Continúan las complicaciones para la diputada bonaerense de Juntos por el Cambo, Carolina Píparo, en medio de la causa que enfrenta su marido, Juan Ignacio Buzali, por tentativa de homicidio doble. Mientras la Justicia analiza si otorgarle o no el arresto domiciliario a Buzali, nuevos señalamientos surgen ahora contra la legisladora en torno a inconsistencias sobre el domicilio declarado en las audiencias.
En el marco de la causa que ayer tuvo una nueva instancia judicial en torno al pedido de arresto domiciliario por parte de la defensa, la representación legal de los damnificados remarcó que existen evidencias para iniciar una posible nueva acción legal contra Píparo. En este caso, se trata de las inconsistencias en las declaraciones de la funcionaria y su marido respecto del domicilio que alquilan en el exclusivo country de Grand Bell.
«Hoy en la audiencia dijimos ante la fiscal y ante la jueza de Garantías que la cuestión del domicilio es la comisión por parte de Carolina Píparo de otro delito de acción pública más, en base al artículo 85 de la Constitución provincial, que establece que los diputados y senadores bonaerenses tienen que residir en la provincia de Buenos Aires. Y Píparo no residía en la provincia de Buenos Aires. Residía en Capital Federal», explicó a Contexto Martín De Vargas, abogado representante de las víctimas del ataque de Buzali durante la madrugada de año nuevo.
«Carolina Píparo mintió sobre su domicilio. Por eso ocultaron siempre el domicilio de un exclusivo departamento que tienen en Puerto Madero, de una alta valuación. La señora Píparo no tenía domicilio en provincia al momento de ser electa diputada, tenía domicilio en Capital Federal. Ni siquiera los hijos estaban matriculados en la ciudad de La Plata», sostuvo el letrado.
Cabe señalar, además, que, en el marco de la última audiencia desarrollada este jueves, fue presentado a último momento un contrato de alquiler por una propiedad en Grand Bell que certifica que el inmueble está alquilado hasta 2022. «Este contrato, introducido entre gallos y medianoches, no es más ni menos que una muestra de la mala fe y falta de arraigo por parte de Buzali y Píparo».
Mientras tanto, se espera que en el transcurso de este viernes la Justicia determine si Buzali queda detenido hasta el juicio con prisión preventiva o si se le otorga arresto domiciliario. De Vargas estimó que existen fuertes probabilidades de que el pedido de domiciliaria no prospere.
Según indicó De Vargas, los diferentes domicilios presentados y las diversas modalidades contractuales de alquiler ponen un obstáculo en la figura de «arraigo», elemento jurídico necesario para sostener el pedido de arresto domiciliario. «Primero dijeron que habían alquilado en Grand Bell por las vacaciones, enero y febrero; después dijeron que en septiembre del año pasado habían alquilado por seis meses. Después Buzali dijo que vivía en Capital Federal pero por dos meses ‘tenía alquilado en Grand Bell’. Y ahora aparece este contrato por dos años», señaló el abogado, y agregó: «Nosotros fundamentamos que no tiene arraigo y no cumple con los requisitos psicológicos, porque la pericia no le dio bien».
