Por Leandro Gianello
La propuesta de la legisladora del FpV chaqueño conocida ayer intenta que se declare “la emergencia económica en materia energética para todas las Universidades Nacionales”, retrayendo las tarifas de luz y gas a los precios vigentes en el mes de marzo del año pasado.
Esta iniciativa, además, propone que los precios sean mantenidos “durante cuatro años para los sujetos beneficiarios de la misma”, explicaron mediante un comunicado los responsables de prensa de Pilatti Vergara.
Según explicaron, el proyecto de ley contaría “con el aval de senadores de distintas provincias”, quienes apoyarían la medida que estipula, entre otros puntos, que deberán mantenerse los precios anteriores a los aumentos ordenados por el actual ministro de Energía y Minería, ex CEO de la empresa Shell, Juan José Aranguren.
La gacetilla agrega que el proyecto “se funda en el Derecho a la Educación consagrado por nuestra Carta Magna y en los diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional”, vulnerados por las resoluciones que aplicaron los tarifazos, firmadas por Aranguren casi apenas asumido el Gobierno macrista.
“Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri en relación con la aprobación de nuevos cuadros tarifarios ponen en jaque la educación superior.”
La iniciativa de Pilatti Vergara considera también los lineamientos de la Ley 26.206 de Educación Nacional, promulgada por el ex presidente Néstor Kirchner, en la que se la define “como un bien público y un derecho personal y social, que debe ser garantizado por el Estado Nacional”.
“Sin embargo, las medidas tomadas por el Gobierno del presidente Mauricio Macri en relación con la aprobación de nuevos cuadros tarifarios ponen en jaque a la educación superior”, advierte el comunicado.
El borrador de la ley es presentado conforme “a una situación de gravedad institucional en la que se encuentran sumidas las Universidades Nacionales”, entre las que figuran la
Universidad Nacional de La Plata, cuyas Facultades han recibido facturas con incrementos “que oscilan entre el 100 y el 400 por ciento”.
Entre los diferentes artículos del proyecto se destaca el que señala que “la presente emergencia será de aplicación inmediata, retroactiva al momento previo a la modificación de tarifas y no estará sometida a reglamentación para su aplicación”.
En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, el incremento tarifario fue del 456%, obligando a un esquema de emergencia que propuso un consumo responsable, mientras que en otras directamente se eliminó el turno noche y se redujo el horario administrativo.
“la presente emergencia será de aplicación inmediata, retroactiva al momento previo a la modificación de tarifas y no estará sometida a reglamentación para su aplicación.”
La situación es grave, ya que los presupuestos aprobados en 2015 para el ciclo lectivo actual no contemplaban el brutal aumento, más allá de la proyección de 35% de incremento negociado en el período anterior.
Universidades como la de La Rioja enfrentan ahora una boleta de luz por casi un millón de pesos, mientras que la de la Matanza deberá pagar un 600% más de lo que contemplaba el período anterior.
“Cabe destacar que los casos se repiten a lo largo de todo el país”, argumentan desde el despacho de la senadora, y el desfase presupuestario que provocó en las diversas casas de estudios superiores hace peligrar “el acceso a la educación pública garantizado constitucionalmente”.
