Por Gabriela Calotti
Ironía de la historia y consecuencia de dos gobiernos de distinto color político que desencantaron a las mayorías en un contexto mundial donde las ultraderechas fueron ganando terreno, Argentina cumplió cuarenta años de democracia el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Milei y Villarruel llegaron al poder con afirmaciones claramente negacionistas, reivindicando a los represores y un modelo económico calcado del que en 1976 impuso la dictadura cívico-militar-eclesiástico-empresarial, para cuyo logro decidió ejecutar un plan sistemático de represión.
El domingo 10 de diciembre, estos cuarenta años de democracia no merecieron ninguna mención en el primer discurso de Milei como presidente en ejercicio. En cambio, ante varios miles de personas concentradas frente al Congreso de la Nación y rodeado de un puñado de presidentes y dirigentes de derecha y ultraderecha de Uruguay, Paraguay, Hungría, Ucrania, España, y hasta Jair Bolsonaro, dijo que recibía la herencia «del peor Gobierno de la historia». Para él, el peor Gobierno no fue la dictadura de 1976.
Los derechos humanos, pilares de la democracia
Nuestra democracia está asociada inevitablemente a la defensa de los derechos humanos. Faro de nuestra democracia fue la lucha de los organismos y de aquellas primeras catorce mujeres que el sábado 30 de abril de 1977 comenzaron a reunirse junto a la pirámide de Plaza de Mayo. Como la policía las obligaba a «circular» en el espacio público, ellas tuvieron la histórica idea de dar vueltas en torno a la pirámide.
Argentina es un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos, en particular en lo referido a la investigación y juzgamiento de los responsables intelectuales y ejecutores del plan sistemático de secuestro, torturas, asesinatos, desaparición de personas, robo de bebés y de bienes materiales de las víctimas. Ese accionar avanzó de la mano con un plan económico de especulación financiera, destrucción de la industria nacional, saqueo de las riquezas del país, empobrecimiento generalizado del pueblo y un enriquecimiento obsceno de sus élites.
Argentina fue ejemplo en el mundo luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de la reanudación en 2006 de los juicios contra los represores genocidas, impulsados por el Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner. Ya los Juicios de la Verdad habían tenido lugar en 1998, aunque sin sentencia condenatoria.
Las «locas de Plaza de Mayo» fueron conocidas en el mundo entero. Respetadas y tomadas como ejemplo de otras madres cuyos hijos fueron víctimas de la violencia política. Ocurrió en Srebrenica, Bosnia, al cabo de la guerra que a mediados de los noventa alentaron Estados Unidos, la Unión Europea y principalmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para dividir y diezmar a la entonces Yugoslavia.
Más cerca en el tiempo, en 2008 sirvieron de ejemplo a las Madres de Soacha y Bogotá, en Colombia, que reúne a madres, esposas, hijas y hermanas de hombres asesinados por el Ejército colombiano, que luego presentó a las víctimas como guerrilleros muertos en combate, lo que se conoció como «falsos positivos» durante el Gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe.
El negacionismo
Durante la campaña electoral, la fórmula de La Libertad Avanza puso en tela de juicio a los 30.000, no solo como cifra del genocidio ejecutado por la dictadura cívico-militar-empresarial-eclesiástica, sino como intento de mancillar un símbolo de la lucha incansable por memoria, verdad y justicia iniciada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Muchos quedamos perplejos cuando, durante el primer debate electoral entre los aspirantes a la presidencia, Milei repitió casi exactamente las palabras que pronunció el exalmirante Emilio Eduardo Massera durante el Juicio a las Juntas en 1985.
«Durante los años setenta hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos», dijo Milei el 1 de octubre pasado. Así, negó el plan sistemático de secuestro y exterminio que puso en marcha la junta militar de aquellos que se oponían a un modelo económico de saqueo y vaciamiento del país, contra el cual seguimos luchando medio siglo después.
Hace casi 38 años, Massera había dicho en aquel histórico juicio: «Lo único que sé es que aquí hubo una guerra, donde sí hubo excesos, fueron desbordes excepcionales».
Las promesas grandilocuentes de Milei y el armado de su equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, símbolo de la timba financiera que nos endeudó a cien años como titular del Banco Central y ministro de Finanzas durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), van exactamente en la misma dirección que Alfredo Martínez de Hoz.
Tanto es así que en 1974 Argentina tenía índices de pobreza que rondaban el 6 %, con una distribución de la riqueza repartida entre un 51 % del Producto Interior Bruto (PIB) para los trabajadores y un 49 % para el capital. Al final de la dictadura, el sector del trabajo había caído al 22 % del PIB. No fue casualidad que el 40 % de los detenidos-desaparecidos fueran obreros.
La búsqueda de impunidad
Aunque el negacionismo expresado por Milei y Villarruel no fue una novedad, pues ya el macrismo lo había planteado durante su Gobierno (2015-2019), en el caso de la vicepresidenta permitió que quedaran en evidencia sus estrechos vínculos con los genocidas y con el ámbito militar. Que considere que el predio de la ex ESMA, el mayor centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura por el que pasaron 5.000 detenidos-desaparecidos, según organismos de derechos humanos, deba ser convertido en un parque no es una mera frase anecdótica. Es un fiel reflejo de su pensamiento.
«La ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo», aseguró en campaña Villarruel. El predio de la ex ESMA sigue siendo prueba judicial. Apenas días antes de esa provocación de Villarruel, la UNESCO había declarado a la ex ESMA Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Días atrás, la Unión Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) pidió en un comunicado el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La responsabilizan de las condenas de más de 1.200 represores. Se olvidan de que quienes dictan sentencia son los jueces.
La UPMAC, que en su página web presenta, entre otras, una foto de Victoria Villarruel durante el acto que llevó adelante en la Legislatura porteña el 11 de septiembre pasado, reclama el fin de la política de derechos humanos, como otro acto provocativo con el aval del Gobierno porteño, que entonces seguía dirigiendo Horacio Rodríguez Larreta.
En la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños será el sucesor de Horacio Pietragalla Corti. Baños entró en el Poder Judicial en plena dictadura y más acá en el tiempo tuvo a su cargo la investigación por la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan. En ese caso, en cuatro años no imputó a nadie ni apartó a la sospechada Policía de la Ciudad.
En la provincia de Buenos Aires, la situación es diferente. El gobernador Axel Kicillof, que el lunes inició su segundo mandato, inauguró la semana pasada junto con el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, y su par de nación, Horacio Pietragalla, el edificio del Archivo Provincial de la Memoria, que dirige Guillermo Clarke. Allí funcionó el Destacamento 101 de Inteligencia, en la calle 55 e/ 7 y 8 de La Plata.
En todo el país se realizaron juicios por delitos de lesa humanidad
Desde 1985 se produjeron sentencias en 337 juicios por delitos de lesa humanidad. Aunque 88 juicios se concentraron en la provincia de Buenos Aires, excepto Santa Cruz y Tierra del Fuego, en todas las provincias hubo juicios por el terror desatado en ellas a partir del 24 de marzo de 1976 e incluso antes en algunos casos, con la violencia política liderada en los años previos al golpe por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y la CNU, su brazo universitario, principalmente en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
A partir de 2006, una vez que se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los juicios se reabrieron y desde entonces fueron condenados 1.204 represores, pero la lentitud del aparato judicial permitió que muchos genocidas murieran en la mayor impunidad.
Según datos del Ministerio Público Fiscal, de los 678 represores privados de su libertad, 520 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria y 96 en unidades penitenciarias al 1 de septiembre de este año. En tanto, 36 represores siguen prófugos.
En la actualidad se llevan a cabo 16 juicios por delitos de lesa humanidad en siete provincias, la mayoría de ellos en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 1 y 60, Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, Puente 12-Cuatrerismo, Jefatura de Policía de Tucumán III, ESMA 5 Guarrochena, Masacre del Río Luján y Acindar-Villazo, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En los últimos años, los tribunales federales que llevan adelante estos juicios debieron admitir nuevos cargos contra los imputados, como delitos por violencia sexual, por motivos económicos, complicidades civiles e inteligencia, sumados a los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y apropiación de menores.
Por más que las flamantes autoridades nieguen el horror, la verdad termina imponiéndose. En julio, hace apenas unos meses, Abuelas anunció la restitución del nieto 133 y siguen buscando a más de 300 bebés y niños apropiados por los represores. Y cada vez que aparezca uno será una batalla ganada a la impunidad y al pacto de silencio entre los militares y sus cómplices.
Nuevos tiempos en el Congreso de la Nación
Aunque en un Congreso muy fragmentado, con nueve bloques en Diputados y al menos siete en el Senado, con una derecha cercana al 40 %, fueron varios los diputados que renovaron sus cargos o asumieron mandato que el pasado jueves juraron con palabras muy sentidas para una parte de la población que, al parecer, no está incluida entre los «argentinos de bien», frase que repite el oficialismo como un mantra de desprecio.
Nuevas y nuevos legisladores juraron «por los 30.000» detenidos-desaparecidos, por «memoria, verdad y justicia», por los soldados caídos en Malvinas y por el padre Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura en abril de 1976.
«Por la memoria de mi padre, por mi madre, por mi familia, por mi pueblo José de San Martín en la provincia de Chaco, por mis camaradas muertos en Malvinas, para que ningún argentino bien nacido admire a la criminal de guerra Margaret Thatcher, ¡sí, juro! ¡Viva la Patria!», afirmó el diputado Aldo Leiva, excombatiente.
Leiva respondió así a la reivindicación por parte de Milei durante la campaña de la ex primera ministra británica conservadora Margaret Thatcher (1979-1999), a quien dijo admirar. Fue Thatcher quien el 2 de mayo de 1982 no dudó en reafirmar la orden de hundir el crucero General Belgrano que provocó la muerte a 323 soldados argentinos. En total, 649 soldados argentinos murieron en ese conflicto que marcó el principio del fin de la dictadura.
Aunque no asombra su accionar, en varias ocasiones la Justicia argentina rechazó las denuncias de excombatientes por las torturas de que fueron víctimas numerosos soldados durante la Guerra en Malvinas presentadas ante diversas instancias desde 2007. En 2015, la Justicia macrista les cerró definitivamente el paso, pero la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el reclamo del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) La Plata.
Los militares imputados reportaban a centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio. «Hasta el momento 180 ex combatientes declararon como víctimas o testigos de estos delitos y tiene 95 militares imputados. Entre las torturas citadas en el expediente (de la CIDH) se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, incluso bajo bombardeos enemigos, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, pasaje de corriente eléctrica, hambre extremo, entre otras», según la Comisión Provincia por la Memoria (CPM).
Con una remera roja que llevaba la inscripción «Nunca Más», Juan Marino, diputado nacional por Unión por la Patria, procedente del Movimiento Piquetero, resumió el jueves en su juramento los desafíos que se vienen frente a un Gobierno que además está dispuesto a rifar los bienes del Estado y las riquezas del país.
«Juro por la Patria, la Constitución, la soberanía nacional sobre nuestras islas Malvinas y nuestros recursos naturales, por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y, a cuarenta años de democracia, por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Dictadura, genocidas y fascistas nunca más».
