Por Ernesto Eterno
Más allá de la querella conceptual acerca de la institucionalidad que se pretende aplicar, queda claro que son las decisiones políticas las que señalan el rumbo de la política exterior. Dime lo que decides (autónomamente o no) frente al mundo y te diré quién eres, reza el adagio popular.
Provengan o no las decisiones de la esquina de la Plaza Murillo o de la Avenida Arce, lo cierto es que el imperativo es la destrucción por ultraje de la política exterior del gobierno derrotado. El nuevo gobierno necesita sustituir los aparentes mitos de la política exterior del «Vivir Bien», como el resto de políticas gubernamentales, para justificar una «transición gobernable». La legitimación del «buen gobierno» pasa entonces por la construcción de un nuevo relato político sobre los escombros del pasado inmediato, ya sea como venganza o como explicación de su inviabilidad.
Se trata, pues, de lapidar el posicionamiento del Estado Plurinacional en el concierto de las naciones, borrar los grandes logros sociales y económicos, satanizar el liderazgo de Evo Morales y mostrar el potencial del proceso de cambio como una caricatura del socialismo del siglo XXI. En suma, la meta es demostrar que las relaciones exteriores de trece años fueron un solemne fracaso y que lo que conviene ahora es reparar el daño, especialmente en la relación bilateral con los Estados Unidos. No es para menos: los actuales funcionarios sienten que la retórica antiimperial de Evo Morales y su gobierno constituye poco menos que una afrenta al «hermano mayor» que debe ser desagraviada. Sin embargo, la mayoría de ellos prefiere olvidar que Bolivia logró universalizarse por el liderazgo indígena y el conjunto de políticas sociales y económicas que sacaron de la ruina a más de la mitad de la población.
La reconstrucción de la política exterior del nuevo régimen de facto no depende ni de la burocracia posmoderna ni de la nueva canciller, peor aún de la posibilidad de autodeterminación estatal, que es una quimera, como de la benevolencia de la potencia hegemónica. La debilidad gubernamental es tan volátil que su permanencia dependerá de lo que diga o haga Washington y sus aliados en su favor. Teniendo en cuenta que su proyección internacional depende del prisma norteamericano, la prioridad de la Administración de facto es priorizar la «normalización» de la relación. Este ejercicio de vuelta al pasado significa llevar a cabo una suerte de «extirpación idolátrica» para apaciguar la ira imperial. Más de una década con los indios en el poder, fanáticos nacionalizadores y ejerciendo una retórica antiimperial que terminó expulsando su estructura de poder del país, resulta no solo incómodo sino humillante para Washington. La normalización colonial de la política exterior significa entonces extirpar los símbolos profanos o idolátricos, comenzando por el lenguaje antiimperial, las instituciones y los aliados.
En esta perspectiva, el objetivo mayor de la nueva política exterior del régimen transitorio es, además de devolverle a los Estados Unidos el lugar casi «natural» que le correspondía en su relación con Bolivia antes de 2006 –supremacía colonial de por medio–, concederle nuevamente el derecho de decidir la política exterior criolla de alineamiento y enajenación. Dicho de manera breve: convertir la Cancillería boliviana en un apéndice funcional del Departamento de Estado sin costo alguno.
Acusar al gobierno derrotado de ejecutar una política exterior «ideologizada», que solo produjo aislamiento en el mundo moderno, o haber pasado del imperialismo norteamericano a depender de los imperialismos chino y ruso, forma parte de su coartada discursiva. En ese afán delirante de buscar chivos expiatorios para juzgar «el fracaso» de la política exterior del gobierno saliente, nada más cercano que mostrar el aparentemente costoso relacionamiento con los gobiernos de Cuba y Venezuela, a quienes se los acusa de injerencia política. Hasta el momento todavía no se ha dicho mucho sobre las relaciones con China, Rusia e Irán.
La canciller del golpe, Karen Longaric, más allá de su propia convicción, ha recibido el encargo de destruir trece años de proyección internacional, con luces y sombras, pero también la tarea de manufacturar una política exterior de claro signo neocolonial. Desde esta perspectiva, la canciller no solo representa la vuelta al vergonzoso pasado de dependencia servil, sino también a una humillante condición de encomendera.
Bajo la batuta de Yanine Áñez, asesorado por el inefable agente de la diplomacia cortesana de los Estados Unidos, Erick Foronda, la canciller está consciente de que debe aplicar la ruta crítica ineludible de la política exterior en tiempo récord. La orden ejecutiva cursada a su despacho establece prioridades, entre ellas, aplicar acciones de escarmiento contra los aliados del proceso de cambio, Cuba y Venezuela, principalmente.
Sin mediaciones protocolares, se procedió al desmantelamiento y la destrucción de los vínculos bilaterales con ambos países, a los que se los acusa de promover el comunismo y constituir el «eje del mal» en la región. La orden también incluye una campaña brutal de desprestigio induciendo a la población a una persecución agresiva e intolerante contra sus funcionarios. Extraña manera de interpretar la maldad de dos pueblos hermanos, que solo dedicaron recursos, tiempo y hombres en mejorar las condiciones de vida de los bolivianos que otros hombres, recursos y tiempo se encargaron de envilecerlos.
En efecto, el Ministerio de Gobierno preparó la coartada perfecta para justificar la ruptura de las relaciones con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En un acto público, el jueves 14 de noviembre, a dos días de asumido el gobierno, presentaron a nueve trabajadores venezolanos, contratados por una empresa privada constructora de caminos en la frontera brasilera/boliviana (Guayaramerín), acusados de portar armas de «grueso calibre» e instigar a la sedición y terrorismo. En ningún momento la policía mostró siquiera una escopeta de caza, y hasta ahora ninguno de los nueve ciudadanos detenidos y presentados por la policía guarda detención, peor aún, no existen declaraciones ni indicios que sustenten objetivamente la denuncia. Los nueve venezolanos desaparecieron como por acto de magia una vez presentados a la prensa.
La teatralización policial sirvió para que Longaric, en un arranque de indecencia diplomática, comunicara la ruptura de relaciones con Venezuela, la expulsión de los funcionarios diplomáticos y el retiro de Bolivia de la Alianza Bolivariana y el Tratado Complementario de los Pueblos (ALBA-TCP). Solo veinticuatro horas antes, Áñez había condenado la relación Bolivia-Venezuela anunciando el reconocimiento del «presidente» golpista, Guaidó, a quien le recomendó que enviara a su representante diplomático a Bolivia.
Casi en simultáneo, el mismo Ministerio de Gobierno junto al de Comunicación montaron una aparatosa campaña mediática para acusar al gobierno de Cuba de involucramiento en acciones subversivas y desestabilizadoras. La policía detuvo a cuatro médicos cubanos que el viernes 15 de noviembre retiraban recursos del Banco Unión en una acción de rutina administrativa. Los recursos servían para el pago de alquileres y servicios de 107 miembros de la Brigada Médica Cubana (BMC) que trabajaban en la ciudad de El Alto. Sin previo proceso de investigación fiscal, el Ministerio de Comunicaciones y Gobierno acusaron injustamente y promovieron una campaña comunicacional potencialmente agresiva dirigida a desacreditar la labor social de los médicos cubanos en Bolivia.
La insidiosa campaña mediática, alimentada por el morbo político y el ensañamiento policial, indujo al hostigamiento de grupos de choque contra la embajada y el personal cubano obligando al gobierno de La Habana a replegar a su país a más de setecientos médicos y técnicos de la BMC. El arsenal de mentiras con el que se promovió esta campaña no cesó en ningún momento, por el contrario, fue alimentado por la mordacidad vengativa del Colegio Médico y del Ministerio de Salud, aliados políticos en el golpe de Estado contra Evo Morales.
Los médicos cubanos fueron acusados entre otras cosas de servir de fachada para operaciones de seguridad e inteligencia, además de participar en actos «terroristas». Se los acusó de ganar salarios fastuosos y de recibir privilegios de distinta naturaleza que fueron desmentidos por su gobierno. Igualmente, el Ministerio de Salud, apoyado por la policía, procedió a intervenir ilegalmente la «clínica del colaborador» en la zona de Achumani. Esta instalación médica, que formaba parte de los acuerdos bilaterales en materia de salud que prestaba servicios en favor de la BMC y de ciudadanos bolivianos de escasos recursos, fue intervenida ilegalmente violando con ello la Convención de Viena de 1961. El recinto forma parte de la Embajada de la República de Cuba y por lo tanto gozaba de inmunidad diplomática.
Si el Ministerio de Gobierno amenazaba con la realización de cacerías humanas contra quienes fueran acusados de sedición y terrorismo, la Cancillería no se quedó atrás. Armonizando prolijamente con el concepto de «cacería», Longaric hizo suyo el trabajo de destruir en menos de 48 horas más de trece años de relaciones constructivas entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Sin contar con informes previos, sin datos tangibles sobre los resultados de los diversos proyectos sociales que estaban en ejecución y sin conocimiento alguno de los beneficios logrados por la población hasta ese momento, la Cancillería boliviana se puso en línea con el Ministerio de Gobierno para poner fin unilateralmente a la diplomacia de la cooperación solidaria entre nuestros países. Con ello cumplía al pie de la letra los mandatos impuestos por la Embajada norteamericana.
La campaña de odio dirigida contra Cuba y Venezuela fue planificada y ejecutada con anterioridad a las elecciones del 20 de octubre. El plan destructivo contra los gobiernos bolivarianos formaba parte de la estrategia regional de reposicionamiento de la desacreditada imagen del gobierno norteamericano en América Latina durante las últimas décadas. No hay que olvidar que Estados Unidos asignó presupuesto a sus agencias, en particular a la USAID, para llevar a cabo una campaña de descrédito contra las labores humanitarias de las brigadas médicas cubanas en todo el mundo. Lo hicieron en Brasil apoyados por el fascista Jair Bolsonaro, logrando la expulsión de más de 10.000 médicos, Ecuador se allanó con Lenín Moreno y ahora Bolivia con la servil presidenta autonombrada.
El golpe de Estado fue la mejor oportunidad para promover la ruptura de las relaciones bilaterales de Bolivia con Cuba y Venezuela. De hecho, personal de la Embajada gringa se dio a la tarea de supervisar el cumplimiento de todas aquellas acciones dirigidas a golpear y desmantelar la cooperación cubana. El caso más dramático fue la detención de la directora de la BMC y su especialista logístico. A la misma hora que Interpol-Bolivia detenía ilegalmente a estos funcionarios, vehículos de la Embajada americana se encontraban estacionados a una cuadra del hecho.
Durante los últimos años, el gobierno norteamericano montó en Bolivia, mediante su política de diplomacia pública, una gigantesca campaña de desprestigio contra los gobiernos de Venezuela y Cuba con el objetivo de erosionar la relación trilateral y desacreditar sus proyectos sociales y políticos.
Longaric perdió la batalla de la decencia diplomática frente a la política de seguridad interna en la que el Ministerio de Gobierno cumplía el triste papel de dirigir las masacres y promover el odio entre bolivianos. A pesar de que parte de su familia había logrado sostener buenas relaciones con la Cancillería cubana en décadas pasadas y de haber obtenido su doctorado en la Universidad de La Habana, en ningún momento abogó para evitar los excesos de los esbirros del Ministerio de Gobierno y de los agentes extranjeros.
Longaric nunca se enteró, o no quiso hacerlo, de los beneficios obtenidos por el pueblo boliviano como producto de las relaciones con Venezuela y Cuba en el campo de la salud, la energía, hidrocarburos, educación, tecnología, construcción de infraestructura o producción. Particularmente con Cuba, en los trece años de esa relación constructiva se lograron más de 73 millones de consultas en el área urbana y rural por médicos cubano-bolivianos, 508.403 intervenciones oftalmológicas gratuitas, 1.529.301 intervenciones quirúrgicas, la atención de más de 60.000 partos, además de la formación profesional en Cuba de más de 5.000 médicos bolivianos de escasos recursos.
La canciller de la dictadura ignoró que la cooperación cubana-venezolana permitió derrotar el secular analfabetismo en Bolivia, dando al mismo tiempo un enorme impulso a las políticas de inclusión social para miles de discapacitados del campo y ciudad. Estos resultados, además de otros que por la extensión del texto no son consignados, forman parte del legado de la relación entre Cuba, Venezuela y Bolivia sin que mediaran intereses geopolíticos, económicos o financieros.
Paralelamente a la destrucción de las relaciones bilaterales con Cuba y Venezuela, el gobierno de la presidenta autonombrada, como era previsible, impulsó la reconstrucción de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. La señal era clara e inequívoca: para que Estados Unidos normalizara sus relaciones con Bolivia, la condición establecía que se debían romper o modificar las relaciones con los aliados políticos de Evo Morales. De esta manera Estados Unidos volvería a gobernar el país sin interferencia alguna. En efecto, una vez cumplidas las consignas destructivas, Longaric procedió a configurar el nuevo tablero de relaciones con Estados Unidos y actores claves para la legitimación del régimen: Departamento de Estado, Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y países aliados.
