A pesar de la oposición de los vecinos platenses, el paso bajo nivel de 1 y 32 sigue avanzando, llevándose consigo buena parte del verde y la arboleda de la zona. Ahora, la empresa constructora cerrará 1 entre 31 y 532 por cuatro meses, afectando así el tránsito y el día a día de los tolosanos, que desde hace dos años vienen advirtiendo las consecuencias de la obra y la ilegalidad de la misma.
Según detallaron desde la Municipalidad de La Plata, en una especie de manual de instrucciones difundido en las últimas horas recomiendan a aquellos conductores que vengan por avenida 1 –sentido a Tolosa– por la mano más cercana a calle 7 desviarse por 37, 35 o 33 hasta 6 y cruzar por esta calle a avenida 32.
Por otro lado, quienes transiten por la mano más cercana a avenida 120 podrán ir hasta 32 y continuar por diagonal 83 hasta 117, para seguir por esta calle y empalmar la avenida 532. En tanto, quienes circulen por avenida 32 podrán pasar avenida 1, tomar el boulevard 83 y salir del casco urbano por calle 117 o doblar en esta y retomar por avenida 532, en sentido a avenida 7. Según precisaron, los pasos por las vías quedarán abiertos.
El miércoles los vecinos irán a la Corte Suprema bonaerense a exigir una respuesta antes de la feria por la denuncia por violaciones a ordenanzas, y no descartaron llegar a la Corte Suprema Nacional.
Cabe recordar que el paso bajo nivel de 1 y 32 es parte de las obras de electrificación de la Línea Roca, y tendrá como objetivo eliminar las barreras que hoy regulan el paso de los automóviles, permitiendo una mayor frecuencia ferroviaria en el tramo Constitución-La Plata, al tiempo que se plantea una mayor fluidez en el ingreso de autos a la ciudad. Los vecinos que exigen el soterramiento del tren entienden que la obra impulsada por el Ministerio que conduce Guillermo Dietrich no solo tendrá un impacto ambiental sobre la zona, por la quita de alrededor de trescientos árboles de la rambla de 32 así como de las plazas de 1 y 38, sino que además perjudicará notablemente el tránsito y el día a día.
«No hay difusión de lo que se va hacer. Son todas noticias sobre la marcha, hay una falta de planificación del Estado brutal en esto. Más grave es aún porque en noviembre del año pasado, por expediente, le pedimos con la Facultad de Arquitectura –firmado por todos los directores del instituto de la Facultad e incluso el decano– al intendente Julio Garro que antes de hacer nada se hiciera una prueba en tiempo real para medir la forma en la que se iba a mover el tránsito, cómo se iba a distribuir la zona, no solo durante la obra sino a futuro», explicó el arquitecto y vecino tolosano Gustavo Cremaschi en diálogo con Contexto.
Tal simulacro no se hizo. Fueron los propios vecinos quienes con una intervención urbana recrearon en marzo de este año cómo afectaría sus vidas cotidianas esta obra, afectando «a nivel urbanístico y también a nivel comercial y económico».
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Los vecinos llevaron el caso a la Justicia Federal, al mismo tiempo que iniciaron un expediente ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Según detalló este ente, no existen en los registros internos antecedentes de presentaciones o solicitudes de estudios del impacto ambiental en la zona para ejecutar tamaña obra.
Cremaschi: «El estudio de impacto ambiental, que no ha pasado ni siquiera por la Provincia, no se ha previsto básicamente lo que se llama el impacto indirecto; no solamente el área del cruce de la vía, sino el área más grande que incorpora escuelas, comisarías, hospitales».
«El estudio de impacto ambiental, que no ha pasado ni siquiera por la provincia, no se ha previsto básicamente lo que se llama el impacto indirecto; no solamente el área del cruce de la vía, sino el área más grande que incorpora escuelas, comisarías, hospitales», detalló Cremaschi.
«Lo que estamos viviendo como vecinos es lo que la empresa dispone como para hacer la obra, y los intereses de la empresa, serán lícitos o no, son sus intereses; el interés comunal tiene que estar por el lado del gobierno municipal o provincial. En la práctica vemos que se cierran calles, se abren, se tapa la visual, se cortan árboles y en realidad la ciudadanía platense no sabe qué se está haciendo, cosa que venimos pidiendo que se explique hace mucho tiempo. Están destapando una caja que no se sabe qué hay adentro», agregó el arquitecto.
«Lo que estamos viviendo como vecinos es lo que la empresa dispone como para hacer la obra, y los intereses de la empresa, serán lícitos o no, son sus intereses; el interés comunal tiene que estar por el lado del gobierno municipal o provincial»
En este marco y con la obra avanzando rápidamente, los vecinos esperan respuestas de la Justicia Federal, mientras concejales y diputados presentaron diferentes proyectos en donde exigen que se avance con los estudios de impacto ambiental. Uno de los últimos planteos por parte de los tolosanos fue en la Corte Suprema de la provincia. Allí plantearon que la obra vulnera la Ordenanza Municipal 7811, que prohíbe la construcción en Avenida Circunvalación (en este caso, 32), área protegida de La Plata, y el artículo 27 de la Ley Orgánica de los Municipios, que establece que las obras de este tipo deben pasar por el Concejo Deliberante.
Desoyendo estas normativas y sin reacción alguna de la Municipalidad de La Plata, la obra sigue avanzando. En este marco, el día miércoles los vecinos irán a la Corte Suprema bonaerense a exigir una respuesta antes de la feria judicial, al tiempo que no descartan llevar el caso a la Corte Suprema nacional.