Por Néstor Daniel González*
Durante 2016, la televisión digital terrestre en Argentina alcanza su séptimo año de implementación a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) hasta su definitivo apagón en el año 2019.
Desde su implementación, el Gobierno nacional focalizó en la idea de que la comunicación es un derecho humano. Y para garantizarlo puso en marcha una serie de políticas con el objetivo de posibilitar dicho acceso a todos los habitantes de la República Argentina. Una de las más importantes es establecer que por vía de la TV Digital Abierta (TDA) garantiza el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito. Sin lugar a dudas, es difícil separar dicho proceso de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que marca un cambio de paradigma.
Aunque todo esto ya es conocido, el resultado en seis años de gestión kirchnerista en el proceso de digitalización dejó un saldo de cobertura superior al 80% en el territorio nacional, una oferta de unos treinta canales según la región con recepción gratuita, la realización de más de ochenta concursos para licenciatarios tanto con fines de lucro como también sin fines de lucro, autorizaciones a canales públicos provinciales, Universidades y pueblos originarios, más de tres mil horas de contenidos de alta calidad.
Sin embargo, la victoria electoral del presidente Mauricio Macri, candidato de la derecha y aliado de los monopolios mediáticos, generó un retroceso a todos los avances democráticos de la digitalización para proteger los intereses de sus aliados.
Este artículo tiene como objetivo describir y analizar las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno, que modifica estructuralmente el proceso de digitalización.
Introducción
El 10 de diciembre de 2015, la asunción del candidato de la derecha Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación llegó para dar cumplimiento a un conjunto de consignas tradicionales neoliberales de generar un significativo achicamiento a las competencias del Estado, transferir riquezas a las élites económicas más importantes del país mediante exenciones impositivas (agroexportadores), devaluación de la moneda para beneficiar a los poseedores de divisas, quita de subsidios a los servicios públicos de los sectores más desprotegidos, achicamiento de políticas sociales y, entre otras cosas, proteger a los principales grupos monopólicos de la comunicación que durante la última década habían sido sometidos a un proceso de democratización mediante medidas de desmonopolización que naturalmente modificaban su posición de privilegio.
No pasó un mes desde su asunción. El Presidente cambió por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por amplia mayoría en octubre de 2009, considerada como una de las más democráticas construcciones ciudadanas y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de haber sido judicializada por la empresa Clarín. En materia de gestión de la norma, el Decreto abolió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Disminuye la representación de sectores en organismos de gestión, amplía las posibilidades de la concentración, habilita la compraventa de licencias, con controles muy laxos y prácticamente servidos a las condiciones del mercado, quita las garantías al acceso universal a “los contenidos informativos de interés relevante», pero fundamentalmente modifica la órbita de los sistemas de cableoperadores, de la que la LSCA establecía obligaciones sobre la composición, orden de las grillas de programación, obligatoriedad del must carry y cuotas de pantalla. Esto hizo que los sistemas de cable dejen de ser considerados servicios de comunicación audiovisual y en consecuencia excluyó del conteo de licencias los más de 240 sistemas con los que cuenta la empresa Cablevisión (propiedad de Clarín).
Este fuerte apoyo hacia el sector más poderoso del espectro audiovisual por cable va de la mano de un proceso de desjerarquización del sistema de televisión digital terrestre y gratuito a los efectos de permitir el protagonismo excluyente de las corporaciones (en particular, Clarín) por encima del derecho de acceso.
Por ende, el Decreto modificatorio de la Ley fue sólo el punto de partida de un conjunto de ataques sistemáticos que alcanza al universo de la comunicación audiovisual, y en este artículo intentaremos describir aquello que se circunscribe a la televisión digital terrestre, a saber: 1) disminución de la oferta de canales y contenidos; 2) desfinanciamiento de la infraestructura; 3) despidos en el plantel profesional del sistema; 4) falta de garantías para los medios sin fines de lucro.
1. Disminución de la oferta de canales y contenidos
1.1 La salida de TeleSUR
En los primeros sesenta días del Gobierno de Mauricio Macri se dieron claras señales de cambios en la política exterior del Estado. Desde el discurso en su primera reunión del MERCOSUR, enfrentó explícitamente a los Gobiernos populares de América Latina, en particular a Venezuela, y fue el primero en mostrar públicamente su respeto por la nueva situación brasileña, en la que el vicepresidente, Michel Temer, tomó el poder temporalmente poco después de que se aprobara el impeachment contra Dilma Rousseff. Gestos que ponen en diálogo las intenciones demostradas en las visitas con todos los honores del mandatario francés François Hollande en febrero o de Barack Obama en marzo.
Pero el primer impacto visible sobre la televisión digital fue el anuncio del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de que Argentina se retira del 16% de las acciones de TeleSUR, la compañía de televisión estatal que también integran los Gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay, y que se trata del canal de noticias con la agenda y la perspectiva de los intereses de América Latina hacia el mundo y del que nuestro país formaba parte desde hacía más de diez años. La novedad implica que TeleSUR dejó de emitirse en la plataforma estatal Televisión Digital Abierta (TDA).
Lombardi, en el ciclo «Conversaciones» de la versión electrónica del diario La Nación con José Crettaz, justificó la medida. «Es un símbolo de los tiempos que vivimos. Sólo hay en la TV digital dos canales internacionales: TeleSUR y RT. Eso muestra una visión sesgada, y ahora nos vamos a abrir al mundo de verdad y sin esa visión tan sesgada».
La medida no fue acompañada de otra que explicara qué significa «abrirse al mundo de verdad». Sin embargo, se observan algunas alternativas. En primer lugar, las nuevas relaciones carnales que se están desarrollando entre el presidente Barack Obama y Mauricio Macri trajeron al gigante Turner, quien se especula que quiere comprar Telefe, implementar CNN en Argentina y conseguir la transmisión del fútbol.
En segundo lugar, se conoció una reunión poco difundida entre Carlos Slim (el gigante de telecomunicaciones América Móvil) con el Macri en la que mostró su interés por incrementar su participación en el mercado argentino. En una nota publicada en el matutino Página/12 el 14 de mayo de 2016, «Slim tiene intereses de controlar una parte de la Red Federal de Fibra Óptica que construyó el gobierno e incluso comprar capacidad de transmisión satelital de Arsat para poner esa infraestructura al servicio de su expansión en el país». Héctor Huici, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, encargado de llevar adelante la gestión de la empresa satelital con inversiones privadas, dijo que la única unidad de Arsat que a primera vista no parece tan tentadora es la de la TDT. Por eso, Huici se refirió a ella como “la mochila de plomo”. Sin embargo, la porción del espectro que ocupan los canales digitales de aire que van del 21 al 51 (de 512 a 698 MHz) sí es tentadora para brindar telefonía móvil.
De más está decir que, si esto prospera, se perderá espacio en el espectro radioeléctrico para servicios audiovisuales tanto públicos y privados como sin fines de lucro. En 2010, a las señales otorgadas un año antes a las Universidades se reasignó el espectro para telecomunicaciones. La reubicación sigue en deuda.
El capítulo sigue abierto. El ingreso al país de capitales trasnacionales despierta tensiones con los poderosos locales, que frente a cada noticia le hacen saber su descontento al presidente.
1.2 Fútbol para… algunos
La ley de 2009 había establecido entre su articulado que “se garantiza el derecho al acceso universal –a través de los servicios de comunicación audiovisual– a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”. Esto fue el marco que generó el contrato entre el Estado y la Asociación del Fútbol Argentino para la televisación de los partidos de Primera y Nacional B por el término de diez años y la creación del programa Fútbol para Todos. A partir de dicho acuerdo, utilizó los derechos de transmisión por canales de Televisión Digital Abierta para garantizar el acceso libre y gratuito. Además de la televisación por distintas señales, también se liberaron los derechos para la transmisión diferida de las imágenes y se transmitía vía streamend por el portal web y aplicaciones móviles.
En el mismo sentido, en febrero de 2013, el Estado nacional creó DeporTV, una señal pública que consideraba el deporte como un derecho y servía como pantalla para garantizar la transmisión no acordada con las señales privadas.
Sin embargo, en el nuevo modelo de distribución de canales y partidos, la cesión de los derechos de televisación de los principales partidos (entre ellos, los equipos grandes) a El Trece, Telefe y América no garantiza el acceso a los mismos, al ser señales de distribución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se encuentran en el paquete de distribución nacional. Es decir, en el territorio nacional, fuera de la ciudad de Buenos Aires, se puede acceder «únicamente» mediante sistemas pagos como el cable o el sistema satelital.
En un anuncio reciente, autoridades del Ejecutivo y de Fútbol para Todos convocaron a los canales abiertos para negociar con ellos los derechos de televisación de los partidos a cambio de 180 millones de pesos, una ínfima parte de los 1.900 millones que el Estado deberá pagarle a la AFA este año para mantener el contrato de transmisión. No sólo subsidia dichos gastos, sino que alimenta de manera indirecta la promoción de los sistemas de recepción paga y desjerarquiza el lugar de la televisión pública, el canal de mayor cobertura en el país.
2. Desfinanciamiento de la infraestructura
2.1 Arsat
Sin lugar a dudas, una de las iconografías del desarrollo tecnológico de los últimos años fue el lanzamiento de los satélites geoestacionarios Arsat 1 y 2 con el objetivo de brindar servicios de TV, Internet, telefonía para el país y América Latina.
Creada por ley en 2006 con el objetivo de ocupar y defender las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con satélites desarrollados en el país, la iniciativa que en 2010 alcanzó rango de ley fue reconocida como una de las más importantes políticas de soberanía nacional e incluyó al país en la corta lista de países con desarrollo industrial satelital.
A partir de 2010, Arsat implementó la Red Federal de Fibra Óptica, con un tendido que alcanza los 58.000 km y se encuentra en proceso de puesta en servicio y la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión Digital, que sirve de soporte del sistema y que, además de desarrollarlo en el país, vendió servicios a otros de la región.
Esta política que jerarquizó al país se encontró con un nuevo impacto normativo. El Gobierno suspendió la construcción del Arsat 3. El presidente de la compañía estatal Rodrigo De Loredo resolvió quitar fondos públicos y buscar la incorporación de privados. Con la suspensión, trescientos trabajadores fueron despedidos y el conjunto de los trabajadores de la compañía denunció mediante un documento público que «se detuvieron las obras para la instalación de nuevas antenas transmisoras (de 32 pendientes, sólo se completarán ocho), se frenaron las obras para las nuevas instalaciones domiciliarias, no se están pagando los servicios de instalación domésticos y se suspendió la distribución nacional de equipos receptores para los beneficiarios del Plan de Acceso Mi Tv Digital».
En relación con los contenidos, se quitó financiamiento publicitario a señales de prueba haciéndolas caer y se frenaron las tareas para incluir otros canales.
Finalmente, las autoridades de Cablevisión celebran la situación y ya planifican el uso del tendido de la Red Federal de Fibra Óptica para llegar con su servicio de televisión por cable a aquellos rincones del territorio nacional donde la empresa aún no llega. Una vez más, financiamiento público para el beneficio de privados.
2.1 Interferencias
En los últimos meses, el sistema de recepción, de manera imprevista, comenzó a llegar a los hogares con interferencias que hasta el momento y desde el inicio del servicio nunca se habían registrado. Las mismas se produjeron en momentos donde contenidos importantes generaban competitividad con los sistemas de pago, como partidos de la selección nacional (que cuentan con derechos de la Televisión Pública) o del torneo local, y/o programas políticos que denunciaban acciones del Gobierno.
Si bien las especulaciones y definiciones técnicas apuntan a que la merma del servicio podría ser propiciada desde el interior de la empresa, ya que es posible modificar la calidad de las señales en la configuración de los transmisores y generar degradación de la señal, pérdida de la calidad o interferencias que produzcan que la señal no se pueda visualizar correctamente, en las audiencias públicas realizadas por la Defensoría del Público se registraron denuncias por problemas en la recepción de la TDT por fallas técnicas en la transmisión. Las mismas se registran en el período entre diciembre de 2015 y abril de 2016 por la caída en la calidad de la señal de transmisión de partidos de fútbol de «equipos grandes «, por interferencia en la recepción de Telefé o la presencia de Canal 13 en la señal 33, donde debe ubicarse la señal Barricada TV, ganadora del concurso público para una señal de medios sin fines de lucro.
Por otro lado, en el contexto de las mismas audiencias, se produjeron numerosas denuncias referidas a demoras en la entrega de decodificadores en el marco del Plan Mi TV Digital, falta de antena transmisora terrestre que postergan el plan de aplicación.
3. Despidos en el plantel profesional del sistema
Mas allá de los trabajadores cesanteados en la empresa Arsat, a pocos días de cumplirse el 31 de marzo, y mediante un comunicado de prensa, la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del ex Ministerio de Planificación denunció que por decisión de la máxima autoridad del organismo, Hernán Lombardi, se decidió no renovarle el contrato a todos los trabajadores monotributistas del Sistema Federal de Medios Públicos.
La medida alcanza a 74 trabajadores del Sistema Federal que realizaban tareas de asistencia técnica, entre los que se encontraban diseñadores, comunicadores, desarrolladores web, fotógrafos, etcétera. La gran mayoría realizaba trabajos de comunicación tanto para la promoción de la Televisión Digital Abierta, como para actividades del Centro Cultural Néstor Kirchner, Tecnópolis, etcétera.
Pero, por otro lado, otros cincuenta trabajadores administrativos, que desarrollaban actividades técnicas de infraestructura de la TDA, como distribución de decodificadores, antenistas, etcétera, no están recibiendo sus salarios y se encuentran en una situación sin respuestas oficiales. Además, otros siete trabajadores fueron notificados de que no continuarán desempeñando sus funciones en los programas de Acua Mayor y Acua Federal. A su vez, denuncian que dichos programas no tienen un presupuesto propio asignado para realizar programas nuevos, lo que no sólo afecta a la política de empleos, sino también de oferta de contenidos de calidad. DeporTV decidió no continuar con servicios informativos que daban trabajo a 120 trabajadores, a cambio de nuevas licitaciones públicas que tardan en llegar.
El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) anunció que reclamará por los despidos, y en la última reunión plenaria del 1º de mayo difundió un documento que plantea «Nuestro firme rechazo y llamado de alerta por los despidos en la propia actividad que no sólo repudiamos sino a los que responderemos con todas las acciones y herramientas gremiales a disposición de nuestra organización sindical».
Los despidos masivos no sólo se producen en el sector público, sino también en señales privadas como CN23, Crónica TV y 360 TV, en algunos casos por establecer un modelo de negocio basado en la pauta oficial y en otros por la caída de la pauta privada como resultado de la crisis económica, con altos índices inflacionarios, caída del consumo, etcétera.
4. Falta de garantías para los medios sin fines de lucro
4.1 Licencias
Como se mencionó al principio de este artículo, más de ochenta concursos para licenciatarios, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, se desarrollaron durante 2015 para dar garantías de la inclusión fundamentalmente del sector sin fines de lucro. De los mismos surgieron canales como el de Fundación UOCRA Para la Educación de los Trabajadores Constructores, Construir TV en Buenos Aires, la Asociación de Prensa de Tucumán o la Cooperativa de Trabajo Construcción y Progreso Limitada de Formosa.
Asimismo, los primeros tres canales «comunitarios» del país que ganaron dichos concursos son Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, adjudicados en noviembre de 2015 y que, como plantea la normativa, posterior a su adjudicación deben entregar plan técnico en 180 días.
Más allá de que este acto administrativo ya fue realizado, la señal 33 adjudicada a Barricada TV y Urbana TV está ocupada por Canal 13, perteneciente al Grupo Clarín.
Otro caso es el de la señal Antena Negra TV, que se encuentra emitiendo en señal digital. Se vio obligada a apagar sus equipos y cumplir la orden judicial de entregarlos al ente regulador a partir de una denuncia penal por “interferencias a otros emisores que prestan servicio de seguridad bancaria en el canal 20”. En 2014, el Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales por medio del Decreto 2.456, y ordenó la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea radiodifusión, entregándola al “exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta (TDA)”. Actualmente, la empresa multinacional PROSEGUR ocupa la banda para transmisiones de seguridad, y la Justicia lo consideró prioritario más allá de los fundamentos de la ley y los reclamos históricos.
Por otro lado, amparados en la ya «no» vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los empresarios dueños de SUPERCANAL S.A. le enviaron una carta documento al canal EnTV de Viedma intimándolo a dejar de transmitir por el canal 5 de aire, debido a que la señal genera interferencias en el servicio que la firma brinda en las ciudades de Viedma y Patagones.
4.2. Fondos Concursables
Sin lugar a dudas, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) se convirtió en una de las herramientas más importantes para hacer sustentables los proyectos de medios comunitarios y de comunidades originarias. Desde su creación, se repartieron aproximadamente 30 millones de pesos para emisoras de radio y canales de televisión, para contenidos, fortalecimiento de la gestión, etcétera.
Desde la asunción del nuevo Gobierno, el Estado está en mora con más de 150 organizaciones que ganaron los concursos en 2015, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos y contenidos. Tampoco se anunciaron las líneas 2016.
Conclusiones
Sólo pasaron cinco meses desde el cambio de Gobierno en Argentina. Sin embargo, el aluvión de políticas tendientes a beneficiar a las corporaciones mediáticas y la desaceleración del proceso de democratización de los medios resulta sorprendente. Un decreto que reemplaza una Ley, despidos, desfinanciamiento, falta de garantías a medios pequeños de todos los sectores, cambios en el paradigma de la política internacional en materia de comunicación, etcétera.
Sin embargo, todos estos acelerados cambios muestran resonantes conflictos sociales que devuelven a los sectores populares a la calle, ya no para celebrar, sino para reclamar los retrocesos en materia de derechos y crecientes conflictos económicos.
El devenir es aún incierto, y la suerte del nuevo paradigma neoliberal auspicia el crecimiento del conflicto social, encuestas que muestran la caída de la aceptación pública y una innegable crisis de financiamiento luego de una nueva etapa de endeudamiento externo a los efectos de saldar una deuda con fondos especulativos.
En medio de todo esto, un proceso de digitalización de la televisión que venía creciendo a pasos agigantados, con claro protagonismo en la región, hoy no cesa de recibir los ataques del mismo Estado que debe desarrollarlo para garantizar el derecho humano inalienable de acceso a una comunicación pluralista y al servicio de las necesidades sociales.
* Coordinador de Gestión Académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor e investigador de la UNQ y la FPyCS de la UNLP. Secretario académico de la Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación, FPyCS, UNLP.
