En 2019, luego de décadas de profundas inequidades, Chile estalló. Parecía derrumbarse la estructura social fundada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) –construida en base a represión, asesinatos, persecuciones, censura, torturas y desapariciones– y sostenida durante treinta años de una raquítica democracia.
Tras el golpe contra Salvador Allende (1973), la dictadura pinochetista transformó los derechos en privilegios. Privatizó la educación, la salud y las jubilaciones (con la excepción de la de los miembros del Ejército, que siguen poseyendo una jubilación estatal). Se privatizó hasta el agua. Como señaló en una entrevista con Contexto el destacado académico chileno Pedro Santander, «este es el único país del mundo que tiene el agua 100 % privatizada. Los campesinos, por ejemplo, ven pasar por sus tierras el agua y no pueden usarla porque no han comprado acciones de agua. Acciones que ha adquirido empresarios que viven a 500 kilómetros de esas tierras».
Aquella profunda inequidad social pergeñada por Milton Friedman y Los Chicago Boys (y que hoy intenta aplicarse en Argentina con el gobierno de Javier Milei) sembró a Chile de injusticias y estableció un sistema de profunda desigualdad.
Los pobres fueron más pobres y los ricos más ricos. Se generó un enorme nivel de pobreza. Se profundizaron las diferencias sociales hasta transformarlo, según el coeficiente de Gini, en uno de los diez países más desiguales del mundo. El costo de vida en Chile es equiparable al europeo, pero el nivel de los salarios es muy por debajo de ese margen.
Toda esa estructura quedó asentada institucionalmente en la Constitución impuesta por Pinochet en 1980, que se sostuvo tras el regreso de la democracia.
Eso hizo que Chile se transformase en una olla a presión que, en ese octubre de 2019, estalló por los aires. Millones de chilenos y chilenas salieron a las calles con una multiplicidad de reclamos que se sintetizaron en uno: nueva Constitución.
El camino trunco
En octubre de 2019, un año después del estallido, se produce el primer plebiscito en el que el 78 % de los chilenos y las chilenas aprueban cambiar la carta magna.
También debían decidir qué tipo de órgano sería el encargado de confeccionar la nueva Constitución. La derecha apostaba por la Convención Mixta y los sectores populares por la Convención Constitucional, y se impuso la segunda opción con el 79,24 %.
En mayo de 2021 eligieron a los integrantes de la Convención Constitucional. El pueblo votó por amplia mayoría a representantes de la izquierda y centroizquierda. La derecha solo obtuvo el 20 % de los cargos. Parecía que el cambio era inevitable, pero ningún partido se gana antes de jugarlo.
Como parte de esa onda expansiva del estallido social, en 2021 es elegido presidente Gabriel Boric. El candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad obtuvo más del 55 % de los votos y superó por 11 puntos de diferencia (55,9 % a 44,1 %) al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, del Partido Republicano.
En pocos meses de gobierno, el presidente de solo 36 años que lideró la candidatura de la coalición de izquierda generó un desencanto en muchos de quienes lo acompañaron con el voto.
En septiembre de 2022, el texto para la nueva carta magna construido por la Convención Constituyente fue plebiscitado frente a un pueblo que ya se encontraba desgastado por un proceso que se había extendido en el tiempo, desencantado con la actitud de algunos de los constituyentes, manipulado por los medios hegemónicos de comunicación y enojado con un Gobierno que los había decepcionado (y la derecha aprovechó esa decepción para transformar el plebiscito constitucional en un plebiscito en apoyo o rechazo al Gobierno).
El rechazo al nuevo texto fue contundente. Más de 61 % votó contra la Constitución redactada por los convencionales de izquierda (y también contra el desempeño del Gobierno de Boric). La derecha vio su oportunidad y la tomó.
El Reino del Revés
En marzo de 2023 el Congreso designó un comité de expertos que, junto a integrantes de un Consejo Constitucional, redactarían el nuevo texto (lo que muchos señalaron que iba contra lo que había votado el 79 % de los chilenos cuando decidieron que el texto debía ser redactado por una Convención Constitucional y no por una Convención Mixta).
En mayo eligieron a los integrantes del Consejo Constitucional y, en esta ocasión, la ultraderecha ganó de manera aplastante. La estructura encargada de redactar el proyecto de carta magna hizo que el texto propuesto fuera más conservador y reaccionario que el de la propia dictadura de Pinochet. En lugar de atender los reclamos del estallido social de 2019, se profundizaban las estructuras que habían generado esas inequidades, se restringían derechos (como el derecho al aborto) y se institucionalizaban las injusticias.
La izquierda y el progresismo tuvieron que salir a rechazar el nuevo texto, lo que inevitablemente significaba que siguiera vigente la Constitución de la dictadura.
El domingo 17 de diciembre se plebiscitó el nuevo Proyecto Constitucional (esta vez construido por la extrema derecha). El rechazo a este nuevo texto también fue contundente: 55,76 % en contra y 44,24 % a favor.
El presidente Boric aseguró «que el país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos».
«Nuestro país seguirá con la Constitución vigente, porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad», señaló el mandatario.
