El 7 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales de Brasil. Los comicios se darán en el marco de un gobierno de facto producto de un golpe parlamentario, a lo que se suma la intervención militar de Río de Janeiro, el encarcelamiento arbitrario –y la más que probable proscripción– del expresidente y principal candidato Luiz Inácio “Lula” da Silva, el reciente atentado contra el líder de ultraderecha –segundo en las encuestas–, Jair Bolsonaro, la marcada injerencia del jefe del Ejército, el general Villas Boas, la guerra mediática y judicial contra el Partido de los Trabajadores (PT), y la casi segura necesidad de un balotaje en el que todavía no están definidos los participantes. El futuro de Brasil parece más que incierto y la crisis democrática se profundiza cada vez más.
Según señalan diversas encuestas, el expresidente Lula da Silva tendría alrededor de un 40 % de intención de voto. Sin embargo, todo indica que, a pesar del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Poder Judicial optará por proscribir al líder del PT.
En una reciente entrevista, en claro exceso de sus funciones e injerencia en el proceso electoral, Vilas Boas se manifestó contra la posibilidad de que Lula pueda ser candidato: “Nos preocupa porque puede comprometer nuestra estabilidad, las condiciones de gobernabilidad y de legitimidad del próximo gobierno”, y calificó la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU como “una intento de invasión a la soberanía nacional”.
Por su parte, mediante un comunicado, el PT señaló que “es muy grave que un comandante con altas responsabilidades se arrogue interferir directamente en el proceso electoral, algo que las Fuerzas Armadas no hacían desde los sombríos años de la dictadura”.
Lula fue acusado de corrupción y, tras una condena arbitraría y sin pruebas, a pesar de que aún le quedan instancias de apelación, fue encarcelado en abril de este año. Se le prohibió hacer campaña, participar de los debates y dar entrevistas. Todo indica que este martes 11 de septiembre se dictará su proscripción definitiva y el Partido de los Trabajadores anunciará en su remplazo la fórmula Fernando Haddad-Manuela D’Ávila.
La principal duda parece ser cuánto del porcentaje de intención de voto que posee Lula será transferible a Fernando Haddad y si esa transferencia de votos le alcanzará al PT para entrar en un balotaje.
Mientras tanto, quien va segundo en las encuestas, Bolsonaro, parece consolidarse luego de haber sufrido un atentado el jueves pasado durante un acto de campaña. El confuso ataque de un hombre con un puñal parece haberle sumado a Bolsonaro entre dos y cuatro puntos de popularidad, lo que lo pondría alrededor del 22% de intención de voto y, en caso de que Lula sea proscrito, lo consolidaría como el principal candidato. El resto de los postulantes no superarían, hasta ahora, la línea de los 12 puntos (algunos estudios indican que Haddad con el apoyo de Lula podría estar en torno al 16%, lo que le alcanzaría para entrar al balotaje).
Desde el golpe parlamentario contra Dilma Roussefff la democracia brasileña ha entrado en una crisis que se profundiza día a día (símbolo de ello ha sido el asesinato de la concejala Marielle Franco, sucedido en marzo de este año en Río de Janeiro). El futuro de la región está encadenado al de Brasil y sólo el tiempo podrá decir si el gigante sudamericano ha tocado fondo o aún puede profundizar su crisis.
