«Cada día de nuestra vida era pensar en ellos»

Por Gabriela Calotti

“Voy a tratar de describir lo que significa para una familia que una persona desaparece de un día para el otro. Esto de no saber dónde están, si viven, si no viven, por qué se los llevaron, quiénes se los llevaron […] Cada día de nuestra vida era pensar en ellos, cada vez que cambiaba el clima yo pensaba ‘a mi hermana se la llevaron vestida de invierno y cuando llegó la primavera me dije ¡uhh Silvia tendrá calor!’”, declaró Mónica Streger al iniciarse la audiencia 65 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús.

Esta vez con público en la sala y fotos de las víctimas de los familiares declarantes ubicadas en algunos asientos vacíos, Mónica declaró, no obstante de forma virtual, y contó que era la tercera de cuatro hermanos. Silvia estuvo en cautiverio en el llamado Pozo de Quilmes. Eduardo, fue secuestrado en Córdoba y llevado al centro de exterminio La Perla, causa por la cual declaró hace varios años.

Mientras mostraba una foto en blanco y negro de una Silvia sonriente a sus 24 años junto con Rodolfo Torres, su pareja, Mónica contó que fueron secuestrados juntos.

Se habían criado en Banfield en el seno de una familia donde la discusión política nacional y mundial era habitual. Después del secundario bilingüe en Temperley, Silvia quiso estudiar traductorado de inglés en la UNLP. “Al momento de su secuestro le faltaban pocas materias para terminar la carrera”, precisó.

Según pudo reconstruir, su hermana y su cuñado fueron secuestrados el 5 de septiembre de 1977 en su domicilio de Turdera. Ese día tenían previsto encontrarse en el cumpleaños de Viviana, una amiga en común. Pero Silvia y Rodolfo nunca llegaron.

Al ver que Silvia y Rodolfo no llegaban, les avisaron a los hermanos de su cuñado. “Mi marido, los hermanos de Rodolfo y mi papá, salieron a buscarla”, relató.

Para esa época, Mónica trabajaba en la parte administrativa de una fábrica de origen inglés de insumos eléctricos ubicada en Lavallol, llamada Genalex. Allí había conocido a Rodolfo. Ambos participaban en asambleas del Sindicato de Comercio.

Mónica nunca supo si su hermana pertenecía a alguna organización, pero sí le conocía sus preocupaciones sociales. “Alguien me comentó que Rodolfo había pertenecido a la Juventud Peronista y quizá mi hermana también, pero ella nunca mencionó nada”, explicó.

Durante su testimonio subrayó el nombre de la fábrica porque en el Pozo de Quilmes, además de su hermana, “hubo más de una persona perteneciente a la misma empresa”, sostuvo.

“Nunca tuvimos ninguna respuesta por parte de las instituciones pertinentes en relación al paradero de Silvia y Rodolfo”, afirmó. Sus padres presentaron poco después un Hábeas Corpus e hicieron reclamos infructuosos, como miles de familias, ante el Ministerio del Interior.

“Ahí comienza el calvario de la familia”, sostuvo y contó entre otras cosas, que cuando “mis padres pudieron volver a la casa [de Silvia y Rodolfo], encontraron que estaba cerrada con llave pero adentro la habían vaciado. Robaron ropa, vajilla, muebles… vaciaron la casa”, sostuvo.

Varios años después, en el marco de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) conoció a un sobreviviente del genocidio, Alcides Chiesa (fallecido en abril de 2017) y a su esposa, Norma. Ambos habían conocido a Silvia y a Rodolfo en el Pozo de Quilmes.

“Luego de esa entrevista Alcides tuvo una actitud muy fraternal. Debo decir que yo siempre tuve una especie de parálisis, de asomarme a la información que podían darme. En el fondo era saber y no saber”, confesó Mónica. “Alcides entró en octubre y mi hermana había llegado ahí en septiembre y él me dijo que al menos hasta febrero, ella estaba viva. Qué pasó después de febrero, no lo sabemos”, relató.

“Siempre tuvimos alguna mínima esperanza de que en algún momento los detenidos desaparecidos que estaban en cárceles clandestinas iban a pasar a disposición del PEN en cárceles comunes. Esa era la ilusión, la esperanza” pero “las evidencias nos confrontaron con la terrible realidad de que muchos de ellos no iban a volver”, dijo.

Como se repite en casi todas las audiencias, Mónica Streger, reclamó al Tribunal por la demora con la que se inició este juicio. “Han pasado 44 años. Es mucho tiempo para realizar un juicio, tiempo en el cual los responsables de este genocidio, seguramente no deben estar todos, han disfrutado de su libertad o en domiciliaria, guardando para sí la verdad que todos los familiares seguimos buscando”, sentenció.

Pidió “la mayor celeridad” al Tribunal para “llegar a una condena firme y cárcel común”.

La hermana de Eloísa

“Fuimos y seguimos siendo víctimas del terrorismo de Estado porque mi hermana fue secuestrada el 11 de noviembre del 1976 a la salida del jardín de infantes donde ejercía como profesora de música, al mediodía, por varias personas que la tomaron por la fuerza”, comenzó diciendo Alejandra Castellini.

La familia Castellini, cuatro hermanos, el padre y la madre, vivían en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. “Con una vida muy calma entre el campo y el pueblo”, con vacaciones, estudios. “Teníamos una organización familiar muy cálida”, contó.

María Eloísa, a quien describió como “muy solidaria, muy compañera en los colegios y con mucha sensibilidad social”, terminó el secundario allá por 1972 en Ramos Mejía, donde comenzó su activismo social y religioso. Años después empezó a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

El día del secuestro de Eloísa, una compañera del jardín, Ana Caviglia, le avisó a su mamá en Las Heras y su mamá le avisó a ella. Las dos vivían en un departamento que estaba frente a la Facultad de Ingeniería, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, ella estaba con la nena, Clarita, que tenía nueve meses de edad.

“A las 7 de la tarde llegó un grupo de 8 o 9 personas que se identificaron como Ejercito o Policía. Estaban muy armados y estaban con ella. Entraron al departamento y estuvieron ahí hasta las 3 de la mañana. Sé que dos personas estaban abajo con el portero”, relató.

Alejandra se encontró allí con su hermana, embarazada de 4 meses que “había sido muy torturada. La verdad es que esa imagen es muy difícil de sobrellevar. Ella estaba esposada y no podía hablar”, precisó.

Los represores “comieron y robaron todo lo que se podía robar”, sostuvo, antes de indicar que ella trabajaba en la fábrica Panam de zapatillas. “Algo que me llamó la atención fue que ese viernes no fui a la fábrica, y cuando fui el lunes, no me permitieron entrar”, aseguró en refiriéndose a la complicidad cívico-militar.

Decidió entonces llevarse a la nena a Las Heras hasta que el papá de Clarita, Constantino Petrakos, la llamó para pedirle a su hija. “Se la entregué en una plaza de Primera Junta”, contó. Él le dijo que se iría del país pero permanece desaparecido. A partir de allí su mamá entró en un “proceso de anorexia. Decía que no quería seguir viviendo”.

Pese a su estado de salud, su madre presentó unos 20 Hábeas Corpus entre 1976 y 1979, año que la tragedia volvió a golpear a su familia. Sus padres Blanca Iris Carlini y mi papa Juan Ángel Castellini fallecieron en un incendio y dos años después, su hermano menor, Marito, falleció en un accidente de auto.

“Algo que fue sumamente traumático es no saber nada respecto del embarazo y del parto que tenía que ocurrir para abril de 1977”, precisó Alejandra que declaró en distintos juicios.

Aunque se instaló en Salta en los años 80, pudo establecer contacto con Adriana Calvo, que “si bien no fue testigo directa del parto, fue quien nos dijo que Eloísa había tenido una nena y que le había puesto de nombre Victoria”, explicó Alejandra luego de subrayar que su sobrina Clara “se convirtió en una investigadora impresionante. Además de tener a su madre desaparecida, tiene una hermana viva de 45 años que no conoce”.

Del nacimiento de esa nena hay testigos como las sobrevivientes Ana Caracoche, Lidia Papaleo y Cristina Comandé, entre otros.

“Pasaron 46 años y todo a nivel justicia ha sido muy limitado, muy demorado, muy acotado, con pocos genocidas presos, menos en cárcel común. Los aportes han sido siempre desde las familiares o los compañeros de cautiverio. El Estado acompañó pero no generó situaciones. Es muy poco o nada lo que se sabe del nacimiento de mi sobrina en cautiverio y tampoco sabemos nada de los restos de mi hermana”, reclamó Alejandra al Tribunal, antes de tomar el ejemplo de este juicio: “la instrucción arrancó en 2006, fue elevado a juicio en 2013” y recién comenzó en 2020.

Alejandra Castellini pidió la apertura de los archivos donde “seguramente hay mucha información” y concluyó su testimonio con la consigna “¡son 30 mil, no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos!”. Los aplausos volvieron a escucharse en la sala.

“Militaban por el derecho de todos a una vida digna”

“Soy Clara Petrakos, hija de María Eloísa Castellini y de Constantino Petrakos, ambos desaparecidos, al igual que mi hermana, nacida en cautiverio. Los secuestraron porque militaban por una sociedad más justa, por el derecho de todos a una vida digna”, afirmó al iniciar su testimonio “Clarita”, como le dicen cariñosamente mientras mostraba una foto de entonces de su mamá.

Sus padres militaban en el PRT.

Clara Petrakos quiso comenzar su declaración mencionando a “seis mujeres que marcaron mi vida”: su abuela paterna Elí Leontis quien “se convirtió en mi madre”; a otras “dos abuelas maravillosas” como fueron para ella María Isabel Chorobit, conocida como Chicha Mariani; a Mirta Baravalle; a Adriana Calvo; a Cristina Comandé y a Virginia Ogando.

El 11 de noviembre de 1976, Eloísa tenía 20 años y estaba embarazada de cuatro meses. Clara ya tenía 9 meses, precisó antes de relatar lo que pudo saber sobre el violento secuestro de su mamá, a plena luz del día, a media cuadra del jardín de infantes de Merlo donde era profesora de música.

Clara brindó detalles sobre el secuestro de su mamá que recogió a partir de la lectura de testimonios y de conversaciones con sobrevivientes y precisó que al llegar al departamento “mi mamá estaba toda embarrada. Se veía que estaba golpeada, torturada, no podía ni hablar. En un momento la dejan a mi tía [Alejandra] para que la ayude a cambiarse. Mi mamá estaba esposada. Ahí puede ver las marcas de picana en la ingle, en los pechos, debajo de las uñas… pueden intercambiar algunas pocas palabras”.

“Mi mamá le llegó a decir algo acerca de la quinta presidencial”, agregó.
A partir de ese dato, llegó a la conclusión de que “es posible” que entre el momento del secuestro y cuando la llevan al departamento, los represores la llevaran a dos centros clandestinos cercanos a la quinta presidencial de Olivos: Coti Martínez o la Comisaría 4ª de San Isidro.

Por Cristina Comandé supo que su mamá estuvo secuestrada en Cuatrerismo San Justo, conocido también como Puente 12 o Güemes. “Me relató que estuvo con ella en noviembre y diciembre”.

Por varios testimonios, como el de Adriana Calvo, supo que en abril de 1977 su mamá estuvo en el Pozo de Banfield.

Clara Petrakos también leyó testimonios para poder determinar, más o menos la fecha de nacimiento de su hermana. A partir de las declaraciones de Adriana Calvo y de Lidia Papaleo consideró que su hermana podría haber nacido el 14 de abril del 77. Por ese motivo pidió al Tribunal que solicite un documento que está en la causa conocida como Papel Prensa.

Según Adriana Calvo, su hermana nació en el pasillo del Pozo de Banfield, con la ayuda de Patricia Huchanski, otra joven secuestrada, que también permanece desaparecida.

Ana María Caracoche, quien brindó testimonio en este juicio en diciembre de 2021, coincidió con Elisa entre el 22 y el 25 de abril en el Pozo de Banfield. Ese día, hubo “un traslado masivo donde se llevan a mi mamá. Eso es lo último que sé de mi mamá”, sostuvo Clara.

Lo último que supo de su papá, Constantino Petrakos, fue que en marzo del 77 se fue a Europa. Estando en España debía encontrarse con su hermana. “Mi tío nunca llegó y de mi papá no se supo más nada”.

Clara Petrakos sostuvo que a “46 años de iniciadas las apropiaciones de nuestros familiares en centros clandestinos de detención, sólo un tercio de ellos fueron encontrados”.

“Quiero pedirles a ustedes, señores jueces, justicia, y no es justicia que personas que realizaron crímenes tan atroces estén en sus casas, el único lugar para un genocida es la cárcel”, afirmó. “30.000 compañeros detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre”, concluyó.

Operativo en una carpintería

José Eduardo Moreno tenía 23 años. El 14 de septiembre de 1977 pasadas las tres de la tarde estaba en bicicleta a tres o cuatro cuadras del taller y de la vivienda familiar en Merlo. “Entro, abro la puerta y veo personas armadas con fusiles”, relató al Tribunal antes de indicar: “veo a mi papá, a mi tío y a otra persona tirados en el piso. Cuando entro, me golpean y me tiran al piso”.

Acto seguido los ataron de manos, les vendaron los ojos y los subieron a una camioneta.

La familia era simpatizante del Partido Comunista (PC). Su abuelo, José Moreno, de 80 años, también recibió golpes de los represores, vestidos de civil, durante el operativo. Años después identificó por televisión a uno de los represores que era uno de los jefes de la patota que había entrado en su casa y que lo había torturado en San Justo. Se trataba del apropiador de Paula Nogares.

De allí los llevaron a la Brigada de San Justo. “Nos entraron en una especie de garaje y nos sentaron uno al lado del otro, los cuatro, contra una pared. De ahí a mí me llevan a la sala de torturas y después a mi papá y a mi tío”, relató.

Su papá y su tío, ya fallecidos, se llamaban Antonio Domingo Moreno Delgado (de 48 años) y José Moreno Delgado, de 42.

Después de 10 días en ese centro clandestino de la Policía Bonaerense lo trasladaron junto con otras 9 personas al Pozo de Banfield.

De su cautiverio en Banfield recordó sobrenombres de otros secuestrados: Café, Virulana, “El huevero”, el ferroviario, el metalúrgico, Luján Acosta y el profesor. Allí también “conocimos al Viejo” que tenía un problema en un brazo y en una pierna.

Ahí les dijeron que también estaba Rafael Perrotta, el director del Cronista Comercial. “Mi papá lo llegó a ver y no lo reconoció porque estaba destruido ese hombre de cómo lo habían torturado”.

Allí en Banfield estuvo María Elena Iannotti de Gambero, secuestrada también en la carpintería adónde había ido a pedir un presupuesto, contó. Un día escuchó hablar de “Fierrito”, un muchacho que trabajaba en el Hospital de Haedo.

En Banfield vio a Jorge Antonio Bergés, el médico de la Bonaerense. “En una oportunidad vino Bergés calabozo por calabozo […] Supimos que era Bergés mucho después, cuando salimos y cuando vimos su foto”, afirmó.

José Eduardo, su papá y su tío, estuvieron 20 días en Banfield, desde donde, previo fichaje con fotos y huellas dactilares mediante, los trasladaron a la Comisaría 3ª de Valentín Alsina. Una noche los liberaron y les advirtieron que tenían “24 horas para irnos de la provincia de Buenos Aires”. Los dejaron en un camino de cintura.

De los carceleros recordó a uno que le decían “el Papi” y a otro “el Tano”, que les escupía la comida que les daban una vez por día.

Contó que los primeros tiempos tras recuperar la libertad “fueron difíciles porque sentíamos que nos estaban vigilando”. De hecho pasaban coches que no se veían antes. “Ese medio nos duró mucho tiempo”, aseguró.

Declararon luego en la CONADEP, en el Consulado de España y en el Juicio por la Verdad.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como El Infierno, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013.

Este debate oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal está integrado asimismo por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV
(https://bit.ly/2T1S06P) o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. https://fb.watch/66cTGFRqGP/. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP https://bit.ly/3coDVqV.

La próxima audiencia se realizará el martes 17 de mayo a las 8.30 hs de manera virtual en el Tribunal Federal de La Plata.