Por Lucía García Itzigsohn
El narcotráfico aparece, en ciertos relatos mediáticos, como una amenaza intermitente que amenaza la seguridad del país. Se agita como un fantasma su avance, se discute si Argentina es un país de producción, de consumo o de tránsito. Y se afirma que el Estado no hace lo suficiente. Esas generalidades no contribuyen a comprender un problema complejo, de carácter internacional y que involucra a diversos actores, entre ellos el mundo financiero.
El tráfico de drogas a gran escala implica una estructura económica que no puede sostenerse si no es mediante el lavado de dinero. Es decir, poniendo en circulación legal el dinero obtenido de negocios ilegales. Desarticular el narcotráfico es, por lo tanto, neutralizar su financiamiento.
“EL TRÁFICO DE DROGAS A GRAN ESCALA IMPLICA UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA QUE NO PUEDE SOSTENERSE SI NO ES MEDIANTE EL LAVADO DE DINERO. DESARTICULAR EL NARCOTRÁFICO ES, POR LO TANTO, NEUTRALIZAR SU FINANCIAMIENTO.”
Narcotráfico y lavado de activos constituyen delitos federales. Corresponde a esos tribunales investigar, juzgar y condenar a quienes cometan cualquiera de esos delitos.
Un abogado experto en lavar dinero está a punto de ser condenado por narcotráfico. Carlos Salvatore, sindicado como jefe de una organización delictiva, amenazó a la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Zunilda Niremperger, a cargo de la investigación. Y luego a dos fiscales que intervinieron en el juicio.
Junto a Salvatore están imputados su esposa, Silvia Susana Valles Paradiso; su hija, Carla Yanina Salvatore D’Ursi; su suegro, Santiago Valles Ferrer; el empresario Ricardo Gassan Saba. Se suman a los procesados el empresario Patricio Gorosito, el empresario Juan Carlos Pérez Parga y los comerciantes Héctor Roberto y Rubén Esquivel.
La causa se conoce como «Carbón blanco” porque la cocaína era enviada a Portugal en cargamentos de la empresa Carbón Vegetal El Litoral. Al momento de dictar el procesamiento requerido por el fiscal Carlos Sansserri y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, la jueza impuso un embargo al abogado Salvatore y demás acusados por 1.600 millones de pesos. El más alto del que se tenga registro.
La jueza Niremperger evaluó que los implicados «habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo desde el año 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dineros, acciones societarias» entre otras cosas, y que «serían provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico».
La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, que tiene a su cargo la detección e investigación de maniobras de lavado de activos, detectó que el dinero fue «lavado» a través de negocios inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, en la compra de autos de alta gama, en proyectos cinematográficos y girando fondos a Estados Unidos.
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), A CARGO DE JOSÉ SBATELLA, DETECTÓ QUE EL DINERO DE CARBÓN BLANCO FUE «LAVADO» A TRAVÉS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS EN MAR DEL PLATA, EN LA COMPRA DE AUTOS DE ALTA GAMA, EN PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS y girando fondos a ESTADOS UNIDOS.
Analistas financieros de la UIF pudieron reconstruir que Salvatore está ligado a diversas firmas del rubro financiero, automotriz, inmobiliario, agropecuario y de la producción audiovisual.
«Este es el caso más importante por lavado que tenemos y donde la fiscalía ha demostrado cómo el dinero obtenido del narcotráfico se aplica a inversiones inmobiliarias, entre muchas otras. Es dinero sucio que se ha introducido en el circuito formal», sostuvo Carlos Gonella, titular de la PROCELAC.
El jefe narco, que nada tiene que envidiarle a Pablo Escobar ni al Chapo Guzmán, sumó un delito a su prontuario, la amenaza a la jueza Niremperger, confirmada mediante la escucha telefónica de una charla que tuvo con su esposa detenida. «Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere», se lo escucha decir.
El abogado está detenido en Ezeiza luego de que la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Gustavo Hornos, Luis María Cabral y Ana María Figueroa revocara el beneficio del arresto domiciliario. La resolución contempla que esté alojado en un «área especialmente acondicionada del complejo penitenciario de Ezeiza», debido a que es paciente cardíaco, sufre de hipertensión arterial, úlcera gástrica, diverticulosis colónica, colon irritable y trastornos obsesivos compulsivos.
Salvatore y otros cuatro imputados están acusados por tres intentos de envío de unos 380 kilos de cocaína a Europa, especialmente a Portugal, en 2012.
Los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad pidieron veinticinco años de prisión para todos los imputados por considerarlos coautores del contrabando agravado de estupefacientes. Y solicitaron se amplié la investigación por un delito similar perpetrado en 2011 junto a seis empleados de la Aduana.
El abogado Carlos Salvatore y los empresarios Patricio Daniel Gorosito, Rubén Félix Esquivel, Carlos Pérez Parga y Héctor Ángel Roberto serán juzgados como «coautores responsables del delito de contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas en tres hechos que concurren en forma real entre sí». Se trata de los tres cargarmentos detectados en Buenos Aires y Lisboa entre marzo y abril de 2012.
Por su parte, la Cámara Federal de Resistencia resolvió declarar incompetente al juzgado de Niremperger para actuar en la causa de lavado de dinero que involucra a los principales imputados de Carbón Blanco. Estableció que la causa debe tramitarse en Buenos Aires, por lo que las actuaciones deberán sortearse entre los magistrados de Comodoro PY, para resolver quién deberá continuar con la instrucción.
Los fiscales Carlos Amad y Carlos Gonella interpusieron un recurso ante Casación para revertir el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que había dictado la incompetencia del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, tal como solicitó la defensa de Salvatore, para intervenir en la causa por el lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes a gran escala detectado en «Carbón Blanco» y que enviaba la causa al fuero federal porteño.
Zunilda Niremperger dictó el 29 de abril pasado el procesamiento y los embargos millonarios al abogado Carlos Salvatore y a su entorno comercial y familiar –su esposa, su hija y su suegro– por el lavado de activos que tuvieron su origen en el tráfico de más de una tonelada de cocaína a Europa. La apertura de la causa por lavado de activos fue consecuencia de la investigación por narcótrafico. Los fiscales alegaron jurisprudencia de la Corte Suprema que plantea que «la solución de la competencia debe estar inspirada por las exigencias de la economía procesal, celeridad, inmediatez y defensa en juicio de los encausados».
Discusiones técnico-jurídicas dilatan una vez más el acceso a la justicia. Los delitos económicos son un fraude al Estado y esos bienes en juego deberían ser pensados como recursos para políticas públicas. Es hora de que el Poder Judicial sancione a los ladrones de guante blanco. Porque se sabe: los fallos también pretenden ser ejemplificadores.
