Por Eduardo Aller
Por sus implicancias a futuro y por su carácter inédito, hoy se inicia una instancia que puede ser considerada histórica: se abre por tres días el registro para conformar el Consejo Federal de la autoridad de aplicación sobre el mercado de Internet y las telecomunicaciones. Se trata de una de las etapas previstas en la Ley Argentina Digital, votada por el Congreso en diciembre de 2014 y que, por primera vez, le dará un marco regulatorio al sector.
En concreto, mediante la resolución del Gobierno nacional 17/2015 publicada el viernes, “se creó el registro de entidades interesadas en participar como integrantes del Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización”. Según se explica, “las organizaciones que pueden postularse son aquellas que agrupen a prestadores de telefonía fija y móvil, de conectividad e Internet y aquellos sin fines de lucro del área de las telecomunicaciones”.
También podrán incluirse “las entidades sindicales de trabajadores y empresas y asociaciones de consumidores”. En todos los casos, se aclara, “los organismos deben poder acreditar un mínimo de dos años de desempeño en sus actividades”. Las planillas y los requisitos pueden encontrase en la página web de la Secretaría de Comunicaciones.
La expectativa puesta en el desarrollo de la implementación de esta nueva normativa es mucha. De repente, y como se esperaba en la Casa Rosada, se alzaron las voces críticas que nada habían dicho en los últimos cuarenta años, mientras regía la Ley de Telecomunicaciones de 1972, aprobada durante la dictadura de Agustín Lanusse.
Es que, como sucedió con la Ley de Medios, el Grupo Clarín es el principal detractor, ya que con su empresa Fibertel domina, junto a Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet), el mercado de internautas nacional.
En ese sentido, desde el autoproclamado “gran diario argentino” no tuvieron reparos en publicar que “crean un mega organismo para controlar todas las telecomunicaciones”, en el cual “La Cámpora manejará una caja de $15 mil millones y 20 mil personas”.
“Eso es una chicana barata. Los sectores que presionaron contra la Ley ahora presionan sobre la regulación”, dijo a Contexto el diputado nacional kirchnerista Mario Oporto, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática y miembro informante del oficialismo durante el debate en la Cámara Baja. “La ley es antimonopólica y busca que el acceso a las telecomunicaciones sea para todos igual”, agregó.
En paralelo, ya comenzó la cuenta regresiva para la puesta en funcionamiento de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), que fue incluida como regente de las TIC a imagen y semejanza de la AFSCA y por pedido de la oposición en el debate parlamentario.
La AFTIC contará con siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres seleccionados por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización; un representante de las provincias y la CABA; y uno designado por el Consejo Federal. Todas las propuestas deberán ser avaladas por el Poder Ejecutivo.
Por eso, la AFTIC necesita de la previa convocatoria al Concejo, el cual tendrá la siguiente estructura de 34 sillas:
-24 en representación de cada una de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en este caso, son cinco días hábiles de plazo y debería corresponder con la máxima autoridad en la matera de la jurisdicción).
-3 por las entidades sindicales de los trabajadores de los Servicios de TIC.
-2 por las entidades que agrupen a los prestadores de telefonía fija y móvil (uno debe provenir de las Pymes).
-1 por las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de lucro de telecomunicaciones.
-1 por las entidades prestadoras de conectividad, servicios de banda ancha o Internet.
-1 por el Consejo Interuniversitario Nacional.
-1 por las empresas o entidades proveedoras del Ministerio de Planificación Federal.
-1 por las asociaciones de usuarios y consumidores registradas con actuación en el ámbito de las TIC.
Objetivos y fundamentos de la Ley Argentina Digital
La Ley 27.078, llamada Argentina Digital, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 16 de diciembre de 2014 y promulgada por el Poder Ejecutivo dos días después. Su objetivo es “declarar de interés público y posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.
La regulación también busca ser antimonopólica, ya que “busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución, de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro”.
Quedan bajo su órbita todas las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a Internet, los envíos satelitales y la TV por cable; un sector con alta concentración, ya que cuatro conglomerados (Telefónica, Telecom, Telmex y Grupo Clarín) se reparten el 80% de los ingresos infocomunicacionales.
Durante la última década, el sector de las TIC se convirtió en uno de los de mayor crecimiento. Por ejemplo, de un total de 4,5 millones de líneas móviles de teléfonos activas en 2003, se pasaron a 45 millones en 2014 (los informes privados hablan 67 millones de líneas, con 37 millones en actividad). En tanto, el 95,4% de los hogares argentinos acceden a algún tipo de teléfono.
En lo que respecta al servicio de Internet, su penetración, entre 2008 y 2013, creció en más de un 400%. Mirados en detalle, de estos números surge que el 52,8% de los hogares disponen de al menos una computadora, y que el 43,8% acceden a la red de redes.
Por otro lado y en lo referido a políticas, según Presidencia, a través del Plan Argentina Conectada se construyeron 30 mil kilómetros de fibra óptica (25.800 de red troncal federal y 4.200 de redes provinciales), con lo cual se logró alcanzar 1.461 localidades del país.
En tanto, se creó el Centro Nacional de Datos de ARSAT y se fundaron diez Empresas Públicas Provinciales de Telecomunicaciones para administrar las redes. En ese recorrido se inició la instalación de 2.428 estaciones satelitales de conectividad a Internet para Establecimientos Educativos Rurales y de Frontera. También se entregaron 4,5 millones de netbooks a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas desde 2010 a la fecha, en el marco del Programa Conectar Igualdad.
