A un año del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios, dirigentes políticos, sociales y sindicales coincidieron en que fue el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, y cuestionaron al Poder Judicial por la falta de avances en la investigación judicial.
La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta no tiene fecha para el inicio del juicio oral y público de los supuestos autores materiales, mientras que la querella reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales involucradas hasta aquí, descartadas por los investigadores.
El atentado se produjo en la noche del 1º de septiembre de 2022, cuando la vicepresidenta saludaba a quienes le manifestaban su respaldo en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta. Allí, Fernando Sabag Montiel le apuntó a la cabeza con una pistola de uso civil y gatilló, pero sin que saliera el disparo.
Quien también se pronunció fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien advirtió que la Justicia no avanzó en la investigación del hecho y pidió que ese poder «funcione» y que terminen los discursos de odio y violencia que atentan contra la democracia.
«Se cumple un año de uno de los hechos de violencia política más graves desde el retorno a la democracia», comenzó el mandatario. «Un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho, cuando sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto», remarcó. «Queremos una Argentina donde la Justicia funcione para todos y todas y donde no se sigan promoviendo y fomentando los discursos de odio y de violencia», subrayó el gobernador bonaerense.
En mayo, el fiscal Carlos Rívolo solicitó la elevación a juicio oral del caso y dejó como responsables solo a los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, considerados «tres locos sueltos», sin incluir a los señalados como posibles instigadores, partícipes y financistas. Entre estos últimos se encuentra la empresa Caputo Hermanos, de la familia de Nicolás Caputo, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, que pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, por unos supuestos trabajos de carpintería que nunca realizó. Tampoco incluyó a Gerardo Milman, diputado y mano derecha de Patricia Bullrich, quien 48 horas antes del ataque pronunció ante dos asesoras la frase «Cuando la maten yo estoy camino a la costa».
La jueza María Eugenia Capuchetti, vinculada al PRO por su trabajo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde se forman policías y funcionarios porteños, y el fiscal Carlos Rívolo rechazaron medidas de prueba pedidas por los abogados de la vicepresidenta para profundizar la investigación sobre Milman.
El dirigente social Juan Grabois subió a redes sociales un video donde mostró la conexión entre los autores materiales, el grupo político Revolución Federal, dirigentes de JxC como Gerardo Milman y la estructura de financiamiento de la empresa Caputo Hermanos. «Los elementos vinculados al hecho se entrelazan con los dos principales candidatos de la ultraderecha argentina, sus comandos de campaña, sus entornos de acción política, con Javier Milei y Patricia Bullrich», afirmó.
Desde el ámbito legislativo, la senadora Juliana Di Tullio, a través de sus redes sociales, dijo que «tres veces elegimos, la enorme mayoría de los argentinos, a esta mujer para que conduzca los destinos de la patria. Intentaron matarla hace un año y la jueza no quiere que la víctima ni el país, sepamos qué pasó». A su vez, el diputado Rodolfo Tailhade dijo a Radio Provincia que el atentado contra Cristina demuestra que «la democracia está retrocediendo», y recordó que tras el intento de asesinato «hubo que hacer concesiones interminables para que dirigentes de la oposición se sentaran diez minutos en la Cámara de Diputados para repudiar el hecho».
En tanto, el intendente de Ensenada, Mario Secco, resaltó que existe en la causa que investiga el ataque «un encubrimiento que da asco». «Después de lo de Cristina queda un camino abierto para que se pueda repetir en la Argentina. Es un encubrimiento que da asco, y todavía hay mucha gente que no tomó conciencia de la gravedad de lo que vivimos», señaló en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 530.
Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, sostuvo que el atentado fue «la frutilla del postre» del clima de violencia política que fomentaron dirigentes de la oposición, en particular Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio. «Desde la pandemia empezaron a aparecer determinados brotes fascistas y neonazis en la calle muy impulsados por Patricia Bullrich. Cuando en Argentina se desata la violencia, después volver a colocar el monstruo en la botella es muy complicado», advirtió.
