Por Fernando M. López
Los legisladores oficialistas de Jujuy tomaron nota de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien durante su “retiro espiritual” en Chapadmalal dijo que “la mayoría de los argentinos” respaldan la detención arbitraria de Milagro Sala, y decidieron presentar un proyecto de ley para llamar en su provincia a una consulta popular sobre el caso.
La bochornosa iniciativa fue presentada ayer por el diputado de Primero Jujuy, Marcelo Nasif, que responde al vicegobernador Carlos Haquim (Frente Renovador), y el titular del bloque de la UCR, Alberto Bernis, junto a otros legisladores del Frente Cambia Jujuy.
“¿Usted cree que Milagro Sala libre, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia investigue los hechos de corrupción?”, es la pregunta que proponen los legisladores para el referéndum, y agregan: “En caso de votar por el sí, se entenderá que el elector está de acuerdo con la continuidad de la prisión preventiva. Si el elector vota no, se entenderá lo contrario”.
El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, dijo a Contexto que “es muy preocupante” este proyecto, que demuestra la “ignorancia” de los diputados oficialistas sobre “el sistema jurídico constitucional y el derecho internacional de derechos humanos”.
“Los derechos humanos no se plebiscitan”, sostuvo Chillier, tras calificar la propuesta como “un chiste al Estado de derecho”, propia de un “régimen autoritario”, y recordar que el artículo 39 de la Constitución establece claramente que “no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat también repudió el proyecto de los legisladores jujeños al ser consultado por este diario.
“Significa usurpar atribuciones que son, en principio, del Poder Judicial”, afirmó, y luego añadió que “en función de haber ratificado la Argentina los protocolos adicionales de la Convención Americana de Derechos Humanos y de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, son estos órganos supranacionales los que tienen la última palabra en materia de la tutela de los derechos humanos. Por lo tanto, es absolutamente absurdo pensar que se pueda cambiar o modificar una decisión de un órgano regional o internacional en función de un plebiscito”.
Para Barcesat, realizar una consulta popular de este tipo “sería un quiebre del artículo 22 de la Constitución Nacional, que dice que ‘el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades’”.
“Es un verdadero dislate institucional. Siento vergüenza de que esto se haya mencionado o propuesto de alguna manera”, subrayó el letrado.
En tanto, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala adelantaron que darán a conocer el proyecto de ley ante todos los organismos internacionales, ya que “da clara muestra de la falta de independencia de los Poderes, que busca imponerse sobre facultades propias e indelegables del Poder Judicial”.
“El proyecto presentado es escandaloso y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala. En un Estado de derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas ni por lo que opina la gente ni por un referéndum”, dijo Aníbal Ibarra.
Otro de los integrantes del Comité, el abogado Eduardo Tavani, calificó la propuesta como “fascista” y remarcó que “no son los humores públicos los que deben resolver sobre la libertad o no de una persona”.
“Es un escándalo, una vulneración absoluta del Estado de derecho y del Estado democrático de derecho y hay que condenarlo. Esto merece un repudio general del Estado nacional y de todos los organismos internacionales. No tenemos registro en los Estados contemporáneos de un hecho de estas características”, advirtió.
Luego de las críticas, el propio gobernador Gerardo Morales salió a despegarse de sus legisladores: “No comparto una consulta popular. Hay que dejar que la Justicia actúe independientemente”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
Milagro Sala está presa desde el 16 de enero último, inmediatamente después de que Morales quebrara la independencia del Poder Judicial de Jujuy. Así pudo ordenar el arresto de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur por el sólo hecho de protestar frente a la Gobernación. Cuando esa causa se cayó, los jueces y fiscales que responden al mandatario provincial armaron numerosas otras para mantenerla tras las rejas.
Las irregularidades del proceso contra Sala fueron cuestionadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que solicitó en octubre al Gobierno de Macri su “liberación inmediata”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también manifestó su preocupación por el caso y coincidió con la ONU al sostener que no se demostró “riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen” la prisión preventiva de la dirigente social; mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado argentino a dar pronta respuesta al reclamo de los organismos internacionales.
Sin embargo, hasta ahora, por decisión de Macri y de Morales, la diputada del Parlasur continúa ilegalmente detenida en el penal de mujeres de Alto Comedero, ubicado en las afueras de San Salvador de Jujuy.
