Según el Segundo Informe sobre Presupuesto Universitario, del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), perteneciente al gremio de docentes CONADU, en lo que va del año hay un desfinanciamiento selectivo en las universidades públicas a través de la virtual paralización de los programas de Desarrollo Universitario.
A partir de lo detallado en el estudio, se pudo saber que los datos analizados “señalan un nivel de ejecución presupuestario normal debido, fundamentalmente, a la transferencia de fondos para el pago de salarios y de gastos corrientes”, pero, al entrar en detalle es notable que “el aumento en los costos de servicios fue por la sub–ejecución de las transferencias correspondientes a programas y proyectos de desarrollo que garantizaban el derecho a la educación superior y para sustentar actividades que constituyen a la universidad como un bien social a través de su capacidad de producir conocimiento y democratizar su apropiación”.
Es decir que de los $27.113,8 millones invertidos durante el semestre por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación en la función educación y cultura, solamente $1,9 millón fue destinado a los programas de Desarrollo Universitario.
En informe describe que “En la sub–ejecución de las partidas previstas en el año 2015 para el desarrollo de la actividad universitaria, en el período 2016, encontraron que la sub–ejecución se concentra principalmente en el área presupuestaria destinada a los convenios, programas y proyectos a través de los cuales las universidades públicas llevan a cabo acciones relacionadas con la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la educación superior, el desarrollo de políticas públicas en diversas áreas de la acción estatal, y el desarrollo, fortalecimiento y expansión del sistema”.
Con esta modalidad se ven afectados los derechos a la educación de aquellos estudiantes “procedentes de familias de menores recursos que necesitan del Estado para poder ejercer ese derecho”.
En el documento, los analistas destacan que en 2015 alrededor de 150.000 estudiantes recibían ayuda a través de los programas de Desarrollo Universitario.
“Los programas que fueron recortados fueron el de Becas Bicentenario; el Programa Nacional de Becas Universitarias –enlace con el Programa FINES para la terminación de estudios secundarios.; PROGRESAR; programas de accesibilidad edilicia y de entrega de computadoras para estudiantes con necesidades especiales; programas para la construcción y sostenimiento de comedores y residencias; programas para el estímulo de la actividad deportiva; y programas para promover la igualdad de género”, indicaron desde el IEC.
Los datos más impactantes del informe son:
– De los $56.632 millones presupuestados en concepto de transferencias a las Universidades Nacionales, a la fecha, Bullrich ejecutó solamente $15.748 millones, lo que representa el 28,9% del presupuesto anual. Este nivel de ejecución se encuentra por debajo del nivel de ejecución general del sector público (32%).
– De $27.113,8 millones invertidos durante el semestre por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación en la función educación y cultura, solamente $1,9 millón fue destinado a los programas de Desarrollo Universitario.
– Para carreras, voluntariado y programas de inclusión, “solo el 0,007% de las erogaciones realizadas se destinó a mejorar carreras […]; a sostener el programa de Voluntariado […] los variados programas de inclusión y de desarrollo de señales audiovisuales universitarias, y los programas orientados a mejorar las condiciones del ejercicio del trabajo docente ─unificación de cargos y finalización de tesis de posgrado–”.
Este informe se presentó en el marco de un fuerte reclamo, por las decisiones tomadas en la cuestión presupuestaria y por demanda de paritarias que llevan adelante desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y que confluirá mañana en un paro de veinticuatro horas para exigirle al ministro Bullrich el inicio de los encuentros en los que se traten los aumentos salariales para enfrentar la inflación de los últimos meses.
Sigue el desmantelamiento
Desde que Bullrich desembarcó en el Ministerio de Educación de la Nación, los programas educativos que buscaban la igualdad de oportunidades en la Argentina sufrieron cambios radicales que fueron en desmedro del acceso a la educación igualitaria que caracterizaron al modelo kirchnerista.
En lo que va del año, se tomaron otras cuatro decisiones clave para desandar el recorrido de los últimos 12 años, que preocupan a los trabajadores de la educación:
1) Uno de los cambios más llamativos para los docentes fue el cierre del Postítulo de Derechos Humanos, que termina a fines de este año y que, en las últimas semanas, desde el Ministerio les anunciaron que no abrirá una nueva cohorte.
Los postítulos son la formación de posgrado para los docentes, maestros o profesores que se dictan con los Institutos de Formación de las provincias, tienen una duración de 400 horas y la modalidad del dictado de los cursos es virtual y tiene encuentros presenciales frecuentemente e impactan en la totalidad de los docentes de las 24 provincias de la República Argentina.
Sin dudas, fue una de las políticas más ambiciosas y progresistas de las últimas cuatro décadas en materia educativa.
El cierre de este curso implica que no se va a seguir formando ni capacitando a los docentes en materia de DDHH, un punto trascendental, que marca una vez más el desinterés del gobierno por mantener en primera plana un tema que fuera tan importante para nuestro país y que puso a la Argentina como modelo del mundo. Vale destacar, además, que habían sido acordados en paritarias con todos los sindicatos.
En el resto de los postítulos se han realizado modificaciones en los contenidos de los módulos de marco político-pedagógico, normas que regulan la organización institucional, y en el Seminario de Pensamiento Latinoamericano, que han cambiado profundamente el sentido inicial del dictado de los cursos.
Con estas modificaciones, en el Instituto Nacional de Formación Docente se encuentran en conflicto permanente porque están en peligro más de 40 fuentes de trabajo. “Si desmantelan programas, dejan sin trabajo a los contratados. Hay cerca de 45 compañeras y compañeros que les vence el contrato el 31 de agosto y aún no les han dado respuesta, sobre su continuidad”, explicó el delegado de ATE Lautaro Pedot.
“Estamos en alerta, movilización y asamblea permanente desde el miércoles pasado por esta situación y también porque existía la promesa de las autoridades nacionales de pasar a 49 personas de universidades a contratos en relación de dependencia con el ministerio. Cuando les comunicaron las condiciones de su pase, notaron que no tuvieron en cuenta los perfiles de los profesionales, ni las tareas que cumplen, y que además les implica una rebaja salarial entre el 40 y el 60%, son bajas de 4000 pesos de salario”, agregó Pedot.
Si bien ayer llamaron a una mesa de negociación y de diálogo luego del silencio de varios meses de parte de las autoridades, las respuestas que les han dado hasta ahora son insuficientes.
Estas políticas estratégicas que se habían originado en una demanda de más de 30 años de democracia de los docentes, a través de sus sindicatos, y a partir de acuerdos en el seno del Consejo Federal de Educación, que comprometieron a más 20 Universidades Nacionales que estuvieron involucradas en este programas (todos los profesores, tutores, contenidistas que trabajaron estos programas sostenían estas tareas a partir del financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, vía transferencia a las Universidades).
“Las políticas que se llevaban adelante desde el INFOD eran en conjunto con el colectivo docente, desde donde recogían necesidades y demandas a nivel nacional, por lo tanto había un federalismo que era real, con un marco común, la formación era con equipos jurisdiccionales situados en la escuela, con jornadas que se transformaban en una comunidad de prácticas entre colegas”, explicó Laura Penaca, ex directora de Políticas de inclusión digital del Ministerio de Educación de la Nación.
2) La obstaculización y desfinanciamiento de los programas de terminalidad de la educación primaria y secundaria (Programas FINES), que permitían una gran articulación de la universidad con el territorio en el que se encuentra inmersa. “Todas las decisiones se montan en un falso federalismo y no sostienen las políticas inclusivas a nivel nacional”, remarcó Penaca.
3) Se desarmó la unidad de producción de contenidos educativos bajo el sistema de software libre, vaciando de sentido el programa, dejando de formar recursos humanos clave para el desarrollo y la soberanía tecnológica. Desde Nación dejan entrever que luego de las reuniones en Davos de Macri con representantes de Facebook, Google y Microsoft, sean entregadas estas áreas estratégicas a compañías transnacionales.
Según indicó a Contexto Penaca, los sistemas operativos de software libre “Huayra” y “Huayra primaria”, habían sido construidos con el colectivo de docentes y alumnos en función de las necesidades que aparecían en las escuelas. “Hemos visitado escuelas de educación especial en donde los docentes nos indicaban específicamente sus necesidades, entonces se hacían los desarrollos tecnológicos teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar”, “el desarrollo y la puesta en práctica era una política nacional que garantizaba que eso sucediera en la Quiaca y en Ushuaia”.
4) La creación de la Secretaría Nacional de Evaluación Educativa sin el consentimiento de los gremios docentes sumado al nuevo dispositivo de evaluación “Aprender 2016” que a diferencia de los anteriores es obligatorio para los alumnos y docentes seleccionados. Algunos especialistas en el tema consideran que hay una semejanza con el modelo mexicano que habilitará luego a sancionar docentes y reducir los costos de la educación. El salario de los trabajadores en el mundo es el primer “gasto” en los sistemas educativos que conciben la enseñanza desde una perspectiva mercantil, en lugar de considerarlo una inversión como se creía en el modelo anterior.
Todas estas decisiones, tomadas desde la asunción de Bullrich, operan para dar marcha atrás en los avances con respecto a la construcción hacia una educación gratuita, universal e igualitaria, que se había impuesto durante la década anterior, que tenía como principal objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y no reproducir las diferencias existentes en los diferentes territorios de la Nación.
