Por Gabriela Calotti
Angie Velásquez Ramírez tenía 37 años. Había nacido en Perú pero eligió La Plata para vivir. El 18 de febrero fue detenida en la calle. Primero la tuvieron unos veinte días en la Comisaría Nº 11 de Ringuelet “en condiciones intolerables”, luego la llevaron a la Cárcel Nº 32 de Florencio Varela y después a la 22 de Lisando Olmos.
“Además de recibir insultos, agravios, humillaciones y todo tipo de violencias por parte del personal policial durante su detención, nunca le fueron provistos los medicamentos que necesitaba y, sumado a las condiciones de detención deplorables, su salud se deterioró en menos de un mes”, afirmó OTRANS en un comunicado difundido por las redes sociales.
El miércoles se descompensó. Tres de sus compañeras de militancia vieron su cuerpo en la cárcel de Olmos bastantes horas después de su muerte. “El director del penal nos tuvo una hora esperando porque no nos quería mostrar a Angie cuando le decíamos que no nos íbamos a ir hasta que la pudiéramos ver”, explicó el viernes Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina, frente a la Fiscalía platense junto a otras compañeras visiblemente afectadas por la muerte de Angie ante un nutrido grupo de periodistas.
“Estamos acá para denunciar cómo la Justicia está matando a nuestras compañeras. Acá tienen el nombre del juez asesino, que es el que detiene a nuestras compañeras, que aun habiéndole acercado como organización de la sociedad civil y como trans los pedidos de hábeas corpus para la morigeración de la pena o la domiciliaria, haciéndole saber que cada una de nuestras compañeras tienen una enfermedad crónica, no hizo nada”, sostuvo Vásquez Haro.
Tras la detención de Angie, esa organización le entregó al juez de Garantías Juan Pablo Massi –el mismo que ordenó la represión de los choferes de la línea Este y 520 en octubre pasado– un sobre cerrado con los estudios médicos que acreditaban su enfermedad crónica. Sin embargo, el magistrado, interviniente en otras causas por detenciones y supuestas infracciones a la Ley de Drogas junto al fiscal Alvaro Garganta de la UFI Nº 11, “nunca nos convocó a una audiencia ni hizo lugar a nuestros pedidos”, sostuvo Vásquez Haro, directora de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. “La dejaron que se muera. Es así como opera la Justicia y el poder dentro de las cárceles.”
“Venimos a decir basta de persecución, basta de criminalización porque este Estado de derecha, desde Nación, Provincia y el Municipio, desde que asumió el poder, persigue a las compañeras con mano dura y termina matándolas”, sostuvo la dirigente antes de subrayar que la muerte de Angie es la segunda en menos de tres meses.
El 1º de enero, en el penal de Florencio Varela falleció Pamela Macedo Panduro, peruana de 29 años de edad detenida a principios de noviembre de 2016. Había sido elegida Miss Latinoamérica Trans 2014 y era militante de OTRANS Argentina.
“Fue el mismo modus operandi, es decir, el armado de causas, la connivencia de la Justicia y también el maltrato que sufren las compañeras en situación de encierro por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, denunció Vásquez Haro, que pidió establecer responsabilidades.
“Acá hay responsables de todo tipo: los médicos del hospital ‘Mi Pueblo’ de Florencio Varela, donde les ponen suero y después las vuelven a llevar al penal. También denunciamos al Ejecutivo. Al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón; él está al tanto de toda la violencia sistemática; hay responsabilidad de la Justicia de Massi, de la fiscal, de las defensoras que no hacen nada mientras se van muriendo nuestras compañeras, y del Servicio Penitenciario”, enumeró.
“Angie fue detenida el 18 de febrero en la vía pública en un procedimiento ilegal. Supuestamente le encontraron menos de dos gramos de cocaína. Con total impunidad, la mantuvieron detenida en una comisaría, pese a que eso es ilegal”, afirmó a la prensa una de las abogadas de OTRANS, Luli Sánchez.
Vásquez Haro fue firme a la hora de denunciar también la xenofobia que rodea estas muertes de militantes por los derechos humanos y civiles. Angie, al igual que Pamela Macedo Panduro, era de nacionalidad peruana.
“Eran peruanas y sobre todo militantes de OTRANS. Esto no es azaroso. Hay un ensañamiento con las compañeras militantes en esta embestida de la derecha. Somos las únicas que hemos ocupado el lugar de denuncia”, tal como hicieron igualmente ante organismos internacionales como Naciones Unidas.
En 2016 OTRANS Argentina presentó un informe a la ONU sobre el impacto negativo y la sobrerrepresentación de mujeres trans y travestis privadas de su libertad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. “Los organismos internacionales están al tanto”, aseguró antes de adelantar que “ahora lo vamos a reportar al Comité Contra la Tortura” (CAT) pertenenciente a la ONU.
“Estamos muy preocupadas porque la tasa de morbimortalidad es muy alta en los pabellones para mujeres trans y travestis de Florencio Varela”, precisó Vásquez Haro, indicando que las mujeres trans y travestis con enfermedades crónicas tienen el derecho de acceder a la prisión domiciliaria. “Esta es la crueldad de la Justicia”, afirmó con dolor e indignación la referente de trans y travestis del país.
Hacía diez años que Angie Velásquez Ramírez vivía en Argentina. “Era militante activa de OTRANS y tenía un proyecto de vida”, sostuvo Vásquez Haro, rodeada por sus compañeras frente a la Fiscalía, antes de recibir el apoyo de la concejala platense Florencia Saintout (FpV Nacional y Popular).
Una muerte anunciada
“La muerte de Angie es una muerte anunciada que se podría haber evitado. El Estado no estuvo ausente, estuvo presente produciéndola”, afirmó la edil, que no dudó en criticar a los Gobiernos municipal, provincial y nacional porque “estas son muertes que produce el Estado neoliberal” y esta “caterva de jueces que no se hacen cargo de sus responsabilidades”.
“La población trans en la ciudad de La Plata está cada vez más acorralada, más golpeada. En tres meses hay dos muertes de dos compañeras en el olvido más absoluto del Estado”, afirmó Saintout, para quien deben darse “discusiones muy profundas en la sociedad contra los prejuicios”, y recordó las palabras que durante la campaña electoral el actual intendente macrista Julio Garro dijo: que «ser trans y cambiar de identidad es una enfermedad”.
“Estamos tremendamente consternados por el hecho de que una persona muera en uno de los lugares más olvidados como son las cárceles”, aseguró.
Interrogada sobre si hay políticas públicas desde el Municipio hacia estos colectivos, Saintout fue tajante: “Ninguna. No hay ninguna”, y opinó que “pueden ser mayoría o minoría, puede gustarnos más o menos, pero esta población existe y hay que tener políticas públicas que dignifiquen a las compañeras trans y a toda la sociedad” porque “cuando cada sector social y cada actor de la sociedad vive dignamente, la dignidad no es sólo para ese sector, sino para toda la sociedad”, afirmó la concejala kirchnerista.
Comunicado de OTRANS
La Plata. Viernes 17 de marzo de 2017
Comunicado oficial: sobre a muerte de Angie Velásquez
El 16 de marzo de 2016 recibimos la triste noticia del asesinato de la compañera Angie Velásquez. El mismo es responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien, a sabiendas de las condiciones de salud de la compañera, no sólo la abandonó dejándola en un calabozo sin comer, sino que la sometió a torturas psicológicas, como el aislamiento, el abandono y el sometimiento por su condición de migrante, de trans y de negra.
Angie Velásquez, con 37 años de edad, fue detenida el 18/2/2017 en un operativo a cargo del fiscal Garganta (comisaría 9ª de La Plata) y su detención fue avalada por el juez de garantías Nº 4, Juan Pablo Massi. Desde esa fecha hasta el 9 de marzo de 2017, permaneció detenida en la comisaría de Ringuelet N° 11 de la Plata. El día 9 de marzo aproximadamente fue trasladada a la U. 32 de Florencio Varela, alojada en el pabellón 11, a pesar de su delicado estado de salud.
De todo esto fue advertido el magistrado actuante, quien hizo caso omiso a la información brindada. El día 2 de marzo de 2017 desde OTRANS Argentina presentamos un habeas corpus correctivo denunciando el agravamiento de las condiciones de detención de Angie dado que no recibía comida ni agua ni los medicamentos. A su vez el lugar de detención resultaba inadecuado para las enfermedades crónicas que padecía desde su ingreso a la comisaría. Este habeas corpus fue rechazado por el juez Massi. El día 12 de marzo desde OTRANS nos comunicamos a la fiscalía de turno correspondiente, donde nos atendió el fiscal adjunto Granados. En esta comunicación Claudia Vázquez Haro transmitió la situación de salud grave en la que se encontraba Angie, solicitando su traslado urgente al hospital Mi Pueblo de dicha localidad, a fin de que se brindara atención médica a Angie, ya que en dicho pabellón no se cuenta con atención médica,
Asimismo, OTRANS se comunicó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quienes informaron que ante el requerimiento realizado por OTRANS Angie habría sido visitada por una enfermera. La misma habría constatado que Angie presentaba un cuadro febril con 39 grados de fiebre y se informó que habría sido trasladada al hospital Mi Pueblo donde le habrían brindado suero y volvió al pabellón 11 de la U. 32 esa misma noche. El martes 14 de marzo la Secretaría de Derechos Humanos concretó una visita a Angie en el Pabellón, y se les habría informado que la misma nunca fue trasladada al hospital Mi Pueblo y tampoco nunca fue visitada por personal de salud en el pabellón de la U. 32. En virtud de ello, se dispuso el traslado de Angie al Hospital intramuros de la U. 22 de Olmos. El 16 de marzo de 2017 se informó desde la Secretaría de Derechos Humanos a OTRANS que Angie había sido trasladada a dicha Unidad penitenciaria y que podían ir a visitarla, pero cuando sus compañeras llegaron a la U. 22, luego de horas de dilaciones, el personal de dicha unidad informó que Angie había fallecido, y les mostraron a sus compañeras su cadáver, no brindándose más información respecto de la hora, lugar y condiciones de su deceso.
¿Cuál es la política de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, asesinar y torturas a las compañeras migrantes, que son travestis o trans y que además pertenecen a una organización de la sociedad civil que se encarga de denunciar sistemáticamente los actos vejatorios incurridos por parte de estos sectores del Estado? Esto se trata claramente de un ataque a nuestras identidades, a nuestros cuerpos y a nuestra patria. Esto se trata de un travesticidio, de un crimen de odio. Vamos a pelear para que los responsables se hagan cargo y además se de una transformación real en el Servicio Penitenciario Bonaerense, como el fallo que hemos logrado luego de la muerte de nuestra compañera Pamela Macedo Panduro.
