Por Gabriela Calotti
Bibliotecarias y representantes de unas setenta bibliotecas populares de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires reclamaron el miércoles al Gobierno de María Eugenia Vidal el pago “inmediato y permanente” de las subvenciones que les adeuda desde mayo, poniendo a las quinientas bibliotecas populares bonaerenses al borde del abismo, y la “reglamentación en forma perentoria” de la Ley 14.777 sancionada en 2015.
“Todas las bibliotecas, desde la más joven hasta la que tiene cien años, estamos en riesgo de extinción”, afirmó a Contexto Marina, de la Biblioteca “Salvador Bel” de Munro, una de las numerosas bibliotecarias que se concentraron antes del mediodía en las puertas de la Biblioteca Central de la Provincia, en la esquina de 5 y 47.
“Los primeros tres meses del año los pagaron en mayo, y a partir de ahí no pagaron nunca más”, explicó por su parte Noel, docente voluntaria en la Biblioteca “20 de diciembre” de Escobar, poco antes de ingresar al edificio donde los recibió Natalia Hidalgo, la responsable de la Dirección de Bibliotecas de Vidal.
“Los primeros tres meses del año los pagaron en mayo, y a partir de ahí no pagaron nunca más”. Noel, de la Biblioteca 20 de diciembre.
Inmediatamente, las bibliotecarias sacaron pancartas con inscripciones de colores: “+ Bibliotecas – CEOS”, “Arriba los libros” o “Los libros no callan”.
Coincidieron en las trabas que desde el Gobierno bonaerense les pusieron durante todos estos meses cada vez que llamaban a la Dirección de Bibliotecas para interiorizarse sobre el estado del trámite de cobro. “Nos decían que faltaban datos, no estaba el CBU, que teníamos que actualizar el número de cuenta o quiénes eran las personas autorizadas para retirar el dinero del banco”, explicó Noel al enumerar los obstáculos que fueron encontrando para cobrar el subsidio que equivale a un salario docente de 7.800 pesos.
Adrián, de la biblioteca popular “Tupac Amaru” del barrio platense de Villa Castels, dedicada particularmente a literatura infantil, explicó que su situación es dramática “porque nos tenemos que ir del lugar, donde pagamos un alquiler de 3.200 pesos, y no tenemos con qué ni a dónde”. Ubicada en 504 entre 9 y 10 cuenta con un arsenal de 12.000 libros para los chicos del barrio, que también participaban de las actividades de la huerta.
“Ya no aguantamos más. Nosotros pagamos un alquiler de 7.000 pesos”, reclamó por su parte Marina, de la biblioteca popular “José Ingenieros” de Don Torcuato. “El Estado debe garantizar el acceso de la gente a los libros”, agregó esta bibliotecaria que reivindicó las bibliotecas populares como espacios que “también permiten detectar situaciones en el barrio”.
La mayoría de las bibliotecas imparten talleres de lectura, de literatura infantil, cursos, clases de apoyo escolar, capacitación para estudiantes de profesorados, o simplemente usan el espacio para estudiar y no sólo reciben a niños, sino también a adultos y a mayores.
“Es un espacio de reunión muy importante para toda la comunidad”, aseguró Noel de Escobar, que hizo hincapié en que el sueldo del bibliotecario se está pagando con aportes de los socios y bonos solidarios para “mantener sus aportes sociales”. “Ya no tenemos forma de seguir sosteniéndolo. Estamos en una situación crítica”, subrayó.
Representantes de bibliotecas populares de Escobar, Tigre, Garín, Don Torcuato, Florencio Varela, Tres Arroyos, Tandil, y de varios barrios de La Plata, hicieron llegar un breve documento de tres puntos al ministro de Gestión Cultural.
Representantes de bibliotecas populares de Escobar, Tigre, Garín, Don Torcuato, Florencio Varela, Tres Arroyos, Tandil, y de varios barrios de La Plata, hicieron llegar un breve documento de tres puntos al ministro de Gestión Cultural de Cambiemos, Alejandro Gómez, y a Natalia Hidalgo, al frente de la Dirección de Bibliotecas.
En el mismo reclamaron la “regularización inmediata y permanente del pago en tiempo y forma”; la “reglamentación de la Ley 14.777 en forma perentoria” para poner en marcha el Sistema Provincial de Bibliotecas, y la “promoción de una política bibliotecaria real”.
La Ley 14.777, sancionada en agosto del año pasado, declara la lectura como un derecho humano y aumenta considerablemente los fondos para las bibliotecas populares, entre otros beneficios. Sin embargo, Vidal prefiere mantener vigente el decreto-ley de la última dictadura cívico-militar para seguir regulando la actividad.
Los funcionarios se pasan la pelota
Hidalgo los recibió en la sala de conferencias del primer piso del edificio de la biblioteca de la provincia, pero inmediatamente les dijo que “ella no podía resolver nada”, y entonces hizo venir a un funcionario de la Dirección General de la Administración (DGA) que se identificó como Francisco Barata.
“Todos los pagos tienen que pasar por Tesorería de la provincia y estamos buscando la manera de retrotraerlo al funcionamiento de antes, cuando el Instituto de Cultura era autárquico”, dijo el responsable provincial, antes de afirmar ante las bibliotecarias que “estamos pidiendo al Ministerio de Economía que nos habilite para pagar a nosotros de la forma más rápida”.
Barata se comprometió a “pagar hasta diciembre. Estamos haciendo quinientos expedientes y lo vamos a hacer por cuatro meses y ver si en diciembre nos ponemos al día”, precisó.
“Esperemos que el Ministerio de Economía firme la resolución de excepción. Es una decisión política”, fue la respuesta del gobierno bonaerense.
“Esperemos que el Ministerio de Economía firme la resolución de excepción. Es una decisión política”, dijo Barata, que parecía pertenecer a otro Gobierno. “Yo vengo acá y pongo la cara para destrabar el problema”, dijo.
“En estos meses nos pidieron hasta el ADN y seguimos sin recibir el subsidio”, se quejó tajante una de las bibliotecarias, mientras varias voces en la sala pidieron irse con algún compromiso firmado.
Se fueron con un “documento” de un párrafo en el cual Hidalgo se comprometió simplemente a que “la subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia, Alejandra Ramírez”, reciba a “cuatro” representantes de las bibliotecas el próximo 16 de noviembre.
Una de las bibliotecarias recordó que en la última reunión que mantuvieron con Ramírez “nos dijo prácticamente que las bibliotecas populares íbamos a desaparecer y nos fuimos muy desanimados”.
