Por Héctor Bernardo
Este domingo, la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor del impeachment (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff. La votación terminó 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias. La acusación carece de fundamentos legales, pero la combinación de varios factores ha puesto en jaque al Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). La matriz golpista es la misma que describió recientemente la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El poder económico concentrado movió sus piezas: los medios hegemónicos, sectores del Poder Judicial, miembros del Parlamento y, por supuesto, la infaltable participación de la embajada de Estados Unidos.
En su reciente discurso frente a los Tribunales de Comodoro Py, la ex presidenta argentina señaló que el ataque desatado en Brasil contra Dilma Rousseff y el ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva es parte de una estrategia contra todos los procesos populares de la región y sus principales referentes. “Vemos que situaciones similares se replican a nivel regional con todos los gobiernos populares de la UNASUR y de la América del Sur, que permitieron mejorar la vida de millones y millones de suramericanos. Esto no es una cuestión que nace aquí en Argentina. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región”, aseguró Cristina Fernández.
La matriz a la que hizo referencia la ex mandataria argentina se ha puesto en marcha en estos días en Brasil. El grupo mediático hegemónico Rede Globo, sectores del Poder Judicial, como el juez Sergio Moro, y miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, ex aliado del PT), como el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el propio vicepresidente brasileño, Michel Temer, conforman la estructura destituyente.
Jorge Kreynnes, analista de política internacional, remarcó las características del golpe en Brasil y de la falta de coherencia en un discurso que habla de respeto a las instituciones “pero no respeta la voluntad popular”. “Lo que pasa en Brasil responde a una matriz internacional y muy particularmente latinoamericana de los llamados golpes suaves, que no son ni tan suaves ni tan blandos, como suele decirse. Tiene que ver con el desprestigio de los líderes populares, con la creación de matrices de opinión con un eje en el tema de la corrupción, para luego ir avanzando a través de mecanismos institucionales. Los golpistas intentaron la movilización callejera, pero últimamente no la han desplegado porque confían en un Parlamento que les es adicto en su mayoría. Tienen un discurso de respeto a las instituciones, de respeto a la libertad de prensa, de respeto al Parlamento, de respeto al Poder Judicial, pero olvidan respetar la voluntad popular, que es la que instaló a Dilma Rousseff en la Presidencia de la República”, concluyó Kreynnes.
Un golpe de Temer
El juicio político contra Rousseff tiene una particularidad: el Partido de los Trabajadores llegó al Gobierno en una alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); sin embargo, uno de los principales impulsores del impeachment contra la mandataria es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, miembro del PMDB. Si Cunha logra concretar la destitución de Rousseff, quien asumiría en lugar de la mandataria es el vicepresidente, Michel Temer, también del PMDB.
Otro de los aspectos clave de este golpe es que la acusación contra la actual presidenta brasileña no tiene sustento legal ni se trata de una denuncia de corrupción, sino una crítica a decisiones políticas.
Rousseff está acusada de ocultar el déficit fiscal. El jurista Miguel Reale Júnior, uno de los denunciantes, dijo que la presidenta de Brasil realizó maniobras fiscales que “destruyeron la economía del país” y que tomó medidas para ocultarlas. Ese tipo de cuestionamientos son valoraciones políticas, pero no representan un proceder ilegal. Según señala el portal Acento.com, al ser criticado por su actitud golpista, Reale Junior aseguró: “El golpe fue enmascarar la situación fiscal del país hasta llegar al punto de quiebra en que se encuentra hoy”.
Por ese motivo es que el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Ernesto Samper, difundió un comunicado en el que se señaló: “En relación con la decisión de la Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil, adoptada en el día de ayer, de avanzar en el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, (la UNASUR) considera que, sin existir hasta el momento una prueba que la incrimine de manera personal y directamente en la comisión de un delito, esta decisión se convierte en un motivo de seria preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región”.
“La presidenta sólo puede ser procesada y destituida –revocando el mandato popular que la eligió– por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa. Aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas”, concluye el comunicado.
En la misma línea, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró: “No existe una acusación de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución”.
En ese contexto, la ansiedad del actual vicepresidente por quedarse con el control total del Ejecutivo quedó de manifiesto al revelarse una escucha en la que Temer practicaba el discurso que dará en su asunción, si consigue la destitución de Rousseff.
Con el sello de la embajada
No son pocos los que hablan de la responsabilidad de Estados Unidos detrás del golpe contra Rousseff. No parece un dato menor, ni una mera casualidad, que la actual embajadora norteamericana en Brasilia, Lilian Ayalde’s, haya sido embajadora en Asunción cuando se dio el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo.
Según señaló la cadena de noticias Telesur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que “el pedido de juicio político que pretende revocar el mandato a Dilma Rousseff dice mucho de lo que representa el poder imperial contra las fuerzas progresistas que gobiernan en América Latina y el Caribe”. El mandatario bolivariano también remarcó que estos ataques en contra de la presidenta de Brasil “responden a la misma componenda de embestidas que ha afrontado la región durante los últimos años, específicamente Venezuela, país que hace catorce años afrontó un golpe de Estado contra el entonces presidente Chávez, embestida tutelada por Estados Unidos”.
En el mismo sentido, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, expresó su total “solidaridad con la compañera Cristina, Lula y Dilma, que defienden la democracia, las transformaciones pacíficas de los países vecinos”. Según señala el portal de noticias Nodal, Morales aseguró que “ahora está de moda el golpe congresal o judicial, como se hace con ex presidentes de los países vecinos en contra de los gobiernos progresistas”.
“Ahora, hermanos y hermanas, especialmente en Sudamérica, esta revolución democrática con presidentes o gobiernos progresistas ya es imparable, ¿y qué es lo que hacen para debilitarlos?, hacen golpes de Estado desde el imperio norteamericano”, concluyó Morales.
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Los números del golpe
2 son lo lideres del golpe: el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el vicepresidente Michel Temer.
1, el grupo monopólico que articuló el golpe, la Rede Globo.
17 es el día de abril en que la Cámara de Diputado aprobó el impeachment.
367 los votos de los golpistas que desfilaron por la Cámara de Diputados.
137 los que votaron contra el golpe.
7 las abstenciones.
2 los diputados que no se presentaron a votar y figuran como ausencias.
180 serían los días que Dilma Rousseff estaría suspendida mientras el Senado discute si se aprueba el juicio político y decide si la presidenta es culpable de las acusaciones.
40 son los votos que necesitan en el Senado para aprobar el impeachment.
54, de un total de 81, son los votos que en última instancia necesitan en el Senado para destituirla.
8 son los años que Rousseff no puede volver a ser presidenta si la destituyen.
2018: hasta ese año gobernaría el golpista Temer.
56 millones: los votos que tuvo Dilma Rousseff cuando ganó las elecciones.
5 millones son los dólares que Eduardo Cunha, el impulsor del juicio político, tiene en paraísos fiscales.
3 sería la cantidad de golpes de Estado parlamentarios dados en la región durante el siglo XXI, junto a los casos de Paraguay y Honduras.
1, el país que siempre aparece vinculados a estos golpes: Estados Unidos.
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