La investigación sobre la pista de Revolución Federal –el grupo de ultraderecha que salió a la luz tras el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner–, volvió a dar un nuevo paso. Esta vez fue la propia vicepresidenta quien pidió que se detenga a los militantes de ese grupo, Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, tras descubrirse nueva evidencia que los implica con la contratación de un sicario.
«De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso», informó Fernández de Kirchner este miércoles a través de sus redes sociales.
«¿Qué más necesitarán (los jueces) Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables», añadió la vicejefa de Estado en relación con las causas que, por vías diferentes, investigan tanto el intento de asesinato llevado adelante por Fernando Sabag Montiel como el funcionamiento y financiación del grupo de derecha Revolución Federal, que saltó a la mirada pública por sus manifestaciones violentas y su apología del odio.
La defensa de CFK, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, ha hecho hincapié en la «evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre».
Si bien el juez Mariano Llorens negó, por el momento, «la acumulación de esta causa con aquella en la que se investiga el ataque a nuestra poderdante», los abogados de CFK sostienen que «esto de ningún modo obsta a la producción de pruebas que permitan acreditar o descartar la relación entre ambos expedientes».
En paralelo, la defensa también pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti –a cargo de la causa específica por el intento de magnicidio– que se allane el domicilio de Ximena Tezanos Pinto, la mujer que habita en el piso superior al departamento de CFK del edificio ubicado en Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.
Tezanos Pinto, quien quedó reconocida en la opinión pública como «la vecina de Cristina», solía colgar banderas en su balcón con consignas republicanas y manifestaba expresiones antiperonistas en los móviles de TV, entre otros gestos.
No obstante, se ubicó en la mira de la Justicia cuando se detectó que la mujer le alquiló una de sus cuatro habitaciones a Gladys Egui, abogada de Leonardo Sosa, integrante de Revolución Federal, que tiene una causa por resistencia a la autoridad por una protesta del 23 de agosto pasado frente a la casa de CFK. Cinco días después de ese hecho, Sosa posteó una foto desde el balcón de Tezanos Pinto.
