Patricia Bullrich y Alberto Fernández no llegaron a un acuerdo en la mesa de mediación, luego de que la titular del PRO no se retractara de sus dichos contra el presidente y el Gobierno nacional sobre la llegada de vacunas Pfizer, desmentidos por la propia empresa estadounidense.
«Hemos ratificado nuestros dichos, mi opinión de que él no podía desconocer que no se estaba firmando un acuerdo con Pfizer que le podía salvar la vida a los argentinos porque él había estado con los directivos de la empresa», dijo la titular del PRO en declaraciones a la prensa a la salida del juzgado.
Las declaraciones de Bullrich tuvieron lugar en una entrevista televisiva a fines de mayo del año pasado, en pleno proceso de negociación internacional para incrementar la adquisición de vacunas, donde la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri acusó al Gobierno de exigir coimas a la empresa Pfizer para llegar a un acuerdo.
«No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero», había expresado la ex funcionaria de Cambiemos.
El gesto generó tal reacción que la propia farmacéutica Pfizer salió a desmentir la versión de Bullrich en un comunicado oficial y consideró las declaraciones de «gravedad institucional». Cabe destacar que Pfizer se convirtió en uno de los ejes centrales de Juntos por el Cambio para deslegitimar la campaña de vacunación llevada adelante por Nación.
Posteriormente, Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer Argentina, se presentó ante la Cámara de Diputados negando la presencia de intermediarios en la negociación y el pedido de «pagos indebidos».
Aún así, la presidenta del PRO este martes decidió seguir con su versión. El abogado Gregorio Dalbón, representante de Alberto Fernández, aseguró que la audiencia «fue tranquila y las partes no se juntaron porque no había retractación, entonces, no tenía mayor sentido. No me sorprende que Bullrich no se retracte, porque sabemos que ella utiliza todo esto para hacer campaña política».
La demanda continua entonces, por lo que ahora la Justicia deberá comprobar si Bullrich incurrió en el delito de difamación o no. Una de las pruebas del Ejecutivo es justamente la declaración de Vaquer.
El presidente exige un resarcimiento de 100.000.000 de pesos que, en caso de que la Justicia constate el delito, serán donados al Instituto Malbrán.