Por Miguel Croceri (*)
Los ataques del gobierno a personas y sectores que se movilizan en el espacio público se
agravan continuamente, y constituyen un pilar básico del régimen de ultraderecha para
tratar de implantar un tipo de capitalismo cada vez más cruel y saqueador.
Las criminales agresiones del pasado miércoles (12/03) contra jubiladas/os, hinchadas de
fútbol y otros ciudadanas/os y organizaciones que intentaban manifestarse frente al
Congreso Nacional, forman parte de la estrategia represiva puesta en marcha por la
gestión de Javier Milei desde sus comienzos. (La imagen que ilustra este texto fue tomada
en el día y las circunstancias mencionadas. Foto: Pepe Mateos).
Esta vez centenares de personas sufrieron en sus ojos y vias respiratorias los efectos de
potentes sustancias químicas gaseosas lanzadas por personal policial. Otras personas -o
las mismas- soportaron golpes con objetos metálicos y/o balazos de goma. Una jubilada
de 87 años cayó el piso tras un salvaje ataque perpetrado por policías. (Pueden verse
imágenes en un video de 2 minutos tomado de la trasmisión televisiva del canal C5N.
Posteo del 12/03/25).
En un hecho todavía más grave, el reportero gráfico Pablo Grillo sufrió el disparo de una
granada de gas lacrimógeno que destrozó su cabeza y lo dejó herido de gravedad
extrema y con peligro de muerte. (Reporte del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota
del 13/03/25).
Protestas anteriores de jubilados/as y otras/os ciudadanas/os habían sufrido respuestas
violentas similares, pero los hechos fueron ocultadas por el aparato comunicacional del
régimen, y además tomados con indiferencia por las dirigencias democráticas y populares
e incluso por los principales medios de comunicación opositores al régimen.
Lo que cambió esta vez fue la irrupción en la escena política de personas convocadas por
sus sentimientos futbolísticos, en solidaridad con los valiosos y valientes grupos de
adultas/os mayores que antes se movilizaban en una soledad casi total y sufriendo la
represión sin que le importara prácticamente a nadie.
Magnífico emergente de la creatividad popular para la lucha, el apoyo de los/las hinchas
de fútbol hizo visible lo que antes se ocultaba.
El régimen, por su parte, tuvo que aumentar el nivel de violencia para tratar de
amedrentar, atemorizar y desmovilizar, no solo a las personas y grupos que habituamente
se manifiestan, sino al conjunto del pueblo. Desde el fondo de la historia humana, el
miedo es un arma de dominación. Pero sus efectos, aunque en un principio fueran
efectivos, no duran para siempre.
Por ahora Milei sigue envalentonado y el viernes (14/03) ratificó su estrategia violenta,
antidemocrática y demencial. Además del habitual insulto “hijos de puta”, característica
suya que no tiene antecedente en mandatarios de Argentina y quizás muy pocos -o
ninguno- en otros países, amenazó con que “ahora voy a acelerar mucho más”.
Se expresó de ese modo al hablar en la exhibición del poder agropecuario denominada
“Expo-Agro”, que se monta todos los años en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Estaba rodeado por la ministra Patricia Bullrich y por el diputado y candidato a la
reelección José Espert, dos de las figuras que simbolizan el extremismo ideológico y la
prédica agresiva del oficialismo. (Crónica del portal El Destape, nota del 14/03/25).
Diputado que instiga a cometer crímenes
El libertinaje capitalista impulsado desde el más alto nivel del Estado desde que Milei es
presidente, exhibe cada día el carácter cruel de la violencia económica y social que lleva
implícita. Además, también de forma creciente demuestra la determinación y voluntad
criminal con que la ultraderecha pretende llevar a cabo sus objetivos.
Desde el punto de vista de los discursos públicos de instigación a cometer crímenes
políticos, nadie ha sido y es más explícito e impune que (el recién mencionado) Espert,
actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y a quien
Milei promociona como su candidato para encabezar la lista por la provincia de Buenos
Aires en las próximas elecciones. (Crónica del portal Letra P, nota del 10/02/25).
Hace casi tres años y siendo ya legislador de la Nación, Espert pidió “encarcelar o meterle
bala a los mapuches”. El feroz ataque de palabra tuvo lugar en una conversación a través
de Instagram, ayudado por uno de sus seguidores que le preguntó “cómo resolverías la
situación con los pseudo-mapuches en la Patagonia”. La respuesta del diputado fue: “Yo
creo que hay que declarar un estadio de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a los
mapuches si se resisten. En realidad no son mapuches, son falsos mapuches, son
terroristas”. (Publicado en el diario Ámbito, nota del 24/07/2022).
Un poco más cerca en el tiempo, hace exactamente dos años, el mismo integrante del
Congreso Nacional instigó a la violencia personal y directamente al asesinato de Eduardo
Belliboni, dirigente de la organización social Polo Obrero y a la vez integrante del Partido
Obrero.
En su cuenta oficial de la red digital X (que en ese tiempo se llamaba Twitter), Espert
escribió: “Está claro que si no es por guita, no apoyás las protestas. Cárcel o bala para
vos Belliboni, que lucrás con los pobres”. La única repercusión importante de semejante
agresión retórica fue que la víctima hizo una presentación judicial. (Información de
Infobae, nota del 14/03/23).
La incitación a los crímenes políticos por parte del parlamentario oficialista ha sido
explícita y reiterada. En cambio, desde otras posiciones ideológicas y/o políticas nadie
respondió con discursos vengativos, como sería por ejemplo proponer lo mismo -es decir
”cárcel o bala”- para él y para los/las demás responsables de los sufrimientos que
padecen hoy millones de familias debido a las políticas del gobierno.
Por otro lado, como parte de su discurso de campaña para renovar la banca de diputado
este año, Espert ha incorporado la prédica a favor del accionar delictivo del Estado y de la
violencia generalizada en la sociedad.
Así ocurrió por ejemplo a comienzos de febrero, cuando en una entrevista televisiva por el
canal TN dijo que “a los chorros tenés que llenarlos de agujeros… llenarlos de agujeros a
balazos”, y además “hay que colgar a cuatro o cinco de estos delincuentes en una plaza
pública”. (Crónica de Perfil, nota del 05/02/25).
Novedades: las hinchadas de fútbol y la jueza
El pasado miércoles en la zona del Congreso el régimen aplicó una vez más, aunque en
grado todavía mayor y con violencia redoblada, el plan represivo que venía ejecutando y
además promocionando. Es la estrategia de “cárcel” y “bala” tanto en los dichos como en
los hechos.
Las “balas” han sido generalmente de goma, o bien granadas de gases como la que
golpeó en la cabeza del fotoperiodista Grillo. Son proyectiles que producen desde grandes
molestias hasta terribles dolores, y que según la distancia y velocidad del disparo y según
sea el órgano o zona del cuerpo humano afectados, pueden producir hasta la muerte de
las víctimas. Y otra arma habitual de la violencia estatal, es arrojar “gas pimienta” a los
ojos de la gente.
El accionar criminal en la semana recién transcurrida no fue una novedad, pero sí hubo un
agravamiento y potenciación de los métodos delictivos por parte de personal armado que
actúa bajo órdenes oficiales y con respaldo presidencial.
En cambio, la mayor novedad estuvo dada por la inédita solidaridad de los/las hinchas de
fútbol hacia los/las jubilados/as, y a raíz de ello la participación en la protesta de miles de
personas, todo lo cual le otorgó mayor legitimación, un vigoroso peso político y una
visibilidad pública que antes se había escondido.
Fue de tal magnitud la innovación producida a partir de los sentimientos deportivos, que
resultaron sacudidas la parálisis burocrática y el inmovilismo de las cúpulas sindicales y
político-partidarias, así como el desinterés y la apatía de gran parte de la sociedad.
Otra extraordinaria novedad, posterior a la criminal represión, fue la actuación decente y
apegada al Estado de Derecho por parte de la jueza Karina Andrade, del fuero Penal,
Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.
Horas después de que el gobierno metiera presas a 114 personas -incluidos niños/as- que
participaban de la marcha o solo pasaban por el lugar, la magistrada ordenó dejar libres a
las/los detenidas/os para hacer respetar las garantías ciudadanas y el derecho a
protestar. El gobierno quiere sacarse de encima a la jueza y presentará una denuncia en
su contra, según anunció el ministro Mariano Cúneo Libarona. Mientras que ella explicó
en declaraciones públicas las razones jurídicas de su decisión. (Tema resumido por el
portal Tiempo Judicial, nota del 14/03/25).
Desconocida hasta el momento por la opinión pública, Andrade se convirtió en el absoluto
contrario de la corrompida fracción que domina el Poder Judicial, particularmente en el
fuero federal porteño. (El diario reaccionario y oligárquico La Nación publicó un llamativo
“perfil” titulado “Una jueza de carrera identificada con el feminismo y la defensa de los
derechos humanos”, donde destaca elogios de sus colegas. Nota del 14/03/25).
La ultraderecha gobernante, como parte de su plan de dominación violenta, inició la
ofensiva judicial con apariencia de “legalidad” a fin de atemorizar al conjunto de la
población. Para ello inventó las peores acusaciones penales contra participantes de la
manifestación del miércoles: los acusó de “Sedición; Atentado contra el Orden
Constitucional y la Vida Democrática; y Asociación Ilícita Agravada”. (Información de
Página 12, nota del 14/03/25).
Hasta el momento el oficialismo posee una fortaleza suficiente como para intentar llevar
adelante sus propósitos. Exhibe una inflación baja y un dólar artificialmente barato, y aún
retiene gran parte de los votos conseguidos por Milei hace catorce meses (en el balotaje
presidencial de noviembre/2023).
Pero a medida que cruje la estabilidad macro-económica y el respaldo social tiende a
disminuir, el régimen se apoya cada vez más en la represión de las protestas populares,
en la propaganda ideológica de su gigantesco aparato de comunicación -las principales
cadenas de medios privados y las patotas clandestinas en redes y plataformas digitales-,
y asimismo en el encarcelamiento o amenaza de prisión contra ciudadanos/as que
reclaman, se movilizan y luchan.
