La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) advirtió un fuerte incremento en la demanda del sistema de salud pública en territorio bonaerense y responsabilizó directamente a las medidas que adopta el Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei. «Hoy la demanda en los hospitales públicos bonaerenses está creciendo a ritmos alarmantes como consecuencia de las políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional», indicaron.
El presidente de CICOP, Pablo Maciel, explicó que «la liberación de los precios de los medicamentos, de los insumos y de las prepagas, junto al desfinanciamiento de las obras sociales, el incremento de la desocupación y la pobreza vienen provocando una preocupante vulneración y sobrecarga del sistema público de salud».
«Hay hospitales que registran una suba en la demanda de un 30 %, una tendencia que se traslada a todos los efectores públicos de salud», agregó al respecto.
Para Maciel, «las medidas de Milei que apuntan a que el mercado se haga cargo de todo el sistema de salud solo pueden tener los tristes resultados que estamos viendo: la desprotección de los sectores de menor poder adquisitivo y la ausencia de planificación y prevención sanitaria».
Esta demanda, a la vez, señala el gremio, pone en riesgo el funcionamiento de los servicios de emergencia, que ya se ven en un escenario complejo tras la restitución del impuesto a las ganancias y la eliminación de las exenciones para las horas extras y guardias médicas. En ese sentido, se registra una tendencia a la baja en la toma de estas horas, porque más salario implica también que caiga sobre los efectores de la salud el impuesto restituido por Milei.
«Los servicios de emergencia están quedando descubiertos y son cada vez más difíciles de sostener. Esta situación está poniendo en riesgo la salud de toda la población», señaló Maciel.
Vale recordar que la CICOP fue uno de los gremios que decidió judicializar esta decisión, argumentando que «la medida vulnera el principio de progresividad de derechos sociales, entre los que se encuentra la remuneración, contenido en la carta magna, dado que viene a empeorar la situación material de personas que viven de su trabajo personal, lo que está vedado por el ordenamiento jurídico».
