El gobierno parece decidido a profundizar su respaldo al gatillo fácil: tras el recibimiento de Luis Chocobar por parte del Mauricio Macri, Patricia Bullrich se mostró sin tapujos al asegurar que “se está cambiando la doctrina de culpabilizar siempre al policía”, y que los jueces “deben entender” que la “legítima defensa para policías es en casos ínfimos”. Ante esto, el abogado Tomás Pérez Bodria impulsó una denuncia tanto contra el presidente como contra la ministra de Seguridad de la Nación por apología del delito.
Las repercusiones respecto del caso Chocobar –procesado por matar de dos balazos en la espalda con su arma reglamentaria a Pablo Kukoc, de dieciocho años– despertaron un inusitado respaldo oficial desde el gobierno, que se combinó con una fuerte campaña policial de estigmatización hacia Kukoc, en especial tras la aparición en los medios de la madre del joven fallecido, Ivonne Kukoc, quien denunció que “Chocobar no es un héroe, sino un asesino” y exigió que ser recibida por Macri.
Mientras tanto, las presiones desde el poder político al sector judicial continúan firmes en pos de frenar el procesamiento del efectivo de la Bonaerense, hoy erguido casi como un mártir del “garantismo zaffaronista”. Cabe destacar que el abogado Alejandro Suárez Lynch presentó un pedido de jury contra el juez que procesó a Chocobar, Enrique Velázquez. El letrado sostuvo que el juez incurrió en “mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato” al avanzar contra el efectivo.
“Lo que está generando Macri es peligrosísimo, ya que constituye tanto apología del delito como también encubrimiento agravado, pues tanto Marcos Peña como la propia Bullrich estaban al tanto de las imágenes del episodio y que no coincidían con el testimonio de Chocobar. Están haciendo una puesta en escena para la prensa”, dijo a Contexto Pérez Bodria. El letrado adelantó que su causa será apoyada por Oscar Parrilli y por el abogado Mariano Bergés, quienes acompañarán la denuncia.
Pérez Bodria hizo referencia a que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que el gobierno conocía las imágenes que muestran a Chocobar disparar y matar a corta distancia al presunto ladrón cuando escapaba.
“Ellos sabían que lo que estaban haciendo no era más que exaltar una conducta criminal, tal como lo expuso el video que luego se difundió. Ellos ya conocían esas imágenes”, dijo Pérez Bodria, y agregó: “Esto es la promoción del gatillo fácil a las fuerzas de seguridad en general. Es muy peligroso y me atrevo a decir que es terminal para el Estado de derecho e imponer el Estado policial”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) estimó que, con su posicionamiento, el gobierno comete “demagogia punitiva”. El organismo de derechos humanos expresó que el macrismo busca “instalar la idea de que existe un ‘garantismo’ que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es ‘soltarle la mano’ a la policía para que actúe sin respetar las reglas”.
A su vez, en la sede de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) pintaron un grafiti que alentaba “Aguante Chocobar”. El ataque al local porteño apareció un día después de tomar conocimiento público el procesamiento del efectivo.
