El frente judicial que comenzó la semana pasada por los cambios en el impuesto a las ganancias que afectaron a alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras se profundiza con más sindicatos sumándose al reclamo en la Justicia.
La semana pasada, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del impuesto a las ganancias, aprobado en el Congreso el mes pasado junto con la ley Bases. La medida generó un fuerte ruido en el sector sindical, que ya se venía movilizando bajo la consigna «El salario no es ganancia», y Camioneros y La Bancaria fueron a la Justicia, seguidos por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), judiciales y pretoleros.
«En defensa de los derechos e intereses de las y los trabajadores profesionales de la salud que se desempeñan en hospitales provinciales y municipales bonaerenses». CICOP, uno de los sindicatos que integra el espacio «El salario no es ganancia», ratificó hoy que irá a la Justicia federal para que declare inconstitucional la reforma legislativa que restituyó el impuesto a las ganancias.
En ese sentido, el presidente del gremio, Pablo Maciel, explicó que «en el escrito judicial sostendremos que se ha violentado el procedimiento de formación y sanción de las leyes previsto en nuestra Constitución nacional, toda vez que una de las Cámaras rechazó la propuesta promovida por el Poder Ejecutivo de gravar impositivamente el salario».
«A esa cuestión formal el sindicato sumará argumentos de fondo», agregó Maciel al decir que «entendemos que la medida vulnera el principio de progresividad de derechos sociales, entre los que se encuentra la remuneración, contenido en la carta magna, dado que viene a empeorar la situación material de personas que viven de su trabajo personal, lo que está vedado por el ordenamiento jurídico».
Con respecto a las guardias médicas, sentenció que «en reiteradas oportunidades, alertamos sobre el impacto negativo que esta decisión tendrá particularmente en el sistema de salud, al suprimir además las exenciones para que las guardias y horas extras no sean computadas para el mencionado tributo».
«Desde nuestra organización sindical recalcamos que habrá serios inconvenientes para sostener los servicios de emergencia. Está claro que nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos. Desafortunadamente serán más frecuentes las guardias con planteles incompletos, lo que terminará quebrantando el derecho al acceso a la salud de la población», manifestó Maciel.
El otro gremio que se suma esta semana a la ola de medidas judiciales es el del Seguro, también parte de la mesa intersindical y de la CGT. El gremio encabezado por Jorge Sola anunció que realizará una presentación en los estrados que correspondan «para frenar la aplicación de esta ley, confiando que la Justicia atienda y repare los legítimos reclamos de los trabajadores de seguros».
«Consideramos que esta ley es inconstitucional e ilegítima y constituye un retroceso en las conquistas de las y los trabajadores que luchamos para eliminar este impuesto y que en el año 2023, luego de muchos años de lucha, logramos su derogación parlamentaria que lo dejó sin efecto, permitiendo que más de un millón de trabajadores dejaran de tributar ese gravamen», señaló el sindicato.
