Por Brunella De Luca*
Nuevamente las cargas represivas de la sociedad, el Estado y el mercado recaen sobre las juventudes. En esta oportunidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano intenta reinstalar el debate destinado a bajar de edad de imputabilidad, de modo que jóvenes cada vez más jóvenes se incorporen al sistema penal.
Hace ya algún tiempo se puso en escena una determinada concepción de seguridad pública, articulada con ideas y valores de sectores que se proclaman como los legítimos merecedores de derechos civiles; amenazados por unos otros a los que “hay que descartar”. La idea de seguridad se articula persistentemente con el crecimiento descomunal del control y la represión hacia los sectores populares.
Entonces, resulta necesario redireccionar el debate de manera que se conciba que la cantidad de jóvenes que cometen delitos graves y que no son imputables no es representativa, y que recurrir a políticas punitivitas para resolver conflictividades sociales no se traduce en una disminución de los delitos que esperan evitarse. Sino, simplemente, se ensaya una respuesta demagógica frente a la presión mediática, y en sintonía con un modelo económico que no puede llevarse a cabo sin desplegar de forma sistemática estrategias represivas.
Por otro lado, consideramos de suma importancia estar alertas respecto del trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, en relación con el escaso abordaje vinculado a las tramas culturales y políticas sobre las que esta problemática se cimenta. En distintas oportunidades se ha presentado el tema proponiendo versiones que indican que emplear las garantías jurídicas que emanan de la Constitución implica promover el delito y buscar por cualquier medio la reducción de penas, y no simplemente respetar la perspectiva de derechos humanos que rige nuestro sistema judicial.
En continuidad con nuestra normativa debemos recordar que “en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura” (CEPOC, 2017). La reforma del Régimen penal de minoridad que promueve el Gobierno nacional implicaría retomar la edad establecida por la dictadura cívico-militar para ingresar al sistema penal, un sistema que se encargó de perseguir a las víctimas del neoliberalismo más que a la protección de los y las jóvenes.
Estas reflexiones nos permiten señalar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, la enorme necesidad de saldar las deudas con nuestras juventudes. Es decir, garantizar el ejercicio pleno de derechos y construir urgentemente una democratización del acceso y la administración de la justicia. Sólo de esa manera podremos renunciar, en definitiva, a los modelos fuertemente punitivos y adultocentricos de una justicia para pocos y cimentar una justicia al servicio de las mayorías.
* Becaria del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios.
