Las cifras de deterioro en la calidad de vida se vuelven alarmantes. Un informe realizado por la Universidad Católica de La Plata (UCALP) puso el foco sobre el creciente número de villas y asentamientos del conglomerado del Gran La Plata, donde, según los resultados, casi 3.000 chicos y chicas de la región presentan diferentes grados de desnutrición.
Según el balance realizado por el Observatorio Socioeconómico de la UCALP sobre el aglomerado La Plata-Berisso-Ensenada, durante 2018 se registraron unos 160 asentamientos con 26.500 viviendas, donde residen 132.000 personas. Con una sumatoria de casi 860.000 habitantes entre los tres distritos, el número representa casi el 15% de la población que hay en el conglomerado regional.
Allí, la situación es apremiante: el 80% de esos barrios no tiene acceso a redes de cloacas; el 70% no tiene acceso a redes de gas; el 70% no tiene acceso a redes de agua corriente; un 20% no accede a redes formales de energía eléctrica.
En ese sentido, el problema se agrava en cuanto a la situación de los más chicos. De las 132 mil personas que viven en estas condiciones, se ubican aproximadamente 11.470 niños y niñas de 0 a 4 años. De ese total, 2.900 (25%) presentan algún grado de desnutrición.
«En cada uno de estos casos el ‘medio ambiente’ no garantiza las condiciones necesarias para la vida del recién nacido: servicios básicos, alimentación correcta y desarrollo cognitivo y emocional», explica el informe elaborado por el Observatorio de la UCALP.
Cabe señalar que, de 116 comedores y merenderos que dependen de organizaciones adheridas al Consejo Social de la UNLP, el 67% comenzó sus actividades a partir de 2016, mientras que de 2010 a 2015 data el 15%, y de 2009, el 18,3%. Es decir que la mayoría de estos espacios de contención alimentaria abrieron bajo el gobierno de Julio Garro en La Plata, María Eugenia Vidal en provincia y Mauricio Macri en nación. De 2018 a esta parte, el 90% de esos espacios asegura haber incrementado su demanda.
La divulgación de todas estas cifras se produce en el marco de plena discusión política y social por la declaración de la «emergencia alimentaria», medida que permite ampliar y agilizar todos los recursos administrativos posibles destinados a la distribución y consumo de alimentos.
En las últimas semanas, la emergencia alimentaria fue reclamada a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal tanto por organizaciones barriales como por el conjunto de intendentes peronistas bonaerenses y la Iglesia. Tras una jornada de protesta de las principales centrales obreras que se desarrolló ayer, es la CGT la que ahora busca discutir esta delicada situación con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
En tanto, este reclamo también llegó a la esfera legislativa con un pedido presentado por la oposición, donde instan al gobierno bonaerense a avanzar con la medida. La propuesta fue respaldada por la jefa del bloque de Unidad Ciudadana y candidata a intendenta platense, Florencia Saintout; el titular de la bancada del Frente Renovador, Rubén Eslaiman; el legislador del PJ Unidad y Renovación, Julio Pereyra; y la referente del Frente Amplio Justicialista, María Alejandra Martínez.
Por su parte, en el Congreso de la Nación, buena parte de los bloques de la oposición lograron consensuar un proyecto para dictar la emergencia alimentaria hasta 2022. La iniciativa espera la respuesta de Casa Rosada.
