Por Fernando M. López
Uno de los habitantes de La Emilia, el pueblo de San Nicolás que esta semana quedó completamente bajo el agua mientras la gobernadora María Eugenia Vidal comenzaba sus vacaciones en las playas de México, difundió un video por las redes sociales para denunciar la desidia y el abandono de las autoridades estatales en plena etapa de reconstrucción.
“En la madrugada del lunes se empezó a inundar. Gente amiga mía, a la mañana, ya había perdido todo. El lunes a la noche todos teníamos por lo menos medio metro de agua en nuestras casas. Algunos tuvieron hasta dos metros […] El mayor representante del municipio (Ismael Passaglia) nunca estuvo y recién el martes, cuando llegaron los canales de televisión, empezó a haber presencia de la Provincia, que hoy nos abandonó. Hoy, jueves, se fue la Provincia y se llevaron todo”, relató el vecino.
La senadora bonaerense Cecilia Comerio, que coordina las tareas solidarias de militantes de La Cámpora en la zona, confirmó a Contexto que los equipos que habían dispuesto los Ministerios de Salud y Desarrollo Social “decidieron retirarse”, pese a que la situación sigue siendo “catastrófica”.
“Lo que tenemos es un gran abandono por parte del Estado provincial. Si la gobernadora se va de vacaciones en plena crisis, la verdad es que no podemos esperar mucho de sus funcionarios. Y el Municipio tampoco da respuestas. A lo sumo pide que la gente vaya a censarse a la delegación; una locura porque cada persona está abocada a la limpieza de su casa”, comentó.
Otros no tienen la misma suerte. Todas las viviendas del barrio Villa Hermosa, en las afueras de La Emilia, fueron declaradas en riesgo de derrumbe y ahora las familias que las habitaban deben arreglárselas como pueden para encontrar un nuevo techo.
“Les pusieron cintas perimetrales, pero el intendente no dio ninguna solución concreta. Ese hecho se repite en muchísimos barrios, donde aún no llegó un asistente social, donde las casas están llenas de mugre y donde los camiones recolectores no pasan”, enumeró Comerio.
La legisladora planteó la necesidad de obras para mitigar las inundaciones, mayor control para evitar los canales clandestinos en los campos, un sistema de alerta temprana y el restablecimiento de la unidad de Defensa Civil, ya que en San Nicolás no existe desde que la disolvió el propio Passaglia.
“La provincia de Buenos Aires no se inunda por casualidad. En la región norte, San Nicolás, Pergamino, Colón, Arrecifes y Salto se inundaron el 26 de diciembre, por segunda vez el 3 de enero y volvieron a inundarse el domingo pasado”, sostuvo, y subrayó que “aquel que diga que esta era una situación que no se preveía, miente”.
Pergamino
La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino también exigió en las últimas horas la presencia del Estado provincial, ya que el partido vuelve a estar en estado de alerta debido a la crecida del arroyo homónimo que recibe agua desde otras localidades.
“Nuevamente aparece el fantasma, y todo esto mientras la gobernadora disfruta de sus vacaciones en el paradisíaco Caribe Mexicano”, indicaron en un comunicado.
En tanto, el intendente local Javier Martínez, al igual que su par de San Nicolás, retacea la asistencia a los damnificados, sobre todo entre los sectores más postergados, que son los que sufren en mayor medida las consecuencias de cada lluvia.
El jueves, unas trescientas personas que viven en barrios vulnerables, como el Kennedy y el José Hernández, se movilizaron hasta el Palacio Municipal en reclamo de un subsidio para poder enfrentar los efectos de las últimas inundaciones. Martínez se negó a recibirlas, aunque lograron reunirse con su secretario de Gobierno, Carlos Pérez, quien recién accedió a analizar el pedido cuando la cosa se puso tensa.
Otros sectores demandan la renuncia del responsable de Defensa Civil, Ricardo Bari. Lo responsabilizan de no haber dado la alerta para que los pergaminenses tomaran recaudos necesarios ante el temporal del fin de semana pasado, a pesar de que contaba con los informes meteorológicos que anticipaban el desastre.
Rubén Santucho, presidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, dijo a Contexto que no se puede seguir postergando la construcción de la represa en Pergamino. Se trata de un proyecto elaborado hace más de veinte años por la Comisión de Seguimiento de Obras Pluviales del distrito (Cosopper), creada con participación ciudadana luego de la histórica inundación del 7 de abril de 1995.
“Es una obra tan grande que requeriría de fondos internacionales, una represa de hasta catorce metros de altura, a siete u ocho kilómetros de la ciudad, para contener el agua y controlar el caudal del arroyo”, detalló Santucho, y recordó que el pasado 5 de enero hubo una multitudinaria movilización bajo la consigna “Basta de promesas, queremos la represa”.
Más allá de las obras necesarias, el defensor de los derechos humanos apuntó contra el modelo de “sojización” como principal responsable de las inundaciones, al afectar “la normal absorción de los suelos”.
“Hasta ahora, los que planteamos esto somos voces en el desierto. Esperemos que en algún momento se tome conciencia de que estamos sufriendo las consecuencias de semejante daño a la naturaleza”, subrayó Santucho.
Un modelo salvaje
En sintonía con el planteo del titular de la Asociación por la Memoria de Pergamino, cabe destacar la reciente declaración de las cátedras libres de Soberanía Alimentaria y Agroecología de las universidades de Buenos Aires (UBA), Luján (UNLu) y Córdoba (UNC), junto a la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), para advertir sobre las consecuencias del modelo productivo extractivista.
“Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes. Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse sólo en la provincia de Santa Fe más de un millon de hectáreas bajo el agua”, remarcan.
En el documento se mencionan estudios realizados por Universidades públicas y especialistas de distintas disciplinas que ratifican que los cultivos de raíces pequeñas, como la soja transgénica, no permiten la infiltración profunda o la evaporación; que la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas; y que la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotoxicos en cada campaña compacta los suelos y los convierte en un “vidrio” en el que rebota el agua.
También señalan a los responsables de las catástrofes, que “son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos”.
“Urge la toma de responsabilidad por parte del Estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de ‘emergencia agropecuaria’, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos”, concluyen los expertos.
