Por José Welschinger Lascano
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció el ataque de un grupo de hombres armados que arremetió contra las comunidades del sur de la provincia. La agrupación ofreció una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para difundir la situación de las familias santiagueñas que vienen siendo víctima de los atentados, y alertaron acerca de la impunidad con la que estos grupos comandados por empresarios ejercen la violencia.
Guido Corvalán, presidente del MOCASE, contó a Contexto el último ataque cometido en la localidad de Bajo Hondo. “En el departamento de Pellegrini, al sur de la provincia, es donde estos hechos han cobrado mayor intensidad y frecuencia”, comenzó. “Lo de Bajo Hondo fue un caso tremendo, pero allí también ya han sucedido hechos de violencia muy fuertes, como cuando acuchillaron a un maestro por trabajar en una comunidad en la que existen conflictos con los empresarios”, explicó.
EL REFERENTE CAMPESINO CONTÓ QUE HACIA FINALES DE SEPTIEMBRE UN GRUPO DE HOMBRES ARMADOS SE PRESENTÓ EN REPRESENTACIÓN DEL EMPRESARIO ARGENTINO ORLANDO CANIDO, QUIEN SE ADJUDICA LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN LA QUE VIVE LA COMUNIDAD CAMPESINA.
“Estos hombres entraron con toda la fuerza –relató Corvalán–, causando desastres y avasallando a las familias que allí viven. Mataron los animales, quemaron las casas y envenenaron el único depósito de agua que tiene la gente”.
Como saldo del ataque, varios vecinos recibieron heridas. Uno de los campesinos recibió una herida de bala en una pierna, mientras que otro fue atropellado por una de las camionetas en las que llegaron los atacantes. “La verdad que este último caso es de lo más preocupante para los campesinos”, sostuvo el titular de MOCASE. Y agregó: “Porque en Santiago hemos pasado por este tipo de situaciones desde hace muchos años, pero en el último tiempo la cuestión se viene agravando”.
La preocupación del movimiento campesino está en que no sólo se violan sistemáticamente los derechos de su comunidad, sino que estos hechos también representan un desafío a la seguridad pública en general. “Todo sucedió a metros de un destacamento donde la Policía Local está ubicada para garantizar que se respete el orden –informó Corvalán–. Ellos tienen impunidad total, y nosotros estamos tratando de alertar a todas las instituciones posibles para evitar que las cosas lleguen a un punto crítico”.
Tras el traumático ataque, las 42 familias del Bajo Hondo todavía se encuentran esperando alguna respuesta por parte de la Justicia. A pesar de haber elevado todas las denuncias en las jurisdicciones pertinentes, los campesinos no han logrado que las autoridades comiencen a encargarse de enfrentar la situación, y sus referentes exigen que alguien encare el asunto antes de que se siga agravando.
“Este tipo de violencia es el resultado de la Justicia que tenemos en la Argentina –sostuvo Corvalán–, porque los juzgados no se están encargando de trabajar sobre estas situaciones. Necesitamos que la Justicia empiece a actuar, y que se resuelva cómo fue que estos hombres pudieron atacar a una comunidad tan grande que existe hace varias generaciones”.
La conexión empresarial
Si bien el origen de los conflictos por las tierras de los campesinos se remonta varias décadas hacia atrás, los ataques comenzaron a darse en paralelo a la extensión de la frontera productiva del cultivo de soja transgénica.
Según explicó el titular del MOCASE, quien está detrás de los ataques que aterrorizan a la comunidad campesina santiagueña es Orlando Canido. “Este empresario es responsable de situaciones similares en otras comunidades campesinas que están al norte de la provincia, y también tenemos conocimiento de casos similares en otras provincias, donde están operando de la misma manera”.
Para los dirigentes del movimiento, es como si alguien le hubiera soltado la mano a estos grupos para que hagan lo que quieran sin tener que enfrentar las consecuencias. Desde MOCASE también denunciaron que los atacantes tienen lazos con varios empresarios locales y algunas personas allegadas. “Es evidente que conocen perfectamente los movimientos de la comunidad”, explicó Corvalán.
“SABEN A QUÉ HORA LOS HOMBRES SE VAN A TRABAJAR, A QUÉ HORA VUELVEN, Y EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA LA COMUNIDAD ES MÁS VULNERABLE.”
Varias de las causas elevadas por el movimiento campesino fueron a caer en manos de jueces que actualmente están siendo procesados por distintos motivos, de manera que nadie sabe quién se encargará de llevar adelante esos procesos judiciales. Sin embargo, la comunidad ha comenzado a elevar sus denuncias a nivel nacional, convencidos de que este tipo de hechos no puede quedar impune.
“La Justicia siempre es muy lenta –sostuvo Guido Corvalán–, y muchas veces estas situaciones terminan quedando sin resolverse, pero aunque no sea sencillo vamos a seguir trabajando para garantizar que las familias puedan recuperar su seguridad”.
Para el movimiento campesino, se trata solamente de aplicar las leyes y hacer cumplir la justicia, ya que la aplicación de la violencia por parte de estos particulares representa una amenaza para toda la sociedad argentina. “Queremos que este empresario se vaya de ese lugar –expresó el presidente de MOCASE–, y que nunca se vuelva a repetir este tipo de ataques en el que se destruyó completamente la propiedad de los campesinos. Estos delincuentes están imponiéndose con el uso de las armas, para quitarle a la gente la tierra en la que vive y cultiva, y lo que necesitamos en este momento es que aparezca la Justicia para frenarlos”.
En defensa del ambiente
Uno de los puntos destacados por el referente campesino consiste en que ha sido la presencia de las comunidades el factor que preservó la integridad del bosque nativo. Para las familias santiagueñas, defender los bosques no es solamente defender un medio de subsistencia, sino también defender el medio ambiente. “Nos quedan pocos bosques nativos –comentó Guido–, y necesitamos resistir estos ataques para no perderlos. Los empresarios siempre llegan diciendo que ellos van a traer el progreso para las comunidades, pero al final siempre terminan siendo inversiones que benefician sólo a un grupito de propietarios”.
Aunque el movimiento campesino siempre se atuvo a todos los procedimientos penales, incluso respecto de los títulos de propiedad que los empresarios dicen poseer, la comunidad todavía se enfrenta a una completa falta de claridad estatal en todo sentido. “Más allá de eso –sostuvo el titular de MOCASE–, estamos hablando de 18 mil hectáreas donde viven y trabajan muchas familias; que desde hace generaciones protegen el bosque donde este empresario quiere entrar para instalarse y deforestar”.
Como denunció el referente, la intención de los empresarios es hacer desaparecer el bosque que esta comunidad ha venido cuidando desde hace generaciones, junto con sus derechos civiles y sociales. “Estamos convencidos de que estas luchas se ganan con la verdad y en la Justicia –concluyó Corvalán–, no como los empresarios, que vienen armados para echarnos de nuestras casas. La sociedad tiene que enterarse”.
