Ariel Cannizzo, de 33 años, fue secuestrado por policías el 21 de octubre de 2011 y trasladado a la Comisaría Cuarta de Berisso por personal de la Tercera, donde recibió golpes hasta su muerte. El juicio por su asesinato comenzó la semana pasada, y tanto la querella representada por Verónica Bogliano como el Ministerio Público Fiscal solicitaron ampliar la acusación de “apremios ilegales” a “homicidio calificado” contra el excapitán Ricardo de La Canal, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti, y el oficial principal José Antonio Cáceres. La familia de la víctima denunció que sufre amenazas por parte de policías compañeros de los imputados.
En el debate a cargo del Tribunal Oral y Criminal Nº 1, los vecinos que declararon como testigos sostuvieron que Cannizzo fue detenido en su casa por los cuatro efectivos –en un procedimiento irregular y sin orden de captura– y sometido a una brutal golpiza. Como resultado de esos golpes, murió mientras estaba detenido en la Comisaría Cuarta. Su madre, Mónica Yllescas, dijo que su hijo sufría distintos tipos de hostigamiento por parte de la fuerza, que incluyeron una causa armada por la que estuvo detenido cuatro años y en la que luego fue absuelto. Yllescas recibió un llamado desde la Comisaría Tercera el día que su hijo fue asesinado, en la que le preguntaron si Cannizzo sufría algún problema de salud.
El perito Omar Ledesma cuestionó en su declaración la primera autopsia realizada sobre el cuerpo de Ariel en la cual no se cumplió con el Protocolo de Estambul, un manual de investigación y documentación que debe seguirse en casos de tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, sostuvo que no se analizó una zona clave que explicaría su deceso: la laringe. Ledesma afirmó que la causa de su muerte fue un síndrome asfíctico subagudo, lo que responde a una asfixia que se produce de forma lenta, casi tortuosa. En su cuerpo se encontraron rastros de diazepam, una droga que disminuye la sensibilidad al dióxido de carbono, hecho que colaboró con su muerte.
Damián Cannizzo, que estaba con su hermano en el momento de la detención, afirmó que Ariel fue golpeado brutalmente en su casa y que sin orden de captura se lo llevaron a la rastra, casi inconsciente y ensangrentado.
Damián Cannizzo, quien se encontraba con su hermano en el momento de la detención, afirmó que Ariel fue golpeado brutalmente en su casa y que sin orden de captura se lo llevaron a la rastra, casi inconsciente y ensangrentado. En la comisaría, le dijo que estaba muy golpeado, que le dolía mucho la cabeza y que se sentía mal; además, le pidió un foco porque en la celda estaba a oscuras. Al día siguiente le avisaron que había muerto “de un paro”, pero cuando fue a reconocer el cuerpo a la morgue vio que tenía marcas de golpes en todo el cuerpo y la “cara desfigurada”.
Juan Carlos Castro recordó que en 2011 fue detenido en la casa de Cannizzo, donde ingresó perseguido por la policía acusado del robo de una moto. En ese momento era menor de edad y afirmó haber visto a Cannizzo golpeado por los policías y luego, cuando lo trasladaban para llevarlo a Reconocimientos Médicos. Su madre, Flavia Arriola, rectificó lo visto por su hijo y denunció que en la actualidad sufrió una amenaza por parte del jefe de calle de la Comisaría Tercera, quien le dijo que se cuidara ya que tenía “todo grabado lo que se está diciendo en el juicio”. Este hecho se suma al amedrentamiento que ya manifestó la familia de la víctima. Al día siguiente del comienzo del debate, efectivos de la Comisaría Tercera allanaron la casa de la hermana y la expareja de Ariel por una denuncia de robo de una policía que vive en el barrio.
Se espera que durante la jornada del viernes 29 de marzo culminen las declaraciones de testigos, que estarán protagonizadas por diferentes peritos que pudieron observar en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Ariel Cannizzo, y para la próxima semana los alegatos de la querella, la defensa y la fiscalía. En el juicio participan como veedores la Comisión Provincial por la Memoria, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y las Secretarías de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de Adulp y de Suteba.
