Por Gabriela Calotti
Iniciativas individuales para borrar el nombre de Néstor Kirchner de calles, parques, hospitales y otros espacios públicos de todo el país están tomando fuerza desde el Gobierno de Cambiemos, que ya pasó de las palabras a los hechos al impulsar un anteproyecto de ley que no hace otra cosa que acentuar la división en una sociedad que, guste o no, en las elecciones presidenciales de 2015 votó por más del 48% a un candidato peronista.
“Cuando tenía dieciocho años y estaba a punto de recibirme de maestra, no podíamos nombrar ni a Perón ni a Evita”, explicó Antonia a Contexto, una maestra jubilada criada en el seno de una familia trabajadora de Ensenada, hija de un cocinero de la marina mercante que conoció la dignidad del laburante con Juan Domingo Perón.
“Ahora quieren hacer como cuando la Revolución Libertadora”, recuerda esta mujer entrada en años que considera “una provocación” la decisión del macrismo de enviar al Congreso un anteproyecto de ley para prohibir que los lugares públicos lleven nombres de personalidades y dirigentes que hayan fallecido hace menos de veinte años.
Esto apunta directamente hacia el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en octubre de 2010, pero también alcanzaría a Raúl Alfonsín, que murió en marzo de 2009, y hasta al cirujano René Favaloro, que se suicidó en julio de 2000 luego de reclamar infructuosamente al PAMI, dirigido entonces por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que le pagara dos millones de dólares adeudados a su prestigiosa Fundación.
El vaciamiento de contenido, el borrón de la memoria, del pasado reciente, y del pasado no tan reciente, es una decisión política que el Gobierno de Cambiemos define como “salir del populismo”, según palabras del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.
“Es un populismo del cual estamos tratando de salir todos los argentinos, los valores simbólicos son muy importantes”, justificó esta semana Lombardi al ser interrogado sobre ese anteproyecto que podría convertirte en ley a partir de 2017.
«Hay que esperar por lo menos veinte o treinta años para analizar a quienes homenajeamos”, opinó Lombardi, cuyas decisiones tienen un tono más totalitario que dialoguista.
Lombardi es uno de los macristas que más viene machacando, desde la llegada al poder de Macri, en que hay que cambiarle el nombre al magnífico edificio del Correo Central de Buenos Aires que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner convirtió en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Ya en enero pasado, el Gobierno de Cambiemos aseguraba que el CCK, como lo llaman ahora, no tenía habilitación y que la obra no estaba terminada. Sin embargo, poco se supo de obras que concluyeran dentro de ese histórico edificio que el macrismo hubiera preferido convertir en shopping, pero que, al igual que otros espacios culturales de relevancia, alquila o hasta ofrece gratis a determinadas empresas, como fue el caso, en septiembre pasado, de la aerolínea española Iberia, que allí festejó sus setenta años en el país (sin mencionar el vaciamiento y destrucción de Aerolíneas Argentinas en los noventa).
Según un borrador del anteproyecto difundido por algunos matutinos muy cercanos al Gobierno de Macri, la designación de bienes y lugares públicos con nombres propios deben fundarse “en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural».
El 9 de marzo de 1956, el Boletín Oficial de la dictadura encabezada por el general Pedro Aramburu, que el año anterior había derrocado a Perón, publicaba el Decreto Ley 4.161 según el cual prohibía cualquier elemento de afirmación ideológica o de propaganda peronista y disolvía al Partido Peronista “por su vocación liberticida”.
“Queda prohibida en todo el territorio de la Nación la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”, afirmaba el artículo 1.
Quedaba prohibido usar fotos o esculturas de funcionarios peronistas, del escudo, la bandera, el nombre del “presidente depuesto y el de sus parientes”, agregaba el artículo. Tampoco se admitían expresiones como “peronismo», «peronista», » justicialismo», «justicialista», «tercera posición», ni las composiciones musicales «Marcha de los Muchachos Peronista» y «Evita Capitana».
“nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.” (Rodolfo Walsh)
El artículo 3 precisaba que los “infractores” corrían el riesgo de sufrir penas de prisión de treinta días a seis años, y multas de quinientos a un millón de pesos e inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial, y quince días de clausura o clausura definitiva en caso de reincidencia cuando se trate de empresas comerciales.
«No hay que ir sobre un nombre propio, sino cambiar las prácticas para mejorar la República», afirmó Lombardi, antes de asegurar, sin embargo, que el “objetivo central es sacar una ley que pueda cambiar el nombre del ex Palacio de Correo. No debe llamarse Néstor Kirchner».
A diferencia de este funcionario macrista, viene a cuento recordar una frase de Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires”.
