El 3 de octubre, la firma Industrias Alimenticias Mendocinas, propiedad del grupo Alco-Canale, decretó en la Justicia comercial su quiebra en la provincia cuyana donde cuenta con fábricas en Tunuyán, Tupungato y San Rafael, con alrededor de mil trabajadores que aún siguen con incertidumbre acerca de su futuro. Pero ahora avanzó con la planta ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, enviando telegramas a la totalidad de sus empleados.
Según informó a Contexto Nicolas Macchi, delegado de esta planta, «cada unidad de negocio tiene su propio concurso preventivo”, sin embargo, en Llavallol no está declarada la quiebra. “Pero en el medio mandó telegramas a toda la planta. Somos 86 trabajadores”, relató.
“En los últimos dos meses estábamos sin trabajar, no traían ya materia prima ni nada. Y nos dejaron con una deuda de tres meses de sueldo”, explicó el delegado de los trabajadores, quienes desde entonces se encuentran movilizados. Tras los despidos, montarán ahora una guardia permanente en las inmediaciones de la fábrica.
“En los últimos dos meses estábamos sin trabajar, no traían ya materia prima ni nada. Y nos dejaron con una deuda de tres meses de sueldo”
Hace quince días los trabajadores se reunieron con Camilo Carballo, presidente del Grupo Canale, quien les informó que iba a avanzar con los despidos. “Nos dijo que no tenían más plata”, explicó el delegado. Y detalló que desde que se enteraron de esa situación comenzaron a esperar que llegaran los cesanteos.
Sin cobrar, sin obra social ni ART, los trabajadores han recurrido a la Secretaría de Trabajo a cargo de Jorge Triaca, pero no han tenido respuestas favorables. “Nos patean todas las semanas las audiencias”, explicó Macchi.
Los orígenes de los problemas de esta firma datan de 2015, año en el que pidieron un rescate al gobierno mediante un préstamo del Banco Nación de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, la empresa no se recuperó de la debacle financiera que atravesaba y avanzó este año con la quiebra.
El diputado por Unidad Ciudadana Miguel Funes visitó la planta bonaerense y presentó posteriormente una declaración en la Cámara de Diputados de la provincia en apoyo a los trabajadores, quienes atraviesan una situación “desesperante”.
“El actual modelo económico tiene como consecuencia el cierre de pymes y el despido de trabajadoras y trabajadores. La grave crisis que atraviesa la industria alimenticia en la provincia de Buenos Aires y en todo el país se da, sin dudas, a causa de la apertura indiscriminada de las importaciones, la caída de la demanda agregada, la suba de tarifas y la falta de políticas públicas para el sector”, sostuvo Funes.
