Por Fernando M. López
Luego de los decretazos con los que el Gobierno nacional modificó los artículos antimonopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disolvió su autoridad de aplicación (AFSCA), junto al Consejo Federal de Comunicación (COFECA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), y creó en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el presidente Mauricio Macri emitió otro más: el 678.
Más allá de los distintos comentarios que desató en medios y redes sociales la coincidencia del número del decreto con el programa levantado por el macrismo de la TV Pública, cabe considerar cuál es el impacto de esta nueva medida en el marco del avasallamiento de la ley sancionada con amplio consenso en el Congreso el 10 de octubre de 2009.
El 678/2016, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar “El Milico” Aguad, suprimió el artículo de la norma que obligaba a identificar el inicio y el final de las tandas publicitarias, y modificó lo referido al servicio de la hora oficial.
Para eliminar las placas (en TV) y la mención oral (en radio) que señalaban el “espacio publicitario”, el Gobierno fundamentó que “no resultan medios indispensables ni suficientes” para “la protección de la audiencia respecto del exceso de publicidad y la igualdad de los distintos prestadores en la comercialización de publicidad”.
Sin embargo, el ex director de Supervisión y Evaluación de la AFSCA, Gustavo Bulla, afirmó a Contexto que esta decisión “borra significativamente las fronteras entre la tanda publicitaria y el continuo de venta de anuncios”, complicando además la fiscalización que establece la ley.
“Prácticamente, uno podría decir que libera la Publicidad No Tradicional (PNT). Al no distinguir lo que es tanda de lo que no lo es, la publicidad que se introduce en el medio de la programación quedaría liberada”, completó el docente e investigador en políticas de comunicación de la UBA y la UNLZ.
En cuanto a la hora oficial, el decreto eximió a los canales de televisión abierta de la obligatoriedad de informarla en la parte inferior de la pantalla durante los espacios de programación, y a las emisoras radiales de anunciarla dos veces por hora.
En este caso, el argumento del macrismo se basó en que “con el advenimiento de las nuevas tecnologías, han devenido anacrónicos los métodos elegidos normativamente para que se brinde el servicio de hora oficial a la población en general”.
“Se sorprenderían de la cantidad de personas que prenden el televisor o la radio para saber la hora, más allá de los múltiples soportes que existen. Pero la hora en la televisión abierta también tenía un componente extra relacionado con la fiscalización, ya que en la grabación dejaba una marca del momento en que había sido emitido tal o cual contenido. Tecnológicamente, eso se puede reemplazar, pero para ello hay que tener la voluntad de fiscalizar, que es lo que yo me permito poner en duda sobre el nuevo órgano de aplicación (ENACOM), cuyos directores están vinculados directa o indirectamente al Grupo Clarín”, dijo el académico.
En el organismo presidido por Miguel Ángel de Godoy figuran directores como Silvana Giudici, quien presidió la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados al servicio de Héctor Magnetto, cuando se debatía la Ley de Medios; Andrés Gil Domínguez, uno de los “amicus curiae” que defendió las posiciones del Grupo Clarín ante la Corte Suprema; y Alejandro Pereyra, abogado de grandes medios comunicación.
Para Bulla, resulta al menos llamativo que el Gobierno haya gastado recursos públicos en eliminar, a través del decreto 678, dos aspectos de la ley que, en realidad, “no molestaban en lo más mínimo”.
“Habría que estar atentos. No sería raro que esto sea una avanzada hacia una liberalización más amplia de los espacios publicitarios para beneficiar a los medios de comunicación más poderosos, en detrimento no sólo del Estado, sino también de la audiencia”, advirtió.
Actualmente, la Ley de Medios establece un máximo de doce minutos por hora de publicidad para la televisión abierta, ocho para la TV por suscripción y catorce para las emisoras radiofónicas, aunque en caso de la “liberalización” que alerta Bulla podrían resurgir las mismas “trampas” que eran frecuentes durante el menemismo, cuando regía la Ley de Radiodifusión de la dictadura.
“Las trampas se daban en cuanto a cómo contabilizar la publicidad: por bloques horarios de seis horas, agrupando la mayor cantidad de segundos en el prime time, momento en el que es más caro el segundo de publicitario”, ejemplificó Bulla, y agregó que, en esta lógica, los que siempre ganan son los medios concentrados, que pueden “imponer condiciones a los anunciantes y captar mayor cantidad de publicidad”.
El terreno es más que propicio tras la entrega de los derechos de televisación de todos los partidos de los grandes equipos de Primera División (Boca, River, independiente, Racing y San Lorenzo) a Canal 13, América y Telefé.
Un superclásico, por ejemplo, es el espectáculo con mayor rating de la televisión argentina, sólo comparable con un partido de la Selección Nacional. El último encuentro entre Boca y River, disputado el 24 de abril, marcó 46,5 puntos sumando los tres canales, mientras que el segundo de publicidad se comercializó a un precio de 35 mil pesos. Según el portal Marketing Registrado, la señal del Grupo Clarín se ubicó primera con 21,97 puntos de rating, seguida por Telefé (18.06) y América (6,47).
“Lo que hizo Macri es una verdadera vergüenza, la malversación más elocuente de lo que suele llamarse subsidiariedad estatal: cargó en el Estado el costo del Fútbol para Todos, regaló la crema del negocio a los tres principales medios privados comerciales y dejó a la TV Pública en inferioridad de condiciones con los partidos de menor audiencia. Esto nos retrotrae al Decreto-Ley 22.285 de la dictadura, que hacía exactamente lo mismo a través del artículo 10. Ese artículo decía que el Estado no participaba de la radiodifusión allí donde hubiera medios privados comerciales interesados en hacerlo”, concluyó Bulla.
