Fueron tres duros años, la mayor parte desde la cárcel, pero al final Belén logró su absolución. “Me siento feliz. Ahora puedo respirar tranquila y saber que se hizo justicia”, dijo ayer la joven tucumana al conocer la decisión unánime del máximo tribunal provincial, y agradeció “a todas las personas que estuvieron luchando a mi lado”.
El caso, que trascendió las fronteras nacionales y generó un contundente reclamo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, desnudó un sistema de lo más perverso, patriarcal, criminalizante, que no tiene límites a la hora de restringir derechos a las mujeres, en especial si son pobres y vulnerables.
El 21 de marzo de 2014, Belén ingresó con dolores abdominales a la guardia del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Le dieron un calmante sin revisarla y poco después sufrió una hemorragia. No sabía que estaba embarazada. Recién se enteró cuando un profesional le dijo que tenía “un aborto espontáneo”. Durmió algunas horas y al despertar se encontró rodeada de policías. La habían denunciado los propios médicos.
Una vez que obtuvo el alta, terminó en la cárcel bajo una figura penal inexistente: “Aborto seguido de presunto homicidio”. Más tarde recaratularon el expediente y la acusaron de “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, delito por el que resultó condenada a ocho años de prisión el 19 de abril de 2016.
Mientras el caso llegaba a la Corte Suprema, las abogadas de las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres lograron que la joven de veintisiete años quedara en libertad. Ocurrió el 16 de agosto, luego de permanecer detenida por más de novecientos días en la Unidad Penitenciara Nº 4 de Tucumán.
En el fallo absolutorio de la Corte Suprema provincial, firmado por los jueces Antonio Gandur, Daniel Posse y Antonio Estofan, se destacó que los médicos de Belén violaron el secreto profesional, tanto en la atención gineco-obstétrica como en el ámbito judicial. Los cortesanos también señalaron que el tribunal que la condenó –la Sala III de la Cámara Penal– no dio las garantías del debido proceso ni de la defensa, y valoró “prueba confusa, ambigua y contradictoria”, además de permitir la incorporación de otras pruebas obtenidas ilegalmente.
“¡Por fin se hizo justicia!”, dijo a Contexto la abogada tucumana Noelia Aisama, de Mujeres X Mujeres, y explicó que el fallo “implica una doble justicia: en el caso concreto de Belén y en el derecho al acceso a la salud, es decir que ninguna mujer tenga miedo de ir a un hospital por un evento obstétrico”.
Por su parte, la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, manifestó “mucha satisfacción y alegría” por la absolución, y añadió que “esto reivindica la movilización de las mujeres, de las abogadas, de las organizaciones feministas y de los organismos de derechos humanos”.
“El caso ejemplifica cuáles son las consecuencias de la falta de políticas sanitarias y quiénes son las que pagan. Las mujeres jóvenes en situaciones de pobreza y de mayor vulnerabilidad son las que encuentran sistemáticamente negado el acceso a sus derechos. El caso de Belén debe ser un llamado de atención muy fuerte”, subrayó la titular de ELA en diálogo con este diario.
Salud sexual y reproductiva
Desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Salud de la Nación viene recortando y subejecutando partidas presupuestarias en programas claves, sobre todo en materia de anticoncepción, pero el problema es aun más grave en Tucumán, única provincia del país que no adhirió a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.
“Esta situación genera muchos obstáculos para poder garantizar a las mujeres la plena efectividad de sus derechos, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas”, sostuvo Aisama.
La abogada de Mujeres X Mujeres advirtió que, en lugar de promoverse la salud sexual y reproductiva, en su provincia avanzan las posiciones de los “fundamentalistas religiosos” con apoyo de la Legislatura o de municipios como el de San Miguel de Tucumán, que el pasado 25 de marzo adhirieron al “Día del Niño por Nacer”.
Una postura antiabortista similar fue expresada ese mismo día por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, quien en su cuenta de Instagram posteó la imagen de un parto con la frase “Démosle la mano al milagro de la vida”.
Se trata de los mismos sectores que frenan el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. A mediados de 2016, más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas presentaron un proyecto de ley actualizado con las firmas de 34 diputadas y diputados de la mayoría de los bloques parlamentarios, pero la iniciativa todavía duerme en un cajón sin tener en cuenta a las miles de mujeres que mueren por año a causa de los abortos clandestinos.
“Hay mucha hipocresía de la clase política y falta de observancia de la realidad. Más allá de lo que digan, el tema del aborto es un discusión que está presente en la sociedad y que puede darse con responsabilidad en el Congreso”, aseguró Gherardi.
