El domingo 18 de octubre se realizarán elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia. El pueblo boliviano tiene la posibilidad de recuperar la democracia que le fue arrebatada con el golpe de Estado de noviembre de 2019 contra Evo Morales.
Desde el golpe, el pueblo boliviano sufrió violaciones a los derechos humanos, persecución política, proscripciones y censuras. Como si ello fuera poco, el gobierno de facto tuvo un desastroso manejo de la pandemia y cometió innumerables hechos de corrupción, entre ellos, el más conocido fue la compra, con un gran sobreprecio, de respiradores que nunca llegaron a territorio boliviano.
Bolivia puede salir de este oscuro momento de su historia. Todas las encuestas indican que el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, encabeza la intención de voto, y varios de esos estudios señalan que puede ganar en primera vuelta.
Cabe recordar que para ganar en primera vuelta en Bolivia es necesario obtener más del 40 % de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo.
Para ello, es fundamental la participación de la mayoría de los bolivianos, los que residen en Bolivia y los que residen en el extranjero, especialmente los que se encuentran en Argentina, donde hay habilitados para votar más de 140.000 personas que representan más de 2 puntos del padrón.
La gran pregunta es si los golpistas, encabezados por Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge «Tuto» Quiroga, la embajada de Estados Unidos, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el resto de los alfiles de Washington que no aceptaron la voluntad popular en octubre del año pasado aceptarán ahora un resultado que parece estar en la misma línea.
La realidad es que la posibilidad del fraude está latente. Es bueno recordar que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano encargado de llevar adelante la organización de la elección y el conteo de los votos, Salvador Romero, es un hombre vinculado a la USAID, un organismo ligado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Hay que señalar que desde el TSE, Salvador Romero realizó varias acciones a favor de los golpistas: suspendió las elecciones en tres oportunidades (mayo, julio y septiembre), y de no ser por la presión popular difícilmente se podrían llevar adelante en octubre.
El TSE realizó una depuración de los padrones electorales, quitando de ellos a miles de bolivianos que no podrán ejercer su derecho al voto, no casualmente, de las zonas donde el MAS cuenta con un gran apoyo.
El Tribunal también cambió la forma en que se va a llevar la publicación de los datos electorales, que ya no serían por mesas, sino por recinto electoral (cada recinto puede tener entre 15 y 20 mesas).
A eso se suma que los principales veedores de la elección serán la OEA –cuyo secretario general, Luis Almagro fue partícipe del golpe y actualmente es aliado del gobierno– y la Unión Europea –que ha demostrado seguir al pie de la letra los mandatos de Estados Unidos–.
Para recuperar la democracia, los bolivianos deberán luchar contra el fraude, contra el gobierno de facto y contra los cómplices locales e internacionales de un golpe que fue pensado y orquestado en las oficinas de Washington.
El domingo se definirá el presente y el futuro de todo el pueblo boliviano.
