Tras siete años de la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curi en una fiesta clandestina, el Tribunal Oral Criminal Nº 3 puso el 28 de junio como fecha para el comienzo del juicio oral en la causa donde están imputados por el delito de «homicidio simple con dolo eventual y desobediencia en dos oportunidades» los empresarios de la noche Raúl «Peque» García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. La audiencia se extenderá hasta el 4 de julio.
Además, la fiscal que tenía a cargo la causa, Graciela Rivero, se excusó de realizar el debate después de los reiterados pedidos de apartamiento por parte de la familia de la estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. En la última audiencia, el 13 de febrero, los abogados de la familia, Adrián Rodríguez e Ignacio Fernández Camillo, habían exigido «el inmediato apartamiento» de la fiscal de la Unidad Funcional de Juicio Nº 1, quien en octubre del año pasado suspendió el inicio del juicio atendiendo los planteos de la defensa de los imputados.
La familia de Emilia había cuestionado a Rivero por su inacción para que avanzase el juicio y por el poco contacto que había tenido con ellos en el marco de la causa, mientras mantenía una buena relación con los abogados defensores de los imputados, advirtieron.
La estudiante de periodismo murió ahogada el 1° de enero de 2016 en una fiesta clandestina en Romero sin habilitación municipal. Abogados y familia denunciaron «negligencia y complicidad» de agentes de Control Urbano a cargo de Roberto Di Grazia y de la Secretaría de Seguridad de Daniel Piqué, que no suspendieron la fiesta a pesar de las múltiples irregularidades en la quinta en materia de seguridad y controles y las denuncias de vecinos.
En la fiesta no hubo guardavidas ni asistencia médica y la joven murió ahogada en una pileta donde había muchas personas, según distintos testimonios. Los delitos que se imputan a los cuatro empresarios prevén penas de entre 8 y 25 años.
Según información de la causa, Bellone fue imputado como dueño de la casa quinta; Haramboure y Piedrabuena, como los organizadores; mientras que García fue quien consiguió las bebidas alcohólicas para la fiesta.
En la causa también estaba imputado el entonces secretario de Seguridad de la Municipalidad, Daniel Piqué, acusado del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La Cámara de Apelaciones dictó su sobreseimiento, aunque la resolución fue recurrida ante Casación bonaerense, que confirmó la elevación a juicio oral para el excomisario. Sin embargo, en este proceso no estará entre los imputados porque aún puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
