Desde el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019, la dictadura de Jeanine Áñez ha realizado una brutal persecución política (una verdadera cacería) contra periodistas, dirigentes sociales y opositores al gobierno de facto.
En un burdo intento por maquillar el golpe de Estado, el gobierno de Áñez anunció la convocatoria a elecciones presidenciales (tuteladas por organismos que responden a Estados Unidos, como la OEA, la USAID y la NED) para el 3 de mayo de este año. Como era de prever, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), encabezado por Salvador Romero (un hombre estrechamente vinculado con el Departamento de Estado norteamericano), proscribió a Evo Morales y le impidió ser candidato a senador con la excusa de que en este momento no está residiendo en Bolivia (cabe recordar que, tras el golpe de Estado, Morales debió exiliarse porque su vida estaba amenazada por los golpistas, que habían puesto precio a su cabeza).
Desde los sectores del Poder Judicial que responden al gobierno de facto abrieron causas contra los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), incluso contra el candidato a presidente Luis Arce, para tratar de derrumbar la estructura política que podría recuperar la democracia en Bolivia.
Pocos días antes del 3 de mayo, la dictadura de Áñez anunció que suspendía las elecciones por noventa días. Nada indica que, una vez cumplido este plazo, se realicen y se hagan de modo trasparente, democrático y que respete la voluntad popular que se exprese en las urnas.
El pasado 22 de mayo, en una nueva actitud autoritaria y antidemocrática, un grupo de militares vestidos de fajina, encabezados por el general Sergio Orellana, irrumpió en la Asamblea Plurinacional y les dio un ultimátum a los legisladores exigiéndoles que aprobaran los ascensos dictaminados por el gobierno de facto.
Mientras el autoritarismo avanza, la pandemia (sumada a la corrupción e ineficiencia del gobierno) hace estragos en Bolivia.
El departamento de Beni se declaró en colapso sanitario. A tan solo un mes de ser descubierto el primer caso de COVID-19 allí, ya supera los 1.242 contagios y 77 muertos.
En Trinidad, capital de Beni, al menos la mitad del personal sanitario se encuentra contagiado, por lo cual han dejado de prestar servicios.
La falta de insumos médicos, tanto para tratar a los pacientes (medicamentos, respiradores, etcétera), como para que los profesionales puedan cumplir con su tarea (guantes, barbijos, etcétera) es generalizada.
En ese marco, un nuevo escándalo de corrupción estalló en el gobierno al descubrirse una compra de respiradores con sobreprecio. Escándalo que ya causó la destitución del ministro de Salud, Aníbal Cruz, y que todo indica que involucra al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y Jeanine Áñez.
La dictadura de Áñez, Murillo y sus socios se ha transformado en sinónimo de dolor, muerte y sufrimiento. Oscuros personajes que dejarán una triste mancha en la historia de Bolivia.
