La ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, y su numero dos, Alejandra Monteoliva, fueron denunciadas por la represión que desató la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso de la Nación cuando se debatía nuevamente la movilidad previsional. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya fueron advertidas de la situación, que incluyó la represión hacia una niña de diez años.
El abogado Gregorio Dalbón asumió la representación de Fabrizia, la niña de diez años que fue gaseada por miembros de la fuerzas federales, y presentó una denuncia contra Bullrich por «abuso de autoridad». En declaraciones con Radio 10, el letrado manifestó que «lo que hicieron no solo no está en ningún protocolo de los inventados por esta mujer, sino que es violencia institucional, afecta a los derechos humanos y a la Convención del Niño».
Sobre el acto represivo en sí, el abogado describió que, según sus instrucciones, el gas para dispersar se tira al aire, pero en esta oportunidad «se tiró direccionado hacia abajo, apuntando a una menor de edad». «No podemos en Argentina, en una democracia, sostener y soportar mirar para otro lado y no denunciar un hecho de esta barbaridad», sostuvo.
Vale recordar que cuando salieron las primeras imágenes de la represión, que, además de jubilados golpeados, esta vez incluyó los gases a una niña, Bullrich culpó a la madre de Fabrizia por llevarla a ese lugar, mientras que medios aliados comenzaron a señalar mediante un dudoso video que se trataba de un «autoataque» de militantes a militantes, y no de un accionar policial. Particularmente indicaban que se había tratado de personas vinculadas a la Comisión Provincial por la Memoria. Esta versión, instalada por Jonatan Viale en La Nación+ y respaldada por la viceministra Monteoliva, se cayó rápidamente gracias a la aparición de nuevos videos e imágenes, donde se ve cómo los policías apuntan directamente hacia la niña.
En ese sentido, Dalbón sostuvo que la investigación seguramente incluirá allanamientos y secuestro de celulares a periodistas «para que cuenten qué pasó, quiénes les mandaron los videos».
La Comisión Provincial por la Memoria, que ya había presentado dos denuncias penales contra la cartera de Bullrich ante las represiones a los jubilados, decidió denunciar ahora a Monteoliva, a la que le pidió también su renuncia, y a los agentes que participaron del operativo. «Es de extrema gravedad que el Ministerio de Seguridad monte estas operaciones, obstruya a la justicia y acuse falsamente a supuestos ‘infiltrados’ de organizaciones de derechos humanos para garantizar la impunidad de quienes ejercen bajo sus órdenes una represión violenta, desproporcionada y arbitraria que sólo busca impedir el libre ejercicio de la protesta y justificar la represión», señaló el organismo presidido por Adolfo Perez Esquivel y Dora Barrancos.
«La Comisión Provincial por la Memoria presentó la denuncia penal por las lesiones a la niña, y exige una investigación independiente de la justicia para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables directos y mediatos. Al mismo tiempo que exige la renuncia de la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, por encubrimiento del accionar policial y falsas acusaciones contra organismos de derechos humanos y socorristas a quienes acusa –paradójicamente- de lo que hacen las fuerzas bajo su mando», agregó.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante distintos mecanismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«Este hecho aberrante tiene que llevar al Poder Judicial, de una vez por todas, a investigar y controlar la violencia que la policía despliega en cada manifestación. Esta violencia es promovida por el Ministerio de Seguridad y se ampara en un protocolo inconstitucional», señalaron desde el CELS.
