Con nueve de cada diez argentinos en contra de reducir las penas a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, el repudio de todos los organismos de derechos humanos y las reacciones que comienzan a surgir desde la comunidad internacional, el Gobierno de Cambiemos intenta morigerar el impacto del fallo del 2×1 dictado por los jueces que eligió el propio presidente Mauricio Macri para cubrir las vacantes que tenía la Corte Suprema.
No es que a la alianza gobernante le interese la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ya ha dado sobradas pruebas de lo contrario con el vaciamiento de áreas del Estado que se encargaban de investigar los delitos de lesa humanidad, con el negacionismo de Macri y con varios de sus funcionarios al poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, los intentos de reflotar la teoría de los dos demonios y el apoyo al beneficio de prisión domiciliaria para más de medio centenar de represores.
Lo único que le preocupa a Cambiemos es no perder votos de cara a las próximas elecciones legislativas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo este fin de semana que «era un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”, porque “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”. Se trata del mismo funcionario que días antes afirmaba estar de acuerdo con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco al habilitar la conmutación de penas a los genocidas a través de la Ley 24.390, derogada hace dieciséis años.
También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a hablar ahora del 2×1 como “un mecanismo que consagra la impunidad”, cuando meses atrás invocaba convenciones internacionales para justificar que “una persona mayor” –así se refería al represor Miguel Etchecolatz– pueda irse a su casa con arresto domiciliario.
Desde Vicente López, luego de cinco días de absoluto silencio, la gobernadora María Eugenia Vidal aprovechó la inauguración de una muestra de Ana Frank para señalar que “los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”.
Todo esto amplificado por los medios del Grupo Clarín, que repiten sin cansancio que el 2×1 de la Corte Suprema genera “rechazo por todos lados, especialmente desde el Gobierno”.
“Los llamó Durán Barba y les dijo ‘muchachos, viren el discurso’. No tengo ninguna duda de que el fallo del máximo tribunal va en la misma dirección que la política del Gobierno en materia de derechos humanos, es decir, camino a una amnistía y a la impunidad”, aseguró a Contexto el abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli, quien acaba de presentar una denuncia contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco por el delito de prevaricato.
Parrilli cuestionó, además, un proyecto del diputado macrista Federico Pinedo para establecer que el cómputo de las penas establecido en el artículo 7 de la Ley 24.390 sea aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva entre los años 1994 y 2001, cuando estaba vigente la norma.
“Es algo insólito. Pretenden seguir legislando sobre una ley que ya fue derogada y que no se puede aplicar a casos de delitos de lesa humanidad. Con esto, más allá del discurso, demuestran que están a favor del 2×1 a los genocidas”, remarcó el letrado.
No merecen estar en la Corte
La denuncia penal de Parrilli contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco por prevaricato, delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho, recayó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas.
En su presentación, el abogado sostiene que los tres cortesanos “tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, sobre todo Rosatti y Rosenkrantz, a quienes Macri “pretendió nombrar obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Si se logra probar que incurrieron en prevaricato con el fallo del 2×1 a los genocidas, Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco serían “inhabilitados para ejercer cargos públicos y, obviamente, para ejercer como jueces”.
“Esta denuncia y los pedidos de jury que se están impulsando son dos caminos que van en la misma dirección, ya que los jueces pueden ser removidos de sus cargos por la comisión de delitos o por mal desempeño”, manifestó Parrilli, y explicó que la decisión de los cortesanos “no sólo lesiona, sino que pone en peligro el Estado de Derecho al permitir la liberación de cientos de condenados por los más terribles crímenes de que tenga memoria nuestra historia”.
El pedido de una víctima
Las acciones contra el fallo del máximo tribunal no se limitan al ámbito nacional. Gladys Cuervo, una de las víctimas del represor beneficiado con el 2×1, Luis Muiña, presentó ayer una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó que se dicte una medida cautelar para que no se aplique la Ley 24.390 en juicios de lesa humanidad mientras el organismo dirime la cuestión de fondo.
Ante la CIDH también recurrió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al considerar que la Corte viola las convenciones sobre Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas. Lo mismo hizo el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y se esperan otras presentaciones similares del Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador y hasta de la diputada de Cambiemos Anabella Hers.
En este marco, hay que destacar además el pronunciamiento de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ayer exhortó al Estado argentino y a la Corte Suprema a “cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos”.
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, enfatizó el representante de ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.
Etchecolatz, Von Wernich y “Chubi” López quieren 2×1
El repudio de la ciudadanía al fallo de la Corte fue creciendo a medida que se conocían quiénes eran los genocidas en condiciones de solicitar el 2×1 para salir en libertad, entre ellos, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.
Una encuesta realizada por la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) reveló que el 88% de los argentinos “está en desacuerdo” con ese beneficio y que el 64% cree que el máximo tribunal no resolvió de manera independiente.
Este lunes trascendió que el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, condenado a perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad y principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006, también pretende acogerse al 2×1; al igual que el cura Christian Von Wernich, ex capellán de la misma fuerza que cumple prisión perpetua por 7 homicidios calificados, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la libertad en centros clandestinos de detención del “Circuito Camps”.
Otro peligroso represor que podría quedar suelto es Arnaldo José “Chubi” López, condenado en el jucio “La Perla” de Córdoba por 383 secuestros, 369 casos de tormento y 281 homicidios calificados. Su abogada, Mariela Pérez Cesaratto, indicó que “López estaba sometido a proceso durante la vigencia del 2×1 y con el nuevo fallo de la Corte es posible hacer ese pedido”.
