Por Fernando M. López
El intendente platense Julio Garro debería cumplir con la Ordenanza 10.661 de Basura Cero, que obliga al Estado municipal a incluir a carreros y cartoneros en el sistema de recolección de residuos, pero hasta ahora sólo ha profundizado la exclusión del sector.
“La privatización del servicio de recolección de residuos nos quita el material reciclable que recuperamos de la calle. Nuestra situación hoy es crítica. El ajuste que golpea a todos, a nosotros, que vendemos el kilo de cartón a $1, nos está llevando al límite. Como si fuera poco, nos persiguen y no nos dejan vivir de nuestro trabajo, porque una empresa se lleva todo el material”, denunciaron los recuperadores urbanos de La Plata, organizados en la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR).
La empresa a la que se refieren es Esur, a la que Garro benefició con la extensión de un contrato por 56 millones de pesos mensuales mientras echaba y reprimía a los cooperativistas que se dedicaban a la recolección de basura y limpieza de los espacios públicos.
El intendente habla hoy de una “Ciudad Verde” y pide a los vecinos que separen sus residuos, pero Esur se apropia de la mayoría del material reciclable, lo compacta y lo lleva al relleno sanitario de Ensenada.
“Cada tonelada de residuos que nosotros recuperamos y transportamos es una tonelada que Esur y el Municipio no entierra en el CEAMSE, que por ciento tiene sentencia de cierre para 2017”, recuerdan los carreros y cartoneros al exigir que su trabajo “sea reconocido como un servicio de carácter público que debe ser remunerado”.
Inés Aprea, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), precisó a Contexto que son entre 2.000 y 2.500 familias platenses las que subsisten con la venta de desechos reciclables, aunque aclaró que con las políticas de ajuste y los despidos del macrismo en los últimos meses “está creciendo la cantidad de gente que agarra un carro a caballo o un carrito a mano y sale a cartonear para poder sobrevivir”.
La FACyR presentó la semana pasada un proyecto en la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico, a cargo de Gabriel Roulliet, y este martes exigirá una respuesta con una manifestación frente al Palacio Municipal.
El proyecto, basado en la ordenanza de Basura Cero, propone un sistema público de reciclado con “la generación de puestos de trabajo formales”.
“Básicamente, supone la inclusión laboral de los carreros y cartoneros, un sueldo por el servicio –además de la venta del material recolectado–, condiciones dignas de trabajo y uniformes adecuados”, explicó Aprea.
La iniciativa FACyR prevé una prueba piloto en el cuadrante noroeste del Casco Urbano, que va desde las calles 13 a 31 y de 51 a 32, para luego extender el sistema al resto de la ciudad.
Este proyecto también permitiría erradicar los carros tirados por caballos, fuertemente cuestionados por los proteccionistas de animales.
“El tema tiene que ver con la posibilidad de dar una respuesta integral, como la que estamos planteando en nuestra propuesta. No podemos terminar con la tracción a sangre animal si no se garantiza la inclusión de carreros y cartoneros. Se trata de un proceso. Lo primero que hay que erradicar es la exclusión”, remarcó la integrante del MTE.
En sus últimas declaraciones a la prensa, Roulliet se negó a brindar una respuesta sobre el proyecto de la FACyR porque, según dijo, aún lo estaba analizando.
“Esperemos que las autoridades municipales nos den el visto bueno para poder arrancar con la prueba piloto”, sostuvo Aprea, y agregó que, en caso contrario, “analizarán colectivamente los pasos a seguir”.
