Por Contexto
En una decisión atípica y bastante inédita, el Gobierno de María Eugenia Vidal intentó ayer quebrar una huelga de auxiliares docentes en La Plata con la ayuda de una empresa privada de limpieza, en un conflicto que ya lleva varias semanas y en el cual también ya interviene la Justicia. Un escenario complejo que se buscó ordenar al mejor estilo de Cambiemos: menos diálogo y más acción.
Los momentos de más tensión se dieron en la escuela Vicente López y Planes de la capital provincial, en calle 28, entre 47 y 48. Cerca de las 14hs, un director del Ministerio de Educación, que se presentó como Lucas Di Marco, llegó a la cabeza de un escuadrón “de emergencia” –así lo denominó– equipado con baldes, trapos y secadores de pisos.
El batallón higiénico se quedó en la puerta, porque delegados y representantes de los sindicatos SOEME y ATE le cerraron el paso. “Vengo a cumplir una orden judicial”, dijo el funcionario, en referencia a la decisión de Enrique Gorostegui, magistrado en lo Civil y Comercial, quien había hecho lugar a un amparo presentado por padres en varias escuelas.
«Estamos a favor de la educación pública; no vamos a dejar ingresar a nadie y no vamos a permitir tercerizar nuestro trabajo”, dijo una de las porteras que salió el cruce de la comitiva oficial. “Están enfrentando pobres contra pobres”, dijo otro de los sindicalistas que estaban parados bajo el pórtico principal.
«Tomamos la decisión de no aflojar y vamos a seguir con la retención de tareas”, advirtió una tercera persona que estaba en el lugar. Frente a esto, la respuesta del titular de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro, no se hizo esperar. Tampoco sorprendió: anunció que denunciará penalmente a quienes no dejaron avanzar a sus enviados.
«Vamos a presentar denuncias penales, porque el personal de este gremio no dejó entrar a las cuadrillas», dijo en declaraciones televisivas. También avisó que descontará los días de paro a quienes mantienen la medida de fuerza.
El conflicto se generó con el cierre de la paritaria de los estatales: UPCN y FEGPEBA aceptaron la oferta del Ejecutivo bonaerense (entre 15 y 17% de aumento para la primera mitad del año), y SOEME y ATE no. Desde ese momento arrancaron un paro que afecta el normal comienzo de las clases.
Para Finocchiaro, “la huelga es feroz y casi ilegítima” y por eso habilitó “medidas extraordinarias”, como la contratación de personal ajeno al Estado. El ministro también aclaró que «habilitó el listado de auxiliares docentes», lo que fue leído como una puerta abierta a posibles suspensiones.
Mientras “elabora la denuncia penal”, Finocchiaro no descartó que SOEME pueda “perder la personería gremial”, porque “no sabe hasta dónde llegará el accionar de la Justicia”.
También habló de un dirigente de SOEME que habría dicho que «se reía de lo que pasaba”. En este caso, “no recordaba” el apellido de la persona aludida, aunque aclaró que el audio se lo hizo escuchar “Mariano Pérez de Ulate”, uno de los editorialistas que tiene la radio La Redonda y el diario El Día.
Finocchiaro habla de “paro” y de “huelga” y se niega a usar el término “retención de tareas”. Pero eso lo pone en una contradicción, porque entonces no habría nada ilegítimo en la EGB Nº 16 y en las otras. «Casi», como dijo, no alcanza.
Finocchiaro llegó al gabinete de Vidal luego de ejercer cuatro años como un estrecho colaborador del por entonces encargado del área de Territorio porteño, Estaban Bullrich, hoy ministro de Educación nacional.
Se desempeñó como subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente. Llegó elogiado por Clarín, quien lo presentó como el “encargado de las duras negociaciones con los 17 gremios docentes, todos ellos opositores al PRO”. O perdió la memoria, como en el caso del audio del «hombre que reía», o en el «Gran diario argentino» le trucharon el currículum.
La gestión anterior, de Daniel Scioli, fue amplia y largamente cuestionada por las retenciones de tareas que supo padecer por parte del Frente Gremial Docente, pero ni en casos extremos hubo una intervención de este tipo.
