Por Miguel Croceri
La capacidad de los poderes de facto –maquinaria mediática, corporación judicial, conglomerados económicos, etcétera– para manipular la opinión pública hizo que –quizás– millones de argentinos y argentinas, con total honradez e ingenuidad, creyeran que cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner dijo “Vamos por todo” tenía un significado completamente opuesto al que ella le dio, que podía ser sencillamente entendido por cualquier persona de buena fe.
Era el 27 de febrero de 2012, día del bicentenario de la creación de la bandera de la patria. El clima social y político no era tanto de celebración por la efeméride, sino que predominada el duelo por la tragedia horrible del choque de un tren en la estación Once, que cinco días antes había provocado la muerte de 52 personas.
Por eso, en su discurso en Rosario, frente al monumento a la bandera y corriéndose del motivo específico del acto, Cristina dedicó prolongados párrafos al drama que vivían las familias afectadas y a la conmoción del país todo por semejante horror.
Dentro de ese contexto, aludió a las demandas pendientes en materia de políticas públicas. “Tenemos que volver a tener un sistema de ferrocarriles en la República Argentina”, dijo, por ejemplo. En otro momento expresó que “Faltan cosas en sectores clave de la economía, como la energía”; en un tramo posterior destacó que “No manejamos el combustible, no manejamos la generación” eléctrica, y también nombró como un problema pendiente del país que “Todavía hay un tercio de argentinos que no está registrado” en su trabajo.
(El discurso presidencial completo por los doscientos años de creación de la bandera fue publicado el mismo día en Youtube por la Casa Rosada: https://www.youtube.com/watch?v=v6wZqMzsmnw)
En un momento anterior del acto, cuando hablaba la intendenta de Rosario, Mónica Fein, la presidenta era vivada por sus partidarios desde el público y respondió con una brevísima expresión, cuyo sonido no pudo escucharse pero sus palabras luego serían inferidas fácilmente por la lectura de sus labios, debido a que una cámara la tomó en primer plano: “Vamos por todo”, dijo Cristina, haciendo con un brazo y mano un gesto de trasmitir fuerza, de levantar el ánimo, de exhortar a dar pelea.
(Una de las infinitas reproducciones de esa imagen fue incluida en un editorial televisivo de Nelson Castro, a los veinte segundos del video: ttps://www.youtube.com/watch?v=D-1NV9u4Y-Y)
”Vamos por todo”. A partir de esa expresión presidencial, los poderes fácticos construyeron una fabulosa operación de acción psicológica sobre la sociedad. La significación que armaron consistió en hacer creer a la población que ir “por todo” era en realidad el peligro de que el kirchnerismo avanzara hacia el poder absoluto.
(El operativo de manipulación de la opinión pública fue constante hasta que terminó ese Gobierno. Como ejemplo, un año después de aquel acto, el diario La Nación lo destacó en una nota específica: http://www.lanacion.com.ar/1558478-se-cumple-un-ano-del-vamos-por-todo-de-la-presidenta)
Copamientos ilegales
Siderales son las distancias políticas entre ese hecho de hace cuatro años y medio y la actualidad. El que “va por todo” ahora es el Gobierno de Mauricio Macri, como cabeza política que representa los intereses de las corporaciones, que a su vez son la expresión organizada de las clases sociales dominantes. Por eso el ocultamiento de esa estrategia es total, y los discursos mediáticos hegemónicos no lo dirán nunca.
Entre otras diferencias básicas respecto del kirchnerismo, la derecha gobernante tiene a los poderes de facto como aliados. Son parte del mismo bloque de poder. Los medios de comunicación más poderosos del país y también los cárteles mediáticos internacionales (la cadena CNN, por mencionar sólo uno), la fracción hegemónica del Poder Judicial, los grandes conglomerados económicos, la embajada de Estados Unidos y los poderes institucionales de ese país, empezando por su presidente, todos –y la lista es apenas una mención a modo de ejemplos– integran un mismo entramado de fuerzas con ideologías en lo sustancial convergentes, y por lo tanto intereses en común, y un similar modelo de sociedad al cual aspiran.
Moviéndose dentro de esa estructuración del poder, el Gobierno de Mauricio Macri logró hasta el momento no sólo sancionar todas las leyes fundamentales que se propuso, sino además que fueran convalidadas acciones inconstitucionales e ilegales, entre las que pueden enumerarse las siguientes:
– El copamiento del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar a los jueces y de juzgarlos en caso de denuncias en su contra, mediante la formación de una mayoría parlamentaria inexistente –sumando legisladores antikirchneristas de distintos partidos– para designar representantes oficialistas.
– El copamiento de la conducción del Banco Central, a pesar de que la ley le otorgaba permanencia al anterior presidente, Alejandro Vanoli, quien fue forzado a renunciar.
– El copamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de vigilar los movimientos de bancos, empresas y contribuyentes en general para evitar lavado de dinero y otros delitos económicos, y su entrega a manos de abogados especializados en defender a acusados por esos mismos delitos.
– La abolición, por un decreto-ley similar al de una dictadura, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), más la expulsión con la fuerza policial de sus autoridades legítimas, y su reemplazo por un organismo de facto llamado Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
– El copamiento de la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) mediante presiones y extorsiones a sus autoridades, que, según la ley, tenían dos años más de estabilidad en el cargo, y su reemplazo por funcionarios oficialistas.
Otro hecho estratégico para tomar el control de los organismos del Estado no fue perpetrado a través de maniobras ilegales sino, por el contrario, todo dentro de las normas jurídicas, con el apoyo de la mayoría del bloque de senadores del Frente para la Victoria, presidido por Miguel Pichetto.
Ese hecho fue el nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que aun con su propio juego político y autonomía relativa, garantizan el aval a las decisiones del macrismo, incluidas las más alevosas, como la derogación de facto de leyes de la Nación, algo que anteriormente sólo habían hecho las dictaduras.
Entre esas leyes derogadas por decretos de Macri están las cláusulas antimonopólicas y otros artículos esenciales de la ley audiovisual (o “Ley de medios”), incluida la eliminación de la AFSCA; las cláusulas fundamentales de la Ley de Tierras, que ponían límite a la apropiación de suelo argentino por parte de capitalistas extranjeros; y los cambios a la Ley de Inteligencia que pusieron en manos de jueces afines al oficialismo la atribución de escuchar comunicaciones telefónicas para la investigación de delitos, una función que por ley le correspondía a la Procuración General de la Nación.
Y precisamente este último cargo, que es la cabeza del Ministerio Público Fiscal y ejerce como jefatura de los fiscales federales de todo el país, es uno de los pocos lugares institucionales que el Gobierno macrista y todo el bloque de poder dominante todavía no controlan, y ejecutan distintas maniobras para conseguirlo.
Gils Carbó, Milagro Sala y Cristina
Desde la época de la campaña electoral, Mauricio Macri y otros miembros de la alianza Cambiemos vienen presionando para destituir a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, quien tiene un perfil ideológico y una trayectoria pública intolerable para las políticas oficiales y los intereses de las corporaciones.
En el hecho más mencionado de su carrera como fiscal, cuando ocupaba esa función ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gils Carbó dictaminó en contra de la fusión de las empresas operadoras de televisión por cable Multicanal y Cablevisión, al advertir que esa medida implicaba “la entronización de un conglomerado monopólico de medios que amenaza la democracia”. Eso ocurrió en 2007, en los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner.
(El diario La Nación resaltó ese antecedente de la ex fiscal cuando fue designada, en septiembre de 2012, como procuradora general de la nación: http://www.lanacion.com.ar/1504771-gils-carbo-cuestiono-la-fusion-cablevision-multicanal)
Recientemente, la ofensiva para desalojarla tomó la forma de un proyecto de ley que le quita la estabilidad fijada por la normativa actual, donde dice que “los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad”. Es decir que ella tiene, por ley, una estabilidad similar a la que tienen los jueces según la Constitución.
(Artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 24.946: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/49874/texact.htm)
El proyecto anti-Gils Carbó fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, donde la alianza gobernante tuvo una vez más el apoyo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, que son parte del “opoficialismo” (como se los llama gracias a la filosa capacidad crítica de Horacio Verbitsky, quien con sus notas en Página/12 generalizó el uso del término en los ambientes políticos y del periodismo especializado).
Lo que nadie previó es que el freno a esa embestida provendría de una mediática figura de la propia coalición Cambiemos: Elisa Carrió. La actual diputada aspira a ser senadora nacional el año que viene y trabaja minuciosamente la construcción de su imagen no sólo como paladín contra “la corrupción”, sino como rebelde ante su propio Gobierno, intransigente en la defensa de sus principios, indomable e incorruptible. Mucha gente le cree, y es posible que ello le reditúe en beneficios electorales. Eso se sabrá dentro de un año.
También se opuso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que representa a la temible corporación judicial. Así que, por ahora, la maniobra está parada pero el Gobierno negocia con sus aliados, entre ellos Carrió, la forma de sacarse de encima a la procuradora. El método es lo de menos. El propósito es eliminar institucional y políticamente a una figura molesta.
La derecha ganó las elecciones y así llegó al gobierno, de modo que la conducción del Estado integra ahora un mismo bloque de poder con las corporaciones económicas, mediáticas, judiciales, diplomáticas, eclesiásticas, militares y policiales, entre otras. Sin embargo, no les alcanza. Van por todo. Quieren destituir a Gils Carbó, tienen presa a Milagro Sala, y amenazan con encarcelar a Cristina Kirchner.
Sólo que la política y la vida de las sociedades son muy dinámicas y en parte imprevisibles. Así como no esperaban que la embestida contra la procuradora fuera frenada desde dentro de sus filas, menos aun esperaban que un organismo de Naciones Unidas pidiera la “inmediata liberación” de Milagro Sala, y además le temen al apoyo popular que Cristina recibe en cada aparición pública, como volverá a demostrarse mañana en los tribunales del barrio porteño de Retiro.
Las relaciones de fuerza que en ciertos momentos son muy favorables, en otro pueden cambiar y forjar una realidad distinta de la imaginada.
