Con el reciente anuncio de Cristian Ritondo sobre la implementación de las pistolas eléctricas Taser x26 para las fuerzas de seguridad bonaerenses, se conformó la tríada junto a sus pares de Nación y CABA, Patricia Bullrich y Diego Santilli, para la aplicación de la “neopicana” en todas las esferas de la vía pública.
El ministro de Seguridad bonaerense comunicó ayer que las armas eléctricas dotarían al Grupo Halcón con el objetivo de utilizarlas en casos de tomas de rehenes, bajo circunstancias donde “no deban usarse armas letales”. La decisión fue formalizada en el mismo marco de anuncios por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la ministra Bullrich al anunciar “la compra de trescientas unidades nuevas”.
Tanto Ritondo, como en su momento el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco insistieron en remarcar que serían un eficaz remplazo de las armas de fuego debido a que “no se trata de armas letales”. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos siguen remarcando que en Estados Unidos “más de 500 personas murieron después de recibir descargas eléctricas”.
“La Taser es un instrumento de tortura y está definido no sólo de manera técnica por la ONU, sino por su propia lógica: la diferencia entre una Taser y una picana es que es portátil y dispara a distancia. Más allá de que es inaceptable en cualquier contexto, en Argentina con su historia particular en relación con la tortura es doblemente inaceptable”, dijo a Contexto la referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.
La Taser x26 es un arma de electrochoque. Dispara dos electrodos con un alcance de alrededor de ocho metros. El shock actúa sobre el sistema nervioso: incapacita cualquier movimiento voluntario y genera múltiples contracciones musculares.
“No existe tal cosa como ‘un arma no letal’. Eso es una contradicción en sí misma. Si es arma, es letal porque su carácter letal no depende de la tecnología sino del uso que se le da. A modo de ejemplo, cuando te hablan de arma no letal te ponen como paradigma siempre el gas lacrimógeno o las postas de goma antitumulto. A Carlos Fuentealba lo mataron con un proyectil de esas características”, agregó Verdú.
En este sentido, se ve cada vez más lejana la factibilidad de los distintos amparos que entidades judiciales y organismos han impulsado para frenar la aplicación de las pistolas eléctricas en la vía pública. Tal fue el caso del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), que desde 2016 viene denunciando cómo la Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo presentado en 2010 y falló a favor de la utilización de las armas. “Esto no lo parás con medidas judiciales, por desgracia. Si en 2016 fue ‘discutible’, imaginemos ahora donde antes de firmar algo los jueces la llaman a Pato Bullrich para ver si ponen la firma o no”, advirtió la abogada y referente de CORREPI.
Cabe destacar que alrededor de los últimos dos meses han sido consecutivos los anuncios de medidas por parte del gobierno vinculadas con la profundización de políticas represivas. Se puede ubicar el inicio a partir de la Resolución 958 para habilitar a las Fuerzas de Seguridad a ampliar el uso de armas de fuego. A ello siguió el anuncio de las Taser a nivel federal, el Programa Restituir –apuntado a reintegrar efectivos policiales separados de sus cargos por causas judiciales– y la reinstalación de la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.
