Ubicado en La Plata, Arrullos contaba con cupo para diecisiete niñas en situación de calle, víctimas muchas de ellas de violencia de género. Al asumir Cambiemos, el edificio de Arrullos, ubicado en Av. 66, estuvo casi un año sin gas y con problemas de luz, por lo que la administración comenzó a señalar que no había seguridad en el lugar e iban a cerrar.
“Hoy, 6 de abril, desde las autoridades de la Secretaría de Niñez no tenemos respuesta alguna de que hayan implementado alguna revisión de la institución del Materno y/o que esta puerta esté siendo abierta para su reparación”, explicó a Contexto Alejandra Brillante, delegada de niñez de ATE, referente del Foro por los Derechos de la Niñez y trabajadora de Arrullos.
“Nos dijeron que iba a ser un cierre momentáneo, que las jóvenes iba a ser derivadas adonde el servicio zonal creyera correspondiente (previa evaluación), y que Arrullos en esa situación no podía seguir funcionando”, explicó Brillante, quien detalló que el Hogar Materno Esperanza fue cerrado por la gestión anterior bajo la misma excusa pero nunca reabrió como tal.
Sin noticias de las refacciones y con desconfianza de las intenciones del gobierno bonaerense, las trabajadoras fueron trasladas a otras instituciones mientras que las chicas con sus hijos fueron derivadas al Servicio Zonal. Sin embargo, tras ser expulsadas de Arrullos, quedaron en una situación de mayor vulnerabilidad, terminando algunas de ellas durmiendo en la calle, como fue el caso de Gisela y su hija, quienes pasaron varias noches en Plaza Moreno y estuvieron desaparecidas más de una semana.
“Con el cierre de Arrullos no queda ninguna respuesta para estas chicas. Las jovenes en situación de embarazo, violencia intrafamiliar o alojadas en una cárcel producto de este sistema que las ha expulsado no tienen dónde ser alojadas en toda la provincia de Buenos Aires”, detalló Brillante.
El cierre de Arrullos dejó aún más al descubierto el incumpliento de la Ley Provincial Nº 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y la desidia de los diferentes gobiernos con la niñez, agudizándose la situación de forma exponencial cuando se trata de madres adolescentes, que se quedaron de esta forma sin ningún espacio en todo el territorio bonaerense.
La socióloga María Florencia Alvarado Torres, miembro permanente del Foro por los Derechos de la Niñez y responsable del espacio Género y Niñez, remarcó que en este caso se da una triple estigmatización. “El Estado desde principio de siglo viene repitiendo de manera sistemática una estigmatización respecto de un tipo de infancia en concreto que tiene que ver con una triple estigmatización porque a las chicas se las estigmatiza por ser pobres, por ser mujer o por ser joven o niña”, analizó en diálogo con Contexto.
“Se las estigmatiza por clase, por género y por generación. En el momento que hay recortes o una política de Estado más restrictiva en cuanto a políticas de niñez, son segmento de la población muy vulnerables que sufren de manera directa”, sostuvo Alvarado Torres.
“Al eliminar el único Hogar que había, seguimos con esta tendencia a construir un Estado de determinadas características y para determinado tipo individuos”, agregó la socióloga.
La Ley 13.298 establece que el Estado debe ser representante y garante de los derechos y gestionar políticas integrales para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se cumple como debería y son en muchas ocasiones las organizaciones sociales quienes se hacen cargo de cumplir tal rol.
En este marco, Alvarado Torres señaló que “se habla de una tendencia de tercerización”, mientras el gobierno “se desliga, a través del abandono sistemático y la violación de los derechos humanos, de este tipo de infancia y de niñez que no le interesa que formen parte del proyecto de Estado”.
Para las organizaciones integrantes del Foro de la Niñez, es imprescindible que el Estado avance en el cumpliento de la Ley 13.298, como lo exigen en La Plata desde la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea de Organizaciones de la Niñez, quienes están impulsando la declaración de la emergencia.
“Lo que exigimos es que la Ley debe ser aplicada como corresponde; como política de Estado”, sostuvo Brillante, quien remarcó que la institucionalización de los niños y niñas no es la solución, sino el último recurso. La representante de ATE en Niñez señala que el Estado debe aplicar “la 13.298” y “más políticas en los barrios, como para que las jóvenes, como las chicas de Arrullos, no tengan que ingresar a lugares como estos”.
