Mientras avanza la aplicación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército el Pueblo (FARC-EP), y mientras el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comienzan con los diálogos para llegar a la paz, los líderes sociales colombianos son asesinados uno tras otros. En sólo dos meses de 2017 ya suman veintiséis los dirigentes sociales muertos por sicarios. A esto se agregan los más de cien asesinados durante 2016.
El pasado viernes 3 de marzo, el presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de Bello, Fabián Antonio Rivera, fue baleado por un grupo de sicarios que se dieron a la fuga.
El día anterior, la líder campesina Alicia López Guisao fue asesinada en Medellin. “Lamentamos mucho informar que en Medellín fue asesinada la lideresa social Alicia López Guisao”, señalaron desde el movimiento Marcha Patriótica, uno de los espacios políticos más afectados por estos atentados.
El pasado 19 de febrero fue asesinado Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes.
Una semana antes, Luz Herminia Olarte fue hallada muerta en medio de un matorral en una zona rural de Yarumal, en el departamento de Antioquia.
La lista es interminable. Organismos de derechos humanos se ven en la necesidad de estar denunciando cada dos o tres días un nuevo asesinato, una nueva agresión, una desaparición o una agresión sexual. Los líderes campesinos y los dirigentes sociales son amenazados todos los días.
Ya durante 2016 el vocero de Marcha Patriótica, David Flórez, denunció que “en Colombia se está presentando un nuevo genocidio político contra Marcha Patriótica con 124 asesinatos en poco más de cuatro años, lo que muestra que hay un elemento sistemático que busca acabar con nuestro movimiento político”.
Mediante un comunicado, el Equipo País y la Misión de las Naciones Unidas en Colombia ya habían señalado su “preocupación por acciones violentas, incluyendo recientes asesinatos, dirigidos a líderes sociales en varias zonas del país afectadas por el conflicto armado”.
El proceso de paz con la guerrilla avanza, pero cabe recordar que en la década del ochenta se realizó un proceso de paz en Colombia que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los ex guerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron catorce parlamentarios, diecisiete diputados provinciales y 135 concejales. La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue una masacre. En corto tiempo, más de 5 mil miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado que los territorios que dejan las FARC-EP son ocupados por los paramilitares y que la violencia contra los líderes va en aumento. Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos aún no ha dado ningún tipo de respuesta a esta situación.
