Este jueves se realizó la segunda parte de los alegatos en el juicio por la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curi, joven estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) que murió ahogada el 1º de enero de 2016 en una fiesta clandestina en Romero sin habilitación municipal. En este caso expusieron las defensas de los empresarios de la noche imputados, Raúl Peque García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
Tras finalizar la jornada, el Tribunal Oral Criminal N° 3 (TOC N° 3), presidido por Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, anunció que el 4 de septiembre a las 12:00 será el veredicto.
En esta segunda ronda de alegatos expusieron las defensas de los imputados, coincidiendo en la misma estrategia: culpabilizar a Emilia por su propia muerte. Alegaron que incurrió en una “infracción en sus deberes de autoprotección”, y agregaron que su estado físico en el momento de su muerte “incrementó el riesgo”, dejando ver así que existió un riesgo en materia de seguridad para quienes asistieron a aquella fiesta que había sido difundida en las redes sociales como “La Frontera, el límite lo ponés vos”.
En la causa, los empresarios imputados son juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, de acuerdo con la acusación que hizo la fiscal Ana Medina en la instrucción de la causa y que mantuvo su par de juicio, Silvina Langone, quien solicitó ocho años de cárcel para Bellone y catorce para el resto de los acusados. Como planteo subsidiario, instó a que se los condene por homicidio culposo. En este nuevo marco, pidió tres años de prisión para Bellone y cinco años para los restantes. En ninguno de los escenarios solicitó la detención de los sospechosos.
Miguel Molina, letrado defensor de Bellone y García, señaló que “nos encontramos ante una desgracia social y judicial que no es reprochable a ninguno de los acusados”. Consideró que está probada la “ajenidad” de sus asistidos a la organización de evento y que la acusación que pesa sobre ellos es “inespecífica y genérica”.
Frente a este planteo, la Asamblea Justicia por Emilia sostuvo en un comunicado que “nuevamente nos encontramos ante una perspectiva que busca caracterizar a Emilia desde un lugar juzgatorio e invirtiendo los roles, como si los imputados fueran las víctimas”. Y amplió: “Se intenta mover el foco del lugar para no dar explicaciones sobre por qué una fiesta riesgosa e ilegal siguió en pie y bajo órdenes de quiénes”.
Abogados y familia de la joven también denunciaron una “grave falta de perspectiva de género” y pidieron que ese enfoque se incluya en la carátula. Es que los abogados de los empresarios también culparon al hermano fallecido de Emilia, Cristian Uscamayta Curi (que había asistido a la fiesta con Emilia), por no haber evitado la muerte de su hermana, como si fuera responsabilidad de él por ser hombre el cuidado de la vida de Emilia.
“La jornada de ayer fue muy dolorosa. Las mentiras que dijo la defensa de los imputados, alegaron muchas cosas que no pasaron, y lo peor fue que, en otras palabras, responsabilizó a Emilia y Cristian por haber estado en un foco de peligro. Es lamentable”, dijo a Contexto Edgar Uscamayta Curi, hermano de Emilia.
La defensa también intentó muchas veces poner en duda información de los alegatos de la fiscal Silvina Langone y se la acusó de expresar una acusación inespecífica. En la anterior jornada de alegatos realizada el martes, la fiscal clarificó que existieron actos negligentes por parte de los acusados que llevaron finalmente al deceso de Emilia, ya que los cuatro fueron advertidos en varias ocasiones y aún así prosiguieron con la realización de la fiesta.
Ante esto, las defensas de los empresarios dijeron que no estaba probada la participación ni la organización de los imputados en la fiesta, por lo que todos pidieron la absolución de los cuatro organizadores.
Langone y abogados de la familia mantuvieron firmes sus pedidos de condena. En su derecho a réplica de ayer, los dos abogados de la familia, Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo, enfatizaron ante los jueces la necesidad de añadir la perspectiva de género al análisis de la carátula.
“Nos declaramos en estado de alerta ante el repetido relato y acción judicial patriarcal que pone el foco en la víctima y no en los acusados. Esperamos contar con un veredicto que nos brinde la justicia que tanto luchamos por conseguir”, remarcó el comunicado de la Asamblea.
Y concluyó: “Recordamos a Emilia y a Cristian como dos hermanos luchadores y militantes que una noche de Año Nuevo solo salieron a divertirse, y que por la necesidad de lucro de cuatro empresarios más la complicidad de un municipio corrupto, se generaron condiciones que califican a la fiesta ‘La Frontera’ como ilegal y peligrosa para todo aquel que asistiera”.
