En un acto de total avasallamiento a los derechos, el Gobierno prohibió el funcionamiento de los centros de estudiantes en las cárceles. La medida fue publicada en el Boletín Oficial este martes, bajo el argumento de que los centros estudiantiles son un “pretexto” para que internos “tergiversan la finalidad de readaptación social de los internos”. Un nuevo ataque de Patricia Bullrich para estigmatizar y recortar derechos.
La decisión quedó consignada a través de la Resolución 372/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde queda expresa la eliminación del funcionamiento de los centros de estudiantes en los establecimientos del Sistema Penitenciario Federal. Allí, el documento firmado por la ministra Bullrich sostiene que no se va a permitir “la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.
Según sostiene el gobierno, la existencia de los centros estudiantiles “no está expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad”. Asimismo, afirma que “en el ámbito de las cárceles los miembros de los denominados centros de estudiantes son pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función”.
Por su parte, la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Claudia Cesaroni, se pronunció sobre este hecho y dejó una fuerte reflexión. “Hace tiempo que algunas personas y organizaciones, casi en soledad o de modo marginal a los grandes temas, venimos planteando que el modo en que se restringen los derechos de algunos, considerados peligrosos, preanuncia el modo en que luego se afectarán los derechos de todos”, indicó en sus redes sociales.
En referencia a la eliminación al funcionamiento de los centros estudiantiles en cárceles, Cesaroni añadió: “Y eso, es lo que hoy se prohíbe, arrasando con décadas de pensamiento, trabajo colectivo, enseñanzas, reuniones, militancia. Atacan no solo a las personas presas sino a sus docentes, a las instituciones educativas, a la sociedad (aunque no se dé cuenta)
Empiezan ahí, ya se sabe lo que sucederá si no logramos hacerlos retroceder. Si el argumento para prohibir los centros de estudiantes es que ‘obstaculizan la reinserción social’, si pueden escribir eso y lo dejamos pasar, porque ‘algo habrán hecho, que se jodan’, después es tarde para llantos”.
Cabe destacar que el acceso a la educación en contexto de encierro es un derecho histórico en materia de políticas educativas y académicas. En la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense, se distingue el caso de convenios de extensión en establecimientos como la Unidad Penitenciaria Nº 9 como en otras unidades pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense, como la Unidad Nº 8 y la Nº 33 de Mujeres de Los Hornos, la Unidad Nº 1 de Lisandro Olmos, y unidades penitenciarias del complejo de Florencio Varela. El año pasado, a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de buenos Aires y La Universidad Nacional de La Plata, se oficializó el estatuto del Centro Estudiantil Universitario Juana Azurduy, en funcionamiento en el establecimiento de mujeres Unidad 8 de Los Hornos, donde internas pueden cursar carreras como Periodismo y Sociología, entre otras.
En ese sentido, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata expresaron su enérgico repudio a la medida tomada y exigieron su inmediata suspensión. “Esta decisión vulnera el derecho a la educación de las personas privadas de su libertad y representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, desconociendo normativas que garantizan el acceso al conocimiento como herramienta de reinserción social”, indicaron en un comunicado desde la casa de altos estudios de la UNLP.
Asimismo, la institución destacó que los centros estudiantiles universitarios son, desde la recuperación democrática en Argentina, “experiencias pioneras en el acceso a la educación en contextos de encierro, permitiendo a cientos de estudiantes alcanzar una formación pública, gratuita y de calidad”.
“Su labor no solo implica el cursado de carreras universitarias, sino también la construcción de espacios de aprendizaje y contención, articulando con docentes y promoviendo la autogestión de bibliotecas, talleres de alfabetización y actividades culturales. Su prohibición atenta contra décadas de avances en políticas inclusivas y refuerza un modelo de castigo que niega toda perspectiva de reinserción”, añadieron desde la FPyCS de la UNLP.
