Por Roberto Álvarez Mur
“Complementación estatal en aplicación de la ley migratoria” es el título con que el Gobierno intentó suavizar el proyecto de creación de una cárcel exclusiva para migrantes, medida que ya provocó el repudio de organismos de derechos humanos y una convocatoria de firmas para frenar su aplicación. La iniciativa busca generar un predio de “alojamiento” para las personas migrantes en situación de ilegalidad respecto de las leyes migratorias vigentes, y como antesala a la expulsión del país.
El convenio fijado entre Patricia Bullrich, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernando Ocampo y el director Nacional de Migraciones Horacio García entrará en vigencia a partir del 1º de septiembre y tendrá una duración de cuatro años. La Policía Federal, dependiente de Patricia Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”. Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar. Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.
“Hay una preocupación muy importante por parte de los consulados ante el avance de esta medida. Lo que esta medida pretende lograr no es más que un pretexto para la implementación de un cambio de paradigma de las políticas de migración logradas durante la gestión anterior, donde se buscaba fortalecer la inclusión, para pasar a una lógica de control y vigilancia”, dijo a Contexto el vicecónsul de Bolivia, Ramiro Lionel Argandoña Cuellar, quien manifestó especial inquietud frente a esta medida encabezada desde el Gobierno.
En un escenario de plena instauración de un discurso político de «lucha contra el narcotráfico», en combinación con la presión permanente de Estados Unidos en relación con su cruzada contra el terrorismo internacional, la instalación de un paradigma de control y cerramiento de fronteras aparece como elemento clave.
“Hay varias cosas que se combinan en este asunto. Parece ser que hay alguna intención, no de regularizar la situación de los migrantes, sino de expulsarlos. Esto nos preocupa indudablemente, ya que no se trata de pasar a medidas coercitivas o penalizar el ingreso ilegal, sino de resolver el asunto”, añadió el vicecónsul boliviano.
“PARECE SER QUE HAY ALGUNA INTENCIÓN, NO DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES, SINO DE EXPULSARLOS. ESTO NOS PREOCUPA.”
En esta línea, sectores académicos, activistas y grupos migrantes en defensa de los derechos humanos ya emitieron una convocatoria de firmas para un petitorio de rechazo a esta medida, donde expresan que “de un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes (con independencia de su estatus jurídico migratorio), hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un ‘problema’ de seguridad nacional y de orden público”.
Si bien lo que se argumenta desde el Gobierno es el cumplimiento de ciertos aspectos de la legislación migratoria 25.871, especialistas en el área sostienen que la medida de implementar un centro de detención para “controlar” el influjo migratorio apunta a una interpretación arbitraria y hasta forzada del espíritu de la ley.
“La creación de estos centros de –llamémosle– alojamiento es presentada como parte de la puesta en práctica de artículos de la ley migratoria actual, que fue celebrada por remplazar la vieja ‘ley Videla’. Pero es preocupante la orientación que muestra, que más bien va a contramano de lo que debería ser. La Ley Migratoria tiene un articulado complejo y la aplicación de algunos artículos específicos puede ser acentuada de manera particularmente sesgada”, dijo a Contexto el investigador y especialista en movimientos migrantes Sergio Caggiano, y agregó: “Medidas como este convenio para alojar lo que se entiende como ‘extranjero con antecedentes penales’ o con ‘ingreso ilegal al país’, si bien encuentran basamentos en la Ley, ponen énfasis en el tratamiento de este fenómeno de manera opuesta a como se pensó.
El avance del macrismo contra los movimientos migrantes en nombre de un modelo de seguridad fronteriza y regularidad de «la inmigración ilegal» se presenta en un escenario internacional donde las grandes potencias europeas parecen direccionarse en términos similares respecto de las oleadas de refugiados, o como la tendencia de la derecha norteamericana que vuelve a instalar la idea de combatir la «invasión» latina en plena campaña electoral.
“EN EL MUNDO EN GENERAL ESTÁ HABIENDO UNA ACTITUD DE SESGO XENOFÓBICO CONTRA LOS MOVIMIENTOS MIGRANTES EN GENERAL. PASA EN EUROPA, PASA TAMBIÉN ACÁ.”
“En el mundo en general está habiendo una actitud de sesgo xenofóbico contra los movimientos migrantes en general. Pasa en Europa, pasa también acá. Incluso en ciertas campañas de actuales funcionarios se reproducía el discurso de que las ‘fronteras están perforadas’, ‘la gente entra ilegalmente cuando quiere’. Algún candidato también ha hechos responsable a cierto país de la producción de cocaína”, señaló con tono sugerente Argandoña Cuellar, y agregó: “Estamos viendo esto con mucha preocupación, ya que hemos intentado durante todos estos últimos años hablar de políticas basadas en garantizar ejercicios de derechos, y ahora lo que se plantea parece que es expulsar por no poder siquiera garantizar una documentación”.
En tanto, Caggiano sintetizó: “Lo que está haciendo este Gobierno es llevar la discusión de la migración de un paradigma de derechos humanos e inclusión al paradigma de la regulación y la seguridad”.
