Del realismo mágico al realismo trágico. Mientras el gobierno uribista de Iván Duque y los medios hegemónicos de comunicación –siempre cómplices de los peores proyectos políticos y sociales– intentan desviar las miradas hacia Venezuela, en Colombia el horror se vuelve cotidiano.
Según los datos registrados por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, en los nueve meses de 2021 ya se produjeron 73 masacres (la última en Llorente en Tumaco Nariño, donde fueron asesinadas cinco personas), lo que suma un total de 263 personas asesinadas.
Durante 2021, las masacres se suceden a un ritmo de dos por semana y se encaminan a superar las acaecidas durante 2020, que llegaron a la terrible cifra 91 y dejaron 390 personas asesinadas.
Durante 2021 –entre el 1° de enero y el 22 de septiembre– se habían registrado 126 asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, referentes indígenas y dirigentes políticos y sindicales.
Los datos indican que –también entre el 1° de enero de 2021 y el 19 de septiembre– fueron asesinados 37 firmantes del Acuerdo de Paz, lo que hace que el total de excombatientes asesinados y asesinadas desde 2016 ascienda a 281.
El crimen como herramientas para sostener la desigualdad
No es casual que las víctimas de estos crímenes sean líderes y lideresas sociales, dirigentes políticos y sindicales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y referentes indígenas. Todo aquel que trate de cambiar la estructura social-política-económica que ha convertido a Colombia –según el índice de Gini– en uno de los países más desiguales del mundo. Desigualdad que llevó al estallido social de abril de este año, que sacó a la luz la innumerable cantidad de demandas de un pueblo que no se resigna al horror ni a la injusticia.
Para sostener ese modelo, el Gobierno respondió con una brutal represión. Durante los primeros treinta días de protestas, según datos de la organización no gubernamental Temblores, la represión produjo 3.155 casos de violencia policial, 955 casos de violencia física, 43 personas asesinadas presuntamente por las fuerzas de seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 46 personas que perdieron uno o los dos ojos por las balas de goma que las fuerzas de seguridad disparan hacia las caras de los manifestantes, 165 personas heridas con armas de fuego (aunque se suponen que la policía debe contener las manifestaciones sin armas letales) y 22 casos de violencia sexual (el más grave de ellos, el de una niña de diecisiete años que se suicidó tras denunciar haber sido violada por miembros de la policía). Otros datos del horror indican que, según los registros oficiales de la Fiscalía, 129 personas se encuentran desaparecidas, aunque los datos extraoficiales señalan que los desaparecidos superan los 500.
Tal vez el dato que resume la injusticia y la desigualdad en Colombia sea que, entre el 1° de enero y el 4 de septiembre de 2021, al menos 115 niños y niñas menores de cinco años murieron por desnutrición aguda.
Según consignó la agencia Télam: «el Instituto Nacional de Salud (INS) también documentó que, al término de la semana 32 de este año, se registraron 8.545 niños y niñas de 5 años diagnosticados con desnutrición aguda, lo que representa un incremento del 38% con respecto a los casos atendidos en el mismo periodo de 2020».
«Bogotá está a la cabeza de casos con 1.525, seguido de La Guajira con 691 casos, Antioquia con 598, Cundinamarca con 577 y Norte de Santander con 487 […] Las regiones con mayor desnutrición entre la población indígena son La Guajira (396), Chocó (145), Vichada (133), Cauca (62) y Risaralda (59)».
«El INS también identificó que, entre los meses de enero y julio de este año, 391 niños y niñas migrantes entre 0 y 5 años fueron diagnosticados con desnutrición en los departamentos de Norte de Santander (94), La Guajira (55), Bogotá (55), Vichada (38), Arauca (24) y Cundinamarca (24)».
Fuentes oficiales también señalaron en declaraciones periodísticas que la limitación de la movilidad producto de la pandemia puede haber generado que haya un subregistro de los casos y muertes por desnutrición, por lo que las cifras podrían ser aun más altas.
