Este martes, la Corte Suprema de Colombia ordenó una medida de aseguramiento (detención domiciliaria) contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de sobornos y compra de testigos.
La decisión es parte de una investigación iniciada en 2018 que tienen como querellante al senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda. Cuando la Corte Suprema ordenó investigar a Uribe, Contexto entrevistó a Cepeda para charlar sobre la denuncia contra el exmandatario y el origen de la causa judicial.
A continuación, Contexto reproduce la entrevista que en febrero de 2018 tuvimos con Cepeda:
Durante una investigación como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, el senador colombiano Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático Alternativo, presentó una serie de testigos que demostraban el vínculo del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Como contraparte, el exmandatario formuló una denuncia contra Cepeda en la que aseguraba que el senador había sobornado a los testigos para conseguir falsas declaraciones.
Luego de una larga investigación, la Corte Suprema de Colombia exoneró a Cepeda y ordenó investigar a Uribe por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Tras el fallo de la Corte Suprema, Contexto dialogó con el senador Cepeda para conocer los detalles y el trasfondo del caso que compromete a una de las figuras más oscuras de la política colombiana. Uribe ha logrado construir una forma de poder que tiñe de sangre el pasado de Colombia y pone en sombras los caminos para la paz.
– ¿Cómo surgió la denuncia?
– Cuando fui elegido como congresista en el año 2010, decidí ser parte de la Comisión de Derechos Humanos. En ese momento, encontré en la oficina de la Comisión un archivo voluminoso de peticiones de presos que señalaban la violación de derechos y la condición infrahumana que se vive en las cárceles de Colombia.
Entonces tomé la decisión de visitar las cárceles, informar al Congreso y hacer debates sobre esa situación. En el trascurso de esas visitas empezaron a aparecer denuncias de los internos sobre distintos hechos de corrupción y criminalidad que estaban en la impunidad. Cada una de esas denuncias las trasmití a los órganos competentes.
– ¿Fue durante esa labor que aparecieron las personas que denunciaron al expresidente Uribe?
– En ese momento aparecieron dos personas, ambos pertenecientes a grupos paramilitares que habían estado actuando en el departamento de Antioquia, concretamente en la zona de San Roque. En esa pequeña población hay una gran hacienda de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, la hacienda Guacharaca.
Según dicen ellos, en esa hacienda surgió un grupo paramilitar (Bloque Metro) creado por ambos hermanos y por otros dos clanes, el de los hermanos Gallón Henao y el de los Villegas Uribe. Esos tres clanes familiares formaron un grupo paramilitar que perpetró masacres y otras clases de crímenes.
Además, para cubrir la actuación de ese grupo paramilitar, Uribe, que era el gobernador de Antioquia, creó una empresa de seguridad, El Cóndor, en la cual estaban varios de esos paramilitares.
– ¿Cuáles fueron las actividades del autodenominado Bloque Metro?
– Ellos se dedicaron a asesinar líderes sociales, profesores, religiosos y de derechos humanos. También se dedicaron al narcotráfico y otro tipo de actividades ilegales.
– ¿Qué hizo usted al enterarse de todo esto?
– Esa historia, tan sórdida, inmediatamente la comuniqué a la fiscal general de la nación. Quien estaba a cargo en ese momento de la investigación era la doctora Morales. Le di dos grabaciones que hice de ambos presos y que causaron gran impacto en la opinión pública colombiana. Tal fue el revuelo que a Álvaro Uribe lo investigó la Corte Suprema de Justicia y a su hermano, Santiago, la Fiscalía General de la Nación. Luego de ello hubo dos atentados contra uno de los testigos, Mosalve, hijo de uno de los administradores que había tenido la hacienda de los hermanos Uribe y que conocía perfectamente lo que allí pasaba.
– ¿Qué pasó luego?
– Después de esos atentados decidí hacer debates en el Congreso y en el año 2014 uno televisado con Álvaro Uribe, que en ese momento era senador. En aquel debate se habló de la hacienda Guacharaca y del grupo paramilitar surgido allí, y también de toda la historia criminal que rodea a Uribe. Allí fue que Uribe decidió salir rápidamente del recinto e ir a la Corte Suprema de Justicia y acusarme de que yo estaba urdiendo falsos testigos contra él.
– ¿Qué le planteó Uribe a la Corte Suprema?
– Le presentó a la Corte testimonios de varios paramilitares que aseguraban que yo había estado en las cárceles ofreciéndoles sumas astronómicas de dinero y otros beneficios para que declaren contra Uribe.
Al comenzar la investigación, el juez tomó una decisión drástica: realizar un procedimiento reservado. En ese tipo de procedimiento, una parte de la investigación es conocida y otra parte es secreta, no la conoce ninguna de las dos partes en disputa.
Durante ese procedimiento se hicieron interceptaciones de llamada a los testigos para ver si realmente eran personas a las que yo había intentado sobornar o si no era así. Durante esas interceptaciones la Corte comprobó que yo no tengo ninguna relación con esos falsos testigos y, en cambio, lo que sí apareció fueron las llamadas con Álvaro Uribe.
Aparecieron intermediarios de Uribe entregando dinero para que me acusen y el mismo Uribe aparece recibiendo informes de esos hechos.
En otras escuchas, el propio Uribe dice que lo están interceptando. Es decir, que tenía infiltrado al organismo de investigación. El magistrado dice en la sentencia que “extrañamente” hay conversaciones telefónicas que se desaparecen, otras que no se hacen y también que algunos de los aparatos de grabación que dejan de funcionar en momentos que son cruciales. Lo que parece no ser una coincidencia.
– ¿A qué conclusión llegó la Corte?
– El viernes pasado (16 de febrero de 2018) la Corte tomó la decisión de exonerarme de toda responsabilidad y, por el contrario, decretó la necesidad de comenzar a investigar a Uribe por este y otros casos, como la masacre de Aros, la de la Granja y varios más.
– En ese marco, y dadas las denuncias contra el expresidente por sus supuestos vínculos con todos estos grupos paramilitares, parece comprenderse más la posición que Uribe tomó contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP.
– La bandera del uribismo, el movimiento político de extrema derecha de Uribe, es acabar con el proceso de paz. Por tres razones básicas: La primera, toda la vida política de Uribe, toda su carrera y sus presidencias estuvieron sustentadas sobre la idea de que en Colombia debe haber un régimen político autoritario que prolongue la guerra. La guerra es la base de la ideología política de Uribe. El odio y el miedo, que son los dos pilares de su actividad política, desaparecerían si desaparece la guerra, y Uribe se quedaría sin substrato ideológico.
La segunda razón es que el Acuerdo de Paz implica una reforma agraria, que en el campo colombiano se democratice la propiedad de la tierra y su uso. Uribe representa a los sectores hacendados que han estado en contra de que la terrible iniquidad que existe desaparezca.
La tercera es que con el proceso de terminación del conflicto viene la creación de un Tribunal y de una Comisión de la Verdad que debe poner en evidencia cuáles son los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el país por más de cincuenta años. Ahí van a aparecer las verdades incómodas. Si Uribe fue el que creó esos grupos paramilitares que denuncian los testigos y si ha sido el responsable de un aparato criminal, narcotraficante y mafioso, obviamente en esos Tribunales va a aparecer la verdad que él ha querido con tanto celo ocultar y silenciar.
