos de Oslo, que Israel ha incumplido sistemáticamente? Esos acuerdos, que datan de 1993, constituyen la base para la creación de un Estado palestino soberano sobre las fronteras existentes al 4 de junio de 1967, y fueron firmados por el entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el entonces presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, y avalados con la firma del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Es que la firma de Clinton vale menos que la de Trump?
Recordemos dos hechos relevantes de aquel entonces. Netanyahu inició una feroz campaña de odio en contra de Rabin. Aparecían en las calles de Tel Aviv carteles con Rabin vestido de nazi e insultos porque estaba «entregando Israel a sus enemigos». Tan exitosa fue la campaña, que Rabin fue asesinado por un terrorista fundamentalista judío, y desde entonces esos Acuerdos de Oslo se redujeron prácticamente a su mínima expresión. Pero existen.
¿Cuál sería entonces el camino a seguir para Palestina? ¿Puede avizorarse una solución pacífica?
La solución va a estar dada por el nivel de involucramiento de la comunidad internacional. Existe la Iniciativa de Paz Árabe, redactada en Beirut a propuesta de Arabia Saudita. Hasta ahora, el pretendido Acuerdo del Siglo ha tenido muy escasa aceptación, claro, salvo por parte de Israel, entusiasta receptor de todos los beneficios.
Tanto la ONU, Rusia, China, La Unión Europea (UE), la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Liga de los Estados Árabes y otras organizaciones multilaterales han manifestado su desaprobación a una propuesta que solo satisface a plenitud las aspiraciones del Estado de Israel.
Es como si el acuerdo lo hubiese redactado Netanyahu y lo hubiese leído Trump. Ellos dictaminan, por ejemplo, que ningún refugiado palestino podrá regresar a su tierra. Es decir, su ofrecimiento viola la Resolución 194 de la Asamblea General que exige el regreso de todos los refugiados a sus tierras y propiedades y consagra el derecho a ser indemnizados.
Trump y Netanyahu actúan como si ninguna ley pudiera alcanzarlos. La comunidad internacional debe actuar para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional. En ese camino es donde adquiere aún más relevancia que se haya dado a conocer el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como primer paso para establecer justicia sobre el terreno, es muy positivo. Pero es un primer paso de un camino más largo a recorrer por el concierto de las naciones. Palestina requiere justicia.
