A los aplausos que acompañaron la lectura de la sentencia a prisión perpetua que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata dictó de forma unánime contra Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, por delitos de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad entre febrero y abril de 1976, le siguieron gritos desgarradores de bronca e impotencia cuando el presidente del TOC, el juez Germán Castelli, anunció la “absolución por unanimidad” e “inmediata libertad” de Juan José Pomares, alias “Pipi”.
Ambos eran reconocidos integrantes de la CNU en La Plata, una organización paraestatal de ultraderecha católica y peronista que sembró el terror años antes del golpe, dejando un centenar de víctimas entre los militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda.
Cuarenta años después de las atrocidades cometidas por la patota de la CNU, Castillo y Pomares fueron juzgados por el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, secretario general del gremio del Turf local; Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una tercerizada que prestaba servicios en la Propulsora Siderúrgica; Néstor Dinotto y Graciela Martini, militantes del peronismo revolucionario.
También son acusados del secuestro de Roberto Fiandor, quien también integraba la comisión junto a Domínguez, y de Daniel Pastorino y Ursula Barón, militantes del peronismo de izquierda que sobrevivieron al secuestro de la CNU.
Castillo fue condenado “por unanimidad” del Tribunal a prisión perpetua y absuelto en el caso de Fiandor. En el caso de Pomares, el tribunal decidió “absolverlo por unanimidad por el beneficio de la duda”, leyó Castelli, antes del golpe de gracia a las víctimas y familiares: “El tribunal dispone la inmediata libertad de Pomares”, agregó, desatando la indignación en la sala y el fervor odioso de sus allegados.
«preocupa y tiene que ver con el clima político que estamos viviendo”
“Asesinos”, “hijos de puta” y “jueces fascistas” fueron algunos de los epítetos que cerraron de forma abrupta la audiencia en los tribunales de la calle 8 entre 50 y 51, donde una decena de policías se interpuso entre los familiares de los imputados y las víctimas de la CNU.
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“Cualquier reflexión en este momento está impregnada por la indignación, pero es importante destacar que la verdad se termina imponiendo. Que el tribunal reconoció que acá hubo privaciones ilegales de la libertad, homicidios”, explicó a Contexto Marta Vedio, querellante por la Liga de Derechos Humanos y la Unión de Derechos Humanos de La Plata.
La abogada que había pedido prisión perpetua para los dos imputados, teniendo en cuenta las numerosas pruebas y testimonios que se presentaron durante el juicio, lamentó que los jueces se hayan “refugiado en el beneficio de la duda para dictar una absolución que es injusta”. No obstante, anticipó que recurrirán en Casación. Adelaida Barón, Silvia Domínguez y Alicia Gershanik, como muchos otros en la sala, no pudieron contener el llanto.
“Voy a tener fuerza para recuperarme y que no se vuelva a cometer una injusticia como se acaba de cometer ahora”, dijo a Contexto la hermana de Mario Gershanik, que era médico en la clínica del Turf, cuyo caso no entró en el juicio pero declaró como testigo, poniendo una vez más en evidencia el modus operandi de la CNU: irrupción violenta en las casas en zonas liberadas por la policía, ensañamiento con sus víctimas, múltiples disparos y exposición de los cuerpos a la luz del día.
«es importante destacar que la verdad se termina imponiendo»
“Tuvimos una perpetua. Tiene que haber más, pero nunca, nunca imaginé que criminales de este calibre podían lograr la libertad”, agregó con la voz entrecortada. “Destruyeron la vida de una parte importante de la sociedad. Esto es inconcebible”, afirmó. “Pero esto no puede quedar así”, sostuvo.
Aníbal Hnatiuk, abogado querellante, consideró que el fallo pronunciado hoy es “preocupante y tiene que ver con el clima político que estamos viviendo”.
“Es preocupante que esta gente esté libre, porque la CNU es un grupo que tuvo integrantes que tuvieron la capacidad de insertarse en el sistema político en democracia y eso le dio mucho temor a las víctimas sobrevivientes y a los familiares. Los tenían que ver en el centro de La Plata, paseándose, aun a sabiendas de que eran partícipes del genocidio que se cometió en la Argentina”, agregó a este medio el letrado, quien confió en que esto se resuelva en instancias superiores.
El accionar de la CNU
Decenas de casos de secuestros y asesinatos a mansalva perpetrados por la misma banda armada dirigida operativamente por Castillo, según numerosos testimonios de víctimas y familiares, quedaron afuera de este proceso judicial que comenzó en mayo pasado. No obstante, durante sus alegatos, las querellas y la fiscalía reclamaron la unificación de las causas pendientes en instrucción.
«nunca, nunca imaginé que criminales de este calibre podían lograr la libertad”
Entre las numerosas víctimas de la CNU platense entre 1974 y 1976, y cuyos casos no entraron en este juicio, figuran Carlos Pierini, Rolando Chaves, Luis Macor, Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achem, Rodolfo Carlos “el rusito” Ivanovich, Enrique Rusconi, Mario Gershanik, Luisa Marta Córica, Arturo “Patulo” Rave, Horacio Urrera, Carlos Saticq, Carlos Escafide, Alcides Mendez Paz, Adriana Zaldúa, Lidia Agostini, Nélida Villarino y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, entre más de sesenta víctimas.
También indignado, Daniel Pastorino, una de las víctimas de los operativos de la CNU que sobrevivió junto a Adelaida Barón, consideró que a la luz de este fallo “la Justicia se maneja en el contexto de este gobierno. Un gobierno reaccionario, que banca a los represores. Y, bueno, va a ser muy difícil hacer justicia”.
“La responsabilidad es de Macri, Peña Braun, Michetti, Patricia Bullrich… Son responsables de estos fallos”, sostuvo. “Vamos a apelar, pero en este contexto y con este gobierno es muy difícil que los jueces, que son muy cagones, que le tienen mucho miedo al poder, saquen un fallo a favor de los sectores populares”, completó.
“La responsabilidad es de Macri, Peña Braun, Michetti, Patricia Bullrich… son responsables de estos fallos”
En sus últimas palabras antes del fallo, Pomares se declaró “absolutamente inocente” y repitió dos veces: “No soy el que algunos quieren que sea”, pese a que su militancia en la CNU era “vox pópuli” en La Plata y en la Unidad 9, donde junto a Castillo cumplió tareas de inteligencia en medio de los presos políticos tras el golpe cívico-militar. Castillo amenazó con “más sangre y más dolor” si no “se restaura el Estado de derecho”.
La fiscalía y las querellas habían pedido perpetua para los dos imputados por delitos de lesa humanidad. Una de las querellas había requerido la misma condena por el delito de genocidio.
“Durante años gozaron de completa impunidad. Nosotros vamos a redoblar la apuesta por el juicio y castigo. Y vamos a seguir movilizándonos con las Madres y las Abuelas en las calles”, sostuvo la abogada Luz Santos Morón, sin poder ocultar su bronca frente al fallo.
“Olé olé, olé olá, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, se escuchaba en el hall del primer piso del tribunal federal platense horas antes que se conozcan las sentencias del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura cívico-militar por donde pasaron unos 5.000 detenidos-desaparecidos. En La Plata, en las rejas del tribunal federal, el miércoles volvieron a flamear las fotografías de las decenas de víctimas de la CNU que aún esperan justicia.
